La administración de Codelco ya lo ha advertido una y otra vez: la situación actual de la minera estatal es crítica, y la crisis es profunda y real. De hecho, el lunes recién pasado el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, aseguró durante la celebración de los 45 años de la nacionalización del cobre que la cuprífera estatal vive “una situación crítica nunca antes vista en la historia”.
Por eso, hay una visión transversal en el mundo empresarial y político en cuanto a que si el Estado no toma una decisión radical al respecto, el futuro no se ve auspicioso, al menos no para sustentar a la que hasta ahora ha sido la empresa estatal más importante y la que mayor cantidad de recursos le aporta al Fisco año a año, afrimó Emol.
El actual escenario que vive la compañía es consecuencia de la falta de visión de largo plazo de todos, dado que la minera ha sido escasamente capitalizada a lo largo de su historia y ha reinvertido solo el 6% de sus excedentes, en promedio, en los últimos 25 años, además de la caída del precio del cobre.
De este modo, y según consigna “El Mercurio”, Codelco tiene seis caminos para enfrentar su crisis:
En algunas divisiones los sueldos son altísimos y la productividad es baja. Por eso, en la industria hay quienes han sugerido una profundización de las desvinculaciones de trabajadores para sanear las finanzas. Además, porque advierten que la mayor parte de los despidos han sido de contratistas y no del personal propio.
Sin embargo, esta opción sería económicamente inconveniente para la empresa hoy, comentan fuentes internas. Esto, porque el problema financiero de Codelco es de corto plazo, y despedir mil personas implicaría un costo cercano a los US$ 200 millones, que significaría contraer, probablemente, un mayor endeudamiento.
El más adverso de los escenarios para la minera sería el de continuar avanzando con el plan de inversiones actual -que ya fue rebajado un 28%-, al compás de una capitalización marginal por parte del Estado, o simplemente sin recibir recursos producto de la estrechez fiscal. Fuentes internas de la empresa comentan que para la administración de Codelco esto es impensable. Pero, de ocurrir, Codelco llegaría a niveles de deuda poco viables. De hecho, se estima que de darse este escenario, a 2025 los pasivos podrían duplicarse y llegar a US$26.457 millones.
La Constitución señala que no se pueden vender ni incorporar capital privado en mineras que están nacionalizadas, que serían todos los activos de la estatal, excepto R. Tomic, Gaby, El Abra y Anglo American Sur, comentan fuentes. Sin embargo, a estos tampoco les aplica, porque la ley no permite vender ni incorporar privados a los activos ya en explotación.
Codelco le hizo una propuesta al Ministerio de Hacienda, que estaría siendo estudiada y que, de ser aceptada, constituiría el mejor de los mundos para la estatal. La falta de caja es el principal problema, por lo que se le sugirió al ministro Rodrigo Valdés extraer recursos de tres vertientes. Primero, derogando la Ley Reservada del Cobre que entrega parte de las ventas de cobre a las Fuerzas Armadas y que reviste un alto costo para la minera; segundo, utilizando estos fondos estratégicos para capitalizar la empresa por un plazo de cinco años; y tercero, emitiendo más bonos.
En caso que el Estado no se comprometa a entregar recursos, el directorio estaría alineado para apretar “el freno de mano”, señalan fuentes. La cartera de inversiones ya se ha rebajado dos veces, pasando de US$ 25 mil millones a poco más de US$ 18 mil millones. Y podría seguir ajustándose, ya sea desarrollando aún menos proyectos o bien, impulsándolos de manera más lenta. El tema es que Codelco ya está en un punto que, de seguir ajustando la cartera, sí o sí afectaría la producción futura de cobre, dañando con ello la entrega de recursos al fisco en el largo plazo.
Hoy la compañía delinea un plan que incluye vender activos y asociarse con privados en todas las actividades que no son parte del corazón del negocio y reorganizar la estructura, fusionando filiales o incluso cerrándolas si es necesario. Entre estos activos no mineros figuran, por ejemplo, líneas de transmisión eléctricas propiedad de la empresa; la participación de 37% que la empresa tiene en el terminal de regasificación GNL Mejillones.
Fuentes comentan que es altamente probable que la estatal se deshaga de estos negocios producto de la crisis por la que está atravesando y por la necesidad de “recortar grasa” que existe en la administración que lidera Pizarro y, desde el directorio, Óscar Landerretche.
