La modificación del cuadro tarifario de gas a partir de abril último también incluyó la denominada "Tarifa social federal", por la que los beneficiarios de programas sociales, jubilados o pensionados que cobren menos de dos veces la jubilación mínima o trabajadores que cobren menos de dos salarios mínimos, entre otros, tienen cubierto el ciento por ciento del consumo de gas y solo abonan los costos fijos.
Hoy están alcanzados 1.550.000 hogares, de acuerdo con los datos oficiales que cita el ministro Aranguren en la Resolución 129/2016.
En el mismo sentido, el encargado de prensa de la distribuidora de gas Camuzzi, Rodrigo Espinosa, se refirió a la aceptación de la tarifa social y señaló que, por ejemplo, en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte el 31% de la población accede al beneficio.
Antes del incremento, no existía una tarifa social que cubriera todo el costo del gas, sino un registro de personas exceptuadas de recibir el aumento en el precio del gas, que se dispuso tras la quita de parte de los subsidios que realizó en 2014 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con subas que fueron del 400 al 900%, de acuerdo con el segmento de consumo.
Estaban incluidos quienes tuvieran ingresos menores a un salario mínimo y beneficiarios de planes sociales, entre otros sectores, y, según los datos oficiales, había 270.000 inscriptos.
"Tiene sentido que aumente el número de beneficiarios de un subsidio destinado a cierto segmento de la población con más dificultades económicas, como es la tarifa social, porque antes la tarifa plena era más accesible y al subir su precio también crece la población que no puede pagar el servicio", sostuvo Paloma Bokser, vicepresidenta del Centro de Educación al Consumidor (CEC). Hay que recordar que en ambos casos el acceso al régimen especial no es automático sino que necesita que el usuario realice un trámite.
"Antes, la energía tenía valores muy bajos porque el subsidio del Gobierno iba a la oferta de gas (a las empresas), lo que lo hacía muy barato para todos los consumidores, y pocos pedían acceder a una tarifa diferente", destacó Víctor Bronstein, director del Instituto del Gas y Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Ahora, en cambio, Aranguren decidió subsidiar a la demanda (parte de los usuarios)", concluyó. Las aclaraciones del ministro surgen en medio de un fuerte cuestionamiento de la ciudadanía hacia el gobierno de Mauricio Macri por los aumentos en las tarifas de gas y otros servicios.
Los fuertes incrementos de las tarifas de gas han desencadenado amparos judiciales y han llevado a que familias recurran más al suéter y a la frazada para abrigarse en casa, y a que los shopping centers obliguen a los compradores a dejarse el abrigo puesto mientras pasean por sus pasillos. Pero no sólo eso: en los últimos meses han aumentado 126% las denuncias de robos de gas de las cañerías de Gas Natural Fenosa, la distribuidora que abastece a 30 partidos bonaerenses, al norte y oeste de la ciudad de Buenos Aires. Los hurtos se han registrado en barrios de todas clases sociales, incluidos countries y barrios privados, y también en fábricas.
En Gas Natural Fenosa no atribuyen el aumento de las denuncias de robos al incremento tarifario, sino a sus campañas de concientización sobre los peligros que entrañan las conexiones clandestinas de gas y sobre la necesidad de reportarlas. Entre enero y septiembre de 2015 se habían registrado 88 denuncias, mientras que entre octubre y abril últimos llegaron a 199, lo que representa un alza de más del doble en un período similar, de siete meses.
Entre un lapso y el otro ocurrió que en septiembre pasado la subsidiaria argentina del grupo español formó un grupo ad hoc para trabajar este problema y comenzó el Plan Intensivo de Revisión de Redes y una campaña publicitaria de concientización.
En la compañía comentan que han detectado que en barrios cerrados había piletas climatizadas cuya caldera estaba conectada de manera directa a la red, sin pasar por un medidor que reflejara ese consumo de gas. Es probable que estas conexiones hayan sido construidas hace tiempo, antes de la suba de tarifas, pero ahora se tornan aún más rentables e igualmente riesgosas.
Gas Natural Fenosa también halló casos en los que el constructor de dos viviendas de un country de la zona norte del Gran Buenos Aires las había conectado, sin consentimiento de los dueños, directamente a la red de gas, sin pasar por el medidor. El contratista les había dicho a los propietarios que estaba todo en regla, pero nunca les contó dónde estaba el contador. A ellos les llamaba la atención no encontrar el aparato.
En un barrio humilde del segundo cordón de la zona oeste del conurbano, Gas Natural Fenosa identificó un terreno en el que los planos indicaban que había una sola casa. Empleados de la empresa fueron a visitarlo y vieron que allí había varias edificaciones. La vivienda registrada era la única que contaba con medidor. El resto estaba conectado ilegalmente a la red. En este y los demás casos, la compañía no ha revelado los nombres y apellidos de los que cometieron el ilícito.
La campaña de concientización de Gas Natural Fenosa se desplegó en medios zonales, junto con los municipios y con personal en la calle para detectar y resolver presuntos robos del fluido. De todos modos, de las más de 1200 denuncias hechas por los vecinos, sólo en el 16% de los casos se comprobó que realmente había un delito. Así es que entre octubre y marzo pasados se regularizó el flujo de 490.000 metros cúbicos de gas natural. Antes del tarifazo, el consumo promedio en hogares del área metropolitana superaba los 600 metros cúbicos. Por lo tanto, puede inferirse que el monto regularizado equivale al de más de 800 casas particulares.
La ex Gas Natural BAN cuenta con 1,5 millones de clientes residenciales, 52.000 comerciales, 1300 industriales, 400 estaciones de gas natural comprimido (GNC) y cuatro subdistribuidoras.
La campaña de Gas Natural Fenosa está haciendo foco no sólo en el delito de robar gas, sino en el factor seguridad, dado que la alteración de las instalaciones representa un riesgo potencial para las personas, sus bienes y sus vecinos. La empresa insiste en señalar que sólo personal autorizado por las distribuidoras puede operar sobre los medidores y la red, que en su caso se extiende por 24.800 kilómetros. Está claro que no entraña el mismo riesgo colgarse del gas que de la electricidad o del servicio de TV por cable.
En la empresa también reconocen que existen casos de vecinos de barrios cerrados, como Nordelta, que han solicitado y conseguido la tarifa social.
En la compañía explican que se trata de personas que cumplen con los requisitos para obtenerla porque, por ejemplo, el inmueble está a nombre de un jubilado que percibe un monto inferior o igual a dos veces el haber mínimo o porque alguien de la familia cuenta con certificado de discapacidad.
El robo de gas tuvo un fuerte crecimiento en el último año
126%
En alza
Es el crecimiento que registraron las denuncias de robos de gas en Gas Natural Fenosa en los últimos 12 meses
Todas las clases
En la distribuidora precisan que los hurtos de gas se registraron en barrios de todas las clases sociales, incluyendo countries y barrios cerrados
800 Clientes regularizados
En una campaña de concientización realizada entre octubre y marzo pasados, Gas Natural Fenosa regularizó el servicio en más de 800 casas particulares de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires
