El ex ministro de Planificación y diputado nacional kirchnerista Julio De Vido fue procesado ayer por la compra de material ferroviario en desuso a España y Portugal y le trabó un embargo de cien millones de pesos, informaron fuentes judiciales, mientras que al mismo tiempo, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos por lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, de su hijo Martín y del abogado Jorge Chueco, por la operatoria en la que se vio involucrada la firma Helvetic Services Group en el reingreso al país de más de 32 millones de dólares a través de venta de bonos de deuda pública.
El procesamiento a De Vido fue decidido por el juez Julián Ercolini, quien consideró a De Vido autor del delito de administración fraudulenta agravada y partícipe necesario de cohecho. Se trata del tercer procesamiento para De Vido, que ya tiene medidas similares en su contra en la causa por la tragedia de Once y por irregularidades en la negociación de contratos ferroviarios entre 2003 y 2010.
Por esta causa en la que ahora fue procesado De Vido están presos el ex secretario deTransporte Ricardo Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez.
Además de De Vido fueron procesados los ex integrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Eduardo Sícaro, Pedro Ochoa Romero, Fernando Julio Corte, Carlos Retuerto Castaño y Ricardo Luján Roseto. A todos se los embargó en la suma de 10 millones de pesos, salvo a Sícaro, para quien la suma alcanzó 8 millones.
La compra de material se hizo a raíz de un acuerdo firmado en 2005 y -según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN)- casi la mitad de lo adquirido estaba “fuera de servicio”. En su indagatoria, De Vido presentó un escrito de descargo responsabilizara por el asunto a la Secretaría de Transporte y a la CNRT. En un fallo de 272 páginas, Ercolini sostuvo que “las unidades adquiridas distaban de ser apropiadas para la modernización de la red de transporte ferroviario en aquel entonces e, incluso, estaban en peores condiciones que las que venían a mejorar”.
En el caso del procesamiento a Báez, la Cámara volvió a reclamar que se avance sobre el presunto “acuerdo de voluntades” entre Báez y su grupo económico y los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal. “Esto es central, porque ese presunto desvío de interés de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos resulta independiente de las otras causas.
