FRANCISCO TOSI*
¡Al fin las tarifas de servicios públicos en la agenda!
El personaje de Moliere hablaba en prosa sin saberlo, así nosotros, los argentinos, hemos finalmente puesto en la agenda política la cuestión de las tarifas de servicios públicos.
Lo hicimos sin saberlo porque lo que estamos observando y viviendo es el debate sobre los aumentos y si estos son correctos o no. Es claro que esta discusión es un debate de efectos o consecuencias pero no de causas del problema. Los usuarios pueden tener mayores o menores problemas en enfrentar los aumentos (habida cuenta que en nuestra cultura occidental y americana nadie quiere pagar tarifas, impuestos, tasas y otras contribuciones que sustentan el Estado que a su vez todos queremos que se haga cargo de los asuntos públicos). Pero la cuestión central es otra y el gobierno actual en línea con la rancia tradición del misterio argentino no la enfrenta.
¿Cuál es la verdadera cuestión? ¿Cuál es el centro del problema? Tan simple y a la vez tan complejo como esto: que deben compensar o pagar las tarifas. Porque si las tarifas deben pagar los costos operativos, o sea los de prestar el servicio entonces sabemos cuánto deberá ser el ingreso total por las tarifas, será un debate técnico dirigido por la política pública que concluirá quienes deben pagar más y quienes menos o tal vez nada, o bien si las tarifas también deben pagar parte o toda la financiación de inversiones y entonces otro será el nivel de ingresos y otra la distribución de las cargas.
Pero si la cuestión se encara de esta manera correcta y acorde a racionalidad como en el resto del mundo aparece el otro problema que está agazapado atrás de esta confusión, aparecería el gran problema de los servicios públicos en la Argentina: el pueblo no sabe de que se trata, o sea ¿Cuáles son los costos reales de estos prestadores? ¿Cómo es posible que los que pagamos los servicios no sepamos prácticamente nada sobre cómo se hacen las cosas en las prestadoras.
Es la increíble falta de transparencia de las cuentas de estas empresas para el ciudadano común. ¡Y eso que tenemos la informática para publicar todo tipo de cosas en los sitios de las empresas menos lo importante y actualizado!
Pero podemos tener confianza en que de tanto hablar de las tarifas en algún momento caiga la ficha y a alguno de nuestros dirigentes se le ocurra aplicar las leyes (por ejemplo la reciente de transparencia) y empecemos a conocer los datos cuantitativos y contables detallados de estas empresas y cambiemos (valga la metáfora o analogía) la tradición del misterio.
Recién cuando tildemos esta página de la agenda se podrá razonar sobre el nivel de tarifas y entender que conviene hacer (para nuestros funcionarios probos recomiendo estudiar las experiencias de Chile y Colombia así no se pierden en laberintos de viajes e idiomas y culturas tan diversas).
*Sociólogo y economista.
JAVIER GERARDO MILEI*
Sin dudas, dentro de los mayores errores del gobierno de Mauricio Macri se destaca lo que se ha hecho en materia de ajuste de tarifas. Estaban las condiciones económicas y políticas para que la medida fuera un éxito. Por un lado, los subsidios económicos representaban 5% del PIB, en un marco donde se financiaban 4 puntos porcentuales del déficit fiscal con emisión monetaria. Esto dejaba un piso inflacionario del 30% anual, por lo que se beneficiaba a la parte más rica del país mediante el impuesto inflacionario que golpeaba a los más vulnerables. A su vez, gran parte de los votantes de Cambiemos, tenían claro que las tarifas estaban en valores ridículamente bajos. Esto es, el ajuste tarifario implicaba una redistribución del ingreso hacia los sectores menos favorecidos, lo cual hubiera implicado un shock positivo sobre el consumo y el nivel de actividad, sin mayores costos en lo político.
Dice un refrán popular que ‘cuando tu única herramienta es un martillo, te sorprenderá como todo el mundo comienza a parecerse a un clavo’. Desde la salida de La Convertibilidad, el nivel de precios se multiplicó por 11 veces, múltiplo que al depurarse los servicios públicos asciende a 15 veces. En éste contexto y bajo el credo gradualista, una suba del 400% de las tarifas, resultaría en una medida en la dirección correcta, esto es, comenzar a transitar el camino que permitiera lograr la sustentabilidad de los contratos (tasa de retorno acorde al riesgo asumido) sin dinamitar la sostenibilidad (que las partes puedan cumplir el nuevo marco contractual). Sin embargo, concentrar todo el ajuste de los contratos sobre una única variable (el precio), exacerbó el salto inicial de la misma y vulneró la sostenibilidad.
Mirando hacia adelante y con ánimo de contribuir a una solución definitiva, lo primero que hay que desterrar es la idea del gradualismo. En materia regulatoria, una política de shock implica lograr simultáneamente que la empresa alcance un sendero sustentable y sostenible, para lo cual es necesario conocer como funciona la regulación por base de capital (método más usado en Argentina). Existen varias formas de plantear la sustentabilidad del contrato. Una forma posible es haciendo que la ‘q’ de Tobin (Valor de Mercado/Valor de Reposición = VM/VR) sea uno, de modo tal que no exista renta extraordinaria. Así, el valor del flujo de fondos descontados al costo de oportunidad del capital (WACC = costo promedio ponderado del capital) debería ser igual a la base de capital pagada (VR). Alternativamente, esta condición puede expresarse como la igualdad entre el valor presente del flujo de fondos brutos de la firma y el valor presente de la inversión bruta. Por último, esta condición puede plantearse como un caso en donde el valor actual neto es nulo, o lo que es lo mismo, la TIR del negocio es igual al WACC.
Si alguna de las condiciones anteriores se cumple (lo cual implica cumplir todas las restantes), ello implica que el valor presente de los ingresos resulta suficiente como para pagar el valor presente de todos los costos operativos y los costos impositivos, al tiempo que los acreedores cobrarían la tasa de interés y los accionistas el retorno esperado asociado al nivel de riesgo. En definitiva, ello implica cumplir con lo que se denomina la condición de equilibrio económico-financiero del contrato (sustentabilidad).
Por lo tanto, al plantearse el equilibrio de este modo, debería quedar claro que existen varios instrumentos para mejorar la sustentabilidad del negocio. Por ej., si el objetivo era recomponer el desequilibrio tarifario en cuatro años, se podría haber hecho un ajuste mensual de la tarifa del 5,8% por encima de la inflación.
Complementariamente, se podría extender el plazo de vida de la concesión. A su vez, se podría haber dilatado en el tiempo las inversiones. Una herramienta adicional es elevarle el límite de endeudamiento y brindar garantías sobre la deuda financiera tal que el WACC se reduzca. Por otra parte, se podrían brindar beneficios impositivos. Por último, se podrían trazar acuerdos con las empresas en materia de base de capital, WACC, honorarios de gestión y reconocimiento de costos operativos que brinden un perfil de ingresos más agresivo y que derive en un mayor valor firma.
En definitiva, el ajuste llevado a cabo por Aranguren, muestra un alto grado de improvisación, falencia técnica y torpeza. Esto es, el ajuste fue tan mal diseñado que su equivalente futbolístico sería como el de errar un penal sin arquero.
