Mientras un lagarto intenta esconderse entre los árboles desparramados, cerca de cien policías caminan sobre el fango en un sector de la zona de amortiguamiento de la reserva Allpahuayo Mishana, en la provincia de Maynas, al sur Iquitos, en Loreto.
A menos de 5 kilómetros de la espesura del bosque de la reserva, hay un cementerio de árboles, montículos de arena blanca y pozos de hasta cinco metros de profundidad, desde donde se ha extraído la arena. “En estos camiones se llevan la arena para venderla afuera. Esto es minería ilegal”, comenta el coronel EP (r) César Sierra, encargado de la Alta Comisión en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mientras supervisa el decomiso de un camión.
La alta comisión, junto con la fiscalía y la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente de la Policía Nacional (Direjma), ejecutó el martes la primera interdicción en zonas de minería ilegal no metálica en la zona de amortiguamiento de la reserva, entre los kilómetros 17 y 21 de la carretera Iquitos-Nauta. Esta actividad ha destruido 9 hectáreas de bosque. En la operación se hallaron cuatro canteras de arena blanca, se decomisaron tres camiones y se destruyeron otros cuatro, además de tres cargadores frontales, todo ello valorizado en más de S/5 millones.
Cuando vio que los policías se aproximaban, un joven de 21 años –no quiso identificarse– negó ser chofer de la retroexcavadora que conducía minutos antes. Cuando vio que los agentes antiexplosivos de la policía llenaron de dinamita la máquina, recién habló. “Vendemos a S/500 cada volquete de arena. A mí me pagan S/500 al mes por el trabajo; no sabía que era ilegal”, dijo. Él y otras 17 personas fueron intervenidas y llevadas a la sede de la Fiscalía Ambiental de Iquitos.
Fuentes de la Policía de Medio Ambiente aseguran que este negocio ilegal es rentable, ya que diariamente se venden cerca de 20 volquetes de arena. Esta es trasladada directamente a las obras de construcción en Iquitos. No es un negocio nuevo: solo entre el 2014 y el 2015 hubo intervenciones en otras áreas de la zona de amortiguamiento.
El gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez, afirma que “hay una contradicción en las leyes”, porque hay personas que tienen títulos de propiedad de áreas ubicadas en la zona de amortiguamiento. Fuera de ello, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) niega haber otorgado alguna opinión favorable para autorizar cualquier actividad extractiva en la zona.
El jefe de la reserva Allpahuayo Mishana, Carlos Rivera, recuerda que esta actividad ilegal ha sido denunciada desde hace más de tres años a la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto; sin embargo, en vez de reducirse, la extracción de arena ha aumentado. “Los mineros se están acercando a la reserva y los animales están huyendo de ella”, dice.
En el último tramo del Gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso, la formalización minera es una tarea que sin duda quedará pendiente.
El titular de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) en la región Puno, Miguel Rodríguez Huanca, aceptó que este proceso ha tenido diferentes dificultades y uno de los aspectos que ha impedido cumplir con los objetivos es la serie de vacíos legales y la falta de planificación. “Aún así en la región Puno hemos realizado un trabajo que nos ha permitido acortar brechas en el tema de formalización”, señaló el funcionario.
El proceso de formalización implica cumplir con varios requerimientos y en algunos casos, el levantamiento de observaciones ha dilatado los tiempos, agrega Rodríguez. En la actualidad y como lo indica el director de Medio Ambiente de la DREM, Silverio Condori Chino, indicó que son diez empresas las que se han formalizado y en los próximos días serán otras cinco, que deben solucionar algunos inconvenientes.
“Actualmente están con un paso hacia la formalización 120 solicitudes que han sido presentadas”, precisó el funcionario.
Según los reporte de la DREM, existen 3301 mineros inscritosen el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso, 6174 declaraciones de compromiso admitidas y registradas, 3699 mineros inscritos en el Registro de Saneamiento, 233 mineros cancelados de su declaración de compromiso.
“La predisposición de algunos mineros para la formalización se ha visto perjudicada por algunos vacíos legales y también por pugnas entre los concesionarios y los propietarios de los terrenos superficiales, el nuevo presidente de la República para lograr los objetivos tiene que consensuar con este sector”, remarcó Miguel Rodríguez Huanca titular de la DREM.
Otro de los inconvenientes ha sido la inoportuna transferencia de recursos desde el Gobierno Nacional.
