Abogado experto en políticas ambientales y energías renovables, César Ipenza es una voz autorizada para analizar la coyuntura. Rumbos lo entrevistó para conocer sus opiniones sobre varios temas de actualidad, como el derrame de petróleo en Loreto, la reincidencia en las infracciones de empresas como Pluspetrol Norte, el trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la minería informal y, sobre todo, la cuestionada ley 20230.

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Durante la entrevista, Ipenza -responsable del Plan Ambiental de Peruanos Por el Kambio, el partido del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski- incidió en la carencia de mayores mecanismos de fiscalización y de estrategias eficientes en los casos de derrame de petróleo.

Respecto a la gestión actual del Ministerio de Ambiente (Minam), aseveró que el "sector tiene tiene un potencial que requiere ir consolidándose (…)" pero que fundamentalmente se requieren avances no solo en el ejecutivo sino en los gobiernos subnacionales, las regiones y municipios”.

Rumbos: Desde 2010 han ocurrido aproximadamente 15 derrames de crudo en el Oleoducto Norperuano (este año sucedieron 3), ¿quién es el responsable'?, ¿las políticas del Estado o la empresa petrolera?

Ipenza: Hay una corresponsabilidad. Por un lado tenemos una autoridad que formula recomendaciones, pero también tiene mandato y podría perfectamente suspender las operaciones; y, por otro lado, tenemos a una empresa pública que, desde mi punto de vista, debe mejorar su gestión.

Y es que para gestionar una empresa pública como Petroperú, se debe de convocar a técnicos especializados que conozcan el tema. Además, necesitamos que el Oleoducto Norperuano, que tiene más de 40 años, se mantenga permanentemente. Los derrames demuestran que eso no se está haciendo o que se hace de manera inadecuada. 

Rumbos: Entonces, ¿su propuesta es suspender las operaciones de la empresa petrolera?

Ipenza: Es una posibilidad que la ley contempla. Perfectamente se pueden suspender las operaciones. Estuve revisando las notas de prensa de Petroperú, donde afirman que no se bombeó hidrocarburos durante 180 días; sin embargo, el OEFA dice que hay indicios de bombeo, entonces, lo sucedido no solamente linda con la poca claridad de la información sino, incluso, con información que no se ajusta a la realidad. Esto genera una responsabilidad adicional.

Rumbos: En el caso de este último derrame de petróleo en Loreto (zona de Morona, provincia de Datem del Marañón), ¿cuál habría sido su reacción?

Ipenza: En primer lugar ¿cuál es el estado de esa empresa? Si el Estado, a través del OEFA o el Minam, es el que fiscaliza, tiene la facultad de suspender las operaciones y verificar que esa suspensión se cumpla si no está clara la seguridad de la infraestructura, porque los derrames no solo afectan el patrimonio natural, afectan la vida de la gente. Y ese es el derecho fundamental que las entidades públicas deben de garantizar.

Rumbos: El OEFA hasta 2015 sancionó a 363 empresas de diversos sectores. Entre ellas Volcan Compañía Minera (34) y Pluspetrol Norte (15) son reincidentes ¿Qué se debe hacer en estos casos?

Ipenza: Una estrategia puede ser, por ejemplo, mayores mecanismos de fiscalización. Si yo sé que tengo demasiadas incidencias en derrames o en situaciones de emergencia, entonces, debo priorizar la fiscalización en las zonas que presentan mayores incidentes. En base a eso, me adelanto a los hechos y planteó recomendaciones y medidas que permitan evitar el impacto de la contaminación y los derrames.

Rumbos: La Ley Nº 20230 restringe las sanciones económicas que aplica el OEFA a las empresas infractoras…

Ipenza: Cuando una empresa asume un compromiso en un estudio de impacto ambiental, no está asumiendo un compromiso extraordinario. Las empresas deben cumplir con lo pactado en ese instrumento y con las obligaciones de la normativa ambiental que la ley manda. Si se evidencia el incumplimiento y se les dice: 'no te voy a sancionar o no te voy a multar', se produce un sinsentido porque no se genera una iniciativa para cumplir la ley. Eso es lamentable.

Las obligaciones están planteadas y las empresas tienen que cumplirlas, pero si les dices: no te voy a multar o te voy a dar un plazo para no imponerte una sanción, entonces, ¿cuál es el incentivo que tienen las empresas para cumplir la ley? En este caso yo iría más allá, hagamos un análisis costo–beneficio de esa ley: ¿se incrementó la inversión?, ¿se redujeron los niveles de conflictividad social?, ¿hay promoción de la inversión? Ahí veríamos cuán conveniente o no es esa ley.

Rumbos: El OEFA indica que hay sanciones por no informar sobre el derrame y por sobrepasar el límite de emanación de gases contaminantes ¿qué hacer en estos casos?

Ipenza: Necesitamos normas que no permitan basarnos en supuestos. El objetivo de un instrumento ambiental es evitar la afectación al ambiente. Si se hace un monitoreo de calidad de aire o suelo y se demuestra que estos se encuentran en los rangos y estándares permisibles, evidenciándose que no hay contaminación, entonces no se amerita una sanción, quizá sí una recomendación. Pero si la empresa supera los límites y afecta al ambiente de una manera evidente, se debe sancionar.

En todo caso, lo que requerimos es dejar en claro que el tema ambiental no es una limitante de desarrollo o a la inversión, sino todo lo contrario, nos hace competitivos y, además, genera bienestar en la población.

Rumbos: ¿Cuál es la propuesta con el programa Oro Limpio?

Ipenza: Es un tema de generación de recursos, de promover inversión y desencadenar las trabas a la inversión que están pendientes en las regiones. Eso, a su vez, permitiría que la autoridad regional en minería ejerza sus competencias. En Arequipa, por ejemplo, cinco personas tienen que formalizar a 16 mil mineros: eso es inviable. Se requiere una asistencia de un equipo técnico y financiero en las regiones, para que se concrete el proceso de formalización, además es necesaria la recuperación de áreas degradadas y un mayor control dentro de las áreas protegidas.

Rumbos: El Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) informó que la actividad aurífera se ha expandido…

Ipenza: Efectivamente, no se ha logrado evitar la expansión de la minería ilegal. Las imágenes de los bosques de la provincia de Condorcanqui, al norte de la región Amazonas, que el MAAP publicó en su web, evidencian el avance de la minería ilegal. En este caso tiene que haber interdicción, como corresponde a ley.

Rumbos: ¿Qué propone respecto a la sobrerregulación de la pequeña minería y la minería artesanal?

Ipenza: Se está presionando muchísimo sobre la calificación 'pequeño minero o minero artesanal'. Ellos necesitan tener una calificación, porque en base a eso pagan un monto reducido por el derecho de vigencia en una concesión. Ahora, esa calificación se otorga cuando ya eres legal, no antes; entonces, los mineros ven este tema como una traba y presionan a las autoridades. El otro tema es el desbosque en Madre de Dios, no está claro cuál es el procedimiento, no hay hasta ahora una autorización otorgada.

Rumbos: ¿La formalización de la minería informal es una solución?

Ipenza: Sí, tiene posibilidades. Uno de los últimos grupos mineros formalizados es la CECOMSAP en Puno, ellos son 400 socios trabajadores y en junio exportaron su primer cargamento de oro responsable a Suiza, cumpliendo estándares nacionales e internacionales. Son pequeños mineros que están cumpliendo de alguna manera con la ley.

Rumbos: Sobre la Estrategia de Saneamiento de la pequeña minería y de la minería Artesanal ¿Qué planes tiene el próximo gobierno?

Ipenza: Se tiene que evaluar su ampliación, lamentablemente no hay otra vía. Pero tampoco es adecuado ampliarlo hasta el infinito, dejando que se convierta en letra muerta. En general, el marco normativo requiere ajustes y mejoras dependiendo de los contextos y de las realidades, pero eso solo funcionará con la asistencia y el acompañamiento a las regiones. Se piensa que esa asistencia debe hacerla el Ministerio de Energía y Minas, pero quien tiene que hacer el trabajo de campo son las regiones, aunque, sin recursos y personal, eso no será posible. 

Rumbos: ¿Ha sido positivo el trabajo del actual ministro en estos temas?

Ipenza: La agenda fundamental del Ministerio de Ambiente ha sido en gran medida el tema del cambio climático, donde se ha logrado un rol importante de liderazgo internacional. Es un tema de gran interés, sí, pero hay otros pendientes y a la larga surge la pregunta: ¿para qué está el ministerio? Eso dicen los políticos y los sectores empresariales para cuestionar la existencia del MINAM.

Un Ministerio de Ambiente debería evidenciar las ventajas que podríamos tener y tenemos en competitividad si somos responsables con nuestro entorno, lo cual genera beneficios directos y bienestar en la población. Además, el sector tiene un potencial que requiere ir consolidándose de manera progresiva. Creo que siempre debemos sumar y reconocer los avances, como también debemos ser consciente que las gestiones pueden ser mejores. Lo fundamental es que se avance no solo en el Ejecutivo, sino, también, en los gobiernos subnacionales, las regiones y municipios.

Ivan Vicente / Revista Rumbos