DANIEL BOSQUE
Desensillar hasta que aclare es la consigna en las distribuidoras de gas de la Argentina, prestadoras de servicio a más de 8.000.000 de clientes. Se veían venir sentencias como la de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata y la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM) sobre los aumentos de tarifa de gas. Y de electricidad, el segundo de los fallos, haciendo lugar a una cautelar, por tres meses).
Que suceda por fin, dice el entorno de Mauricio Macri, que espera ansioso la definición del per saltum de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que decida el alto tribunal puede que zanje la cuestión judicial, pero difícilmente aquietará las aguas. La oposición política y las redes sociales ya recogieron el guante de un malestar originado en las abultadas facturas que recibieron miles de hogares y empresas.
En medio de esto quedaron las empresas que prestan el servicio que necesitan saber de qué manera facturar y cuánto tiene que pagar. Lluvias de cautelares, dice hoy el diario El Cronista, que cita la expectativa de gasíferas que bajarán el ritmo de facturación “a la espera de que solucionen este desmanejo. El primero de abril empezamos a facturar con un cuadro tarifario, después llegó el tope del 400% y tuvimos que rearmar los sistemas, después tuvimos que poner los dos cupones y ahora pasa esto en el momento en que los usuarios están recibiendo las facturas con las nuevas tarifas, por lo que decimos frenar hasta que aclare un poco. Además tampoco tenemos claro cuánto es lo que tenemos que pagar a la empresa que nos inyecta el gas. Vamos a esperar que pasa con la decisión que tome la Corte".
En el caso de la electricidad el fallo da lugar a que se mantenga la cautelar por tres meses, pero las compañías muestran el mismo desconcierto que sus pares de gas. "Más del 30% de nuestros clientes hoy están alcanzados por algún amparo que dictó un juez, lo que significa que se retrotraen las tarifas al 31 de enero vas a tener una parte que paga mucho más que el resto".
El diario da otro dato para el bochorno: en enero no había tarifa social y si no hay solución de fondo el fondo se quita el subsidio a los que màs necesitan y se otorga una tarifa subsidiada a grandes consumidores
La medida del tribunal platense, en respuesta a la presentación del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) fue el último eslabón, el más contundente de una cadena: la Cámara Federal de General Roca, el juzgado federal de Salta y y jueces de San Luis, Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, ya venían frenando el tarifazo.
El alto tribunal de la Nación, recientemente rearmado con Horacio Rosatti y a la espera de Carlos Rosenkrantz, después de la feria, ya tiene en sus despachos tres pedidos de per saltum de Mendoza; Chubut y Bariloche.
El gobierno nacional, mientras Macri decía en Europa a CNBC que “los ciudadanos entendieron y nos acompañaron en el aumento de tarifas”, salió presuroso a sentar su posición.
El comunicado after hour circulado a las 20.30 por Prensa del MINEM no deja dudas: "Estamos analizando los alcances del fallo y, en cualquier caso, como hemos hecho en todos los amparos, daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados".
Un mensaje para afuera y hacia el interior de la coalición gobernante, en cuyos despachos se siguen escuchando lamentos: faltó más comunicación, el otoño frío nos jugó una mala pasada, etc, etc.
El futuro del tarifazo y de sus mentores es por estas horas incierto. La resolución 99, que hace un mes se presentó como la panacea con sus topes de 400% para hogares y 500% para pymes, hoy es una herramienta de dudosa efectividad. Y gobernadores que acordaron la pax con Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren ya se pusieron al frente de los reclamos.
La suerte de las tarifas y sus múltiples parches ya es por estas horas un barco a la deriva
A las distribuidoras, no les hace ninguna gracia este juego de la oca. Desandar incrementos y escuchar como Julio De Vido se ofrece al público como el factótum de eficiencia y gestión es todo un ejercicio de paciencia.
El kirchnerismo, en tanto, alienta un cacerolazo para el próximo jueves. Las redes sociales anti tarifazo pululan. Jaime Durán Barba, Marcos Peña y Aranguren sacan cuentas y miden efectos. Los mismo que miles de usuarios y gerentes de las gasíferas y eléctricas. La novela de este talón de Aquiles de Cambiemos está lejos de concluir.
La Sala II de la Cámara Federal de La Plata resolvió, después de evaluar todas las acciones colectivas presentadas en contra del aumento de tarifas del gas, declarar nulas las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía que autorizan las subas en todo el país.
De esta manera, los camaristas consideraron procedente la apelación presentada por el Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y Consumidores Argentinos –con rechazo en primera instancia- que planteaba la obligatoriedad de realizar audiencias públicas antes de aplicar un nuevo cuadro tarifario.
En estos días, diversas decisiones judiciales habían suspendido los aumentos de gas en Jujuy, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Salta, San Luis y elnorte de Mendoza. También en Chubut un tribunal de Rawson resolvió la inconstitucional del aumento del gas.
Además, en mayo, un dictamen frenó la aplicación del incremento en la ciudad de Bariloche, en Río Negro, y otros pronunciamientos similares se registraron en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El fallo de la Cámara Federal de La Plata está firmada por los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin. Declaran “la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, retrotrayéndose la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas”. Tiene carácter colectivo y ordena "retrotraer la situación previa a las subas".
El fallo modificó la resolución del juez platense Alberto Recondo.
La sucesión de medidas cautelares, amparos o resoluciones favorables a los planteos contra el tarifazo en este servicio, determinaría una intervención de la Corte Suprema de Justicia para homogeneizar la situación de fondo. Es una expectativa del gobierno nacional, en medio de un aparente desconcierto que obliga al Ejecutivo a modificar continuamente el esquema de aplicación del cuadro tarifario.
Esta mañana, la Cámara Federal de Roca había suspendido por tres meses la aplicación de la suba del gas en las provincias de Río Negro y Neuquén, al revocar un fallo de primera instancia de la jueza federal Carolina Pandolfi. Esas dos, y Buenos Aires, se suman a las cinco provincias que ya lo tenían suspendido: Salta, Jujuy, Córdoba, Chubut y Santa Cruz, donde se dictaron medidas cautelares que rigen en todo el territorio. Así, un tercio de las provincias ya tienen medidas similares.
La Cámara Federal de La Plata falló en contra de la suba de las tarifas de gas a nivel nacional y de la luz para los usuarios de Edenor y Edesur, una decisión que vuelve a poner el foco de atención en los pasos daría en torno al tema la Corte Suprema de Justicia, ya que el Ministerio de Energía de la Nación ratificó que apelará la medida y que llegará con el caso hasta la máxima instancia en caso de ser necesario.
El primer fallo se conoció en horas del mediodía, luego que la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declarara la nulidad de las resoluciones tomadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que autorizaron aumentos en la tarifa de gas, y ordenara retrotraer la situación a la fecha previa a puesta en práctica de esas medidas, que entró en vigencia el 1 de abril pasado.
La misma sala, en horas de la tarde, también se pronunció de manera negativa sobre los aumentos en las tarifas de luz en las áreas en las que presta servicio las empresas Edenor y Edesur, al suspender por espacio de tres meses las subas.
En la región patagónica el tema también tuvo un pronunciamiento de la justicia: la Cámara Federal de Roca suspendió por tres meses la aplicación de la suba del gas en las provincias de Río Negro y Neuquén, al revocar un fallo de primera instancia de la jueza federal Carolina Pandolfi.
Frente a este cuadro de situación, en el que cada día se conoce algún nuevo pronunciamiento de la justicia en contra de los aumentos, el Gobierno tiene puesto los ojos en la Corte Suprema de Justicia, para que acepte tratar los pedidos de “per saltum” presentados por el Procurador Nacional de Tesoro en torno al tema.
En el peor de los casos, el objetivo es que el máximo tribunal se aboque de manera expeditiva a analizar el tema a partir de los fallos existentes en contra del aumento en las tribunales de segunda instancia de Córdoba y -ahora- de la provincia de Buenos Aires.
Estamos analizando los alcances del fallo y, en cualquier caso, como hemos hecho en todos los amparos, daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados.
“Estamos analizando los alcances del fallo y, en cualquier caso, como hemos hecho en todos los amparos, daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados”, afirmó el Ministerio de Energía de la Nación a través de un comunicado de prensa distribuido en las primeras horas de la noche del jueves.
De esta forma, los letrados que representan al Gobierno nacional se presentarán el lunes a primera hora para objetar la medida ante la Cámara Federal platense y si el tribunal de tribunal de segunda instancia no acepta elevar el pedido a la Corte Suprema, poder presentarse "en queja" ante la máxima instancia, algo que podría concretarse a más tardar el martes.
En lo que respecta al fallo del gas, la Cámara Federal platense declaró nulas las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía “por no haber sido precedidas de audiencias públicas”.
El tribunal se pronunció de esta forma en una apelación presentada contra un fallo de primera instancia dispuesto por el juez federal de La Plata Alberto Recondo quien había ordenado al Estado Nacional convocar a audiencias públicas pero sin suspender la vigencia de los aumentos en las tarifas.
El pronunciamiento del juez de primera instancia fue recurrido ante la Cámara por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS); el Estado nacional y la asociación Consumidores Argentinos, y la Asociación para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores.
Los camaristas consideraron que mas allá del argumento esgrimido por el Estado Nacional en torno a que es posible el ajuste tarifario sin que se hayan realizado audiencia públicas, “corresponde examinar si la normativa impugnada en autos se adecua a pautas de razonabilidad”.
Explicaron que “es preciso destacar el alcance de la decisión sobre los usuarios y ponderar si estamos ante una situación que más allá de la transitoriedad puede definirse como de bajo impacto o si implica una modificación sustancial de la posición de los usuarios, que ocasiona una afectación difícil o imposible de revertir con posterioridad”.
En el caso de la luz, la Sala II de la Cámara Federal platense suspendió por tres meses la instrumentación de los aumentos de tarifa en las áreas operadas por las empresas Edenor y Edesur, que abarcan a la mayor parte del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, la zona más densamente poblada del país.
Acá los integrantes de la Cámara no se expidieron sobre el fondo de la cuestión y se limitaron a suspender la suba por espacio de 90 días.
El Ministerio de Energía de la Nación ratificó esta noche que apelará el fallo dispuesto por la Cámara Federal platense que anulo la vigencia de las resoluciones que autorizaron el incremento en las tarifas de gas en todo el país.
"Estamos analizando los alcances del fallo y, en cualquier caso, como hemos hecho en todos los amparos, daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados", sostuvo en un escueto comunicado la cartera que conduce el ministro Juan José Aranguren.
Como en ocasiones anteriores, si la Cámara no acepta elevar el pedido a la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo podrá presentarse "en queja" ante el máximo tribunal, algo que podría hacerse a más tardar el martes.
Según fuentes tribunalicias, los integrantes de la Corte tendrían en carpeta comenzar a analizar el martes tres pedidos de "per saltum" presentados por el Estado nacional sobre temas relacionados con el aumento de tarifas.
