El presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo el miércoles que buscará reactivar el complejo metalúrgico de La Oroya, paralizado desde el 2009 por incumplimiento de un plan ambiental y millonarias deudas de su anterior operadora, dijo ayer Reuters.

El complejo está ubicado en la localidad andina de La Oroya, donde sus pobladores han realizado protestas para reclamar que vuelva a operar, ya que ha sido por años la principal actividad económica y fuente de ingresos en la zona.

"La Oroya está agonizando y tenemos que cambiar eso, tenemos que darle oxígeno, oxígeno con inversionistas", dijo Kuczynski - que asumirá funciones el 28 de julio- tras reunirse con trabajadores y dirigentes del complejo y autoridades de la zona.

El centro minero era controlado por Doe Run, una filial del estadounidense Renco Group, y ahora es administrado por una junta de acreedores presidida por el ministerio de Energía y Minas, que tiene hasta fines de agosto como plazo para encontrar inversionistas interesados o llevarla a su liquidación.

Kuczynski, un ex ministro de Economía amigo del libre mercado, pidió en un discurso a los pobladores de La Oroya realizar una marcha hacia al Congreso para reclamar una norma que postergue los plazos que pesan sobre el complejo minero.

"Tienen mi palabra de que yo voy a hacer el máximo esfuerzo para sacar esto adelante, pero yo les digo no va a ser fácil", dijo el mandatario electo.

Perú es el tercer productor mundial de cobre y la minería es clave para la economía del país, porque sus ventas representan alrededor del 60% del total de sus exportaciones.

En el complejo operan tres circuitos: el de cobre, zinc y plomo. Además, Doe Run es propietaria de una pequeña mina de cobre llamada Cobriza, ubicada en la región de Huancavelica.

Cerca del complejo de La Oroya operan grandes minas, como las que recientemente entraron en marcha de Las Bambas, controlada por MMG Ltd, una filial de la china Minmetals y Toromocho, de Chinalco Mining Corp.

"Hay una gran variedad de subproductos que hoy se desperdician y que bajan su valor cuando si se refinan aquí aumenta el valor. Hay un margen grande del orden de US$400 millones que se podrían recuperar", dijo el mandatario electo.

Kuczynski quiere transformar a Perú en un centro regional de refinación de metales con ayuda de China para avanzar en la cadena productiva de las materias primas, dijo a Reuters el próximo ministro de Economía, Alfredo Thorne.

El electo presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) llegó este martes hasta al complejo metalúrgico de La Oroya, en el departamento de Junín, para reunirse con el representante de los trabajadores de la empresa Doe Run.

PPK llegó hasta el lugar acompañado del congresista Gilbert Violeta y de algunos inversionistas internacionales, para mostrarles las instalaciones y ver si hay la posibilidad de que inyecten recursos en la reactivación del proyecto.

Tras la junta, PPK improvisó un pequeño discurso para los trabajadores de Doe Run y les pidió marchar hacia el Congreso de la República para paralizar el proceso de liquidación de la compañía metalúrgica.

 “Tendré que sacar del Congreso poderes delegados, una ley, y ustedes saben quién controla el Congreso. Entonces les voy a pedir que hagamos una marcha al Congreso para pedir que no dejen morir La Oroya porque está en sus manos y en las mías para poder empujar la cosa”, manifestó PPK.

Minutos después, ya sobre un estrado elevado a la entrada del recinto de Doe Run, el virtual mandatario reafirmó su pedido de iniciar una movilización para pedir a los parlamentarios que, a través de una ley, se prorrogue por un año el proceso de liquidación de la empresa norteamericana.

“Estamos frente a fechas límites. Tenemos que sacar a fines de agosto una prórroga de la liquidación en marcha porque sino se acabó todo. El Congreso nos debe prorrogar (y promulgar) la ley mediante la cual el 27 de agosto se cierra todo (….) No será fácil, pero al final alguien tiene que tomar decisiones”, manifestó en el improvisado mitin.

Pero, ¿qué es lo que pasa en La Oroya con los trabajadores de Doe Run? Este conflicto se remonta al año 1997, cuando la empresa ganó la buena pro del complejo minero, pero no cumplió con la implementación de un programa ambiental.

A eso, se sumó que la compañía entró en una crisis económica que la llevó a paralizar sus operaciones, lo que originó un conflicto laboral y provocó que más de 2,000 empleados fueran despedidos.

El fracaso de la licitación de los activos de Doe Run generó una serie de protestas en La Oroya, que provocaron el bloqueo de la Carretera Central y hasta la muerta de una persona. Pero al parecer, lo que estaría buscando PPK es reactivar el proyecto minero.

El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski solicitará poderes legislativos al Congreso, dominado por la oposición, para promulgar una serie de leyes que buscan acelerar la economía del país minero, dijo el portavoz de su partido.

En su ceremonia de asunción el 28 de julio Kuczynski intentará convencer al Congreso de que lo autorice para promulgar un paquete de medidas que incluye iniciativas para fomentar la inversión en infraestructura, la lucha contra la corrupción y para reducir la inseguridad ciudadana.

"Vamos a enfocarnos como primera agenda apoyar el pedido de facultades legislativas, que no será por más de 60 días, para aprobar leyes en cuatro áreas fundamentales", dijo a Reuters el legislador reelecto Carlos Bruce, designado portavoz del partido de Kuczynski, Peruanos por el Kambio, en el Congreso.

Ese será el primer reto para Kuczynski al asumir su mandato de cinco de años. Los últimos tres presidentes en Perú, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, también pidieron poderes específicos y el Congreso se los otorgó por un tiempo determinado.

Sin embargo, esta será la primera vez que un presidente sin mayoría en el Congreso pedirá las facultades al inicio de su mandato.

De acuerdo a la Constitución, con los poderes el presidente puede promulgar leyes vía decretos legislativos sobre temas específicos solicitados, sin pasar el filtro del Congreso.

Pero el Congreso unicameral, que estará controlado por el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, la derrotada rival de Kuczynski en las elecciones del mes pasado, probablemente pondrá reparos al pedido de facultades por discrepancias políticas.

Fujimori, que ha dicho que será una firme opositora, dijo al reconocer su derrota que Kuczynski triunfó por una "campaña de odio" en su contra en medio de malos recuerdos de su encarcelado padre, el ex presidente Alberto Fujimori.

"Hay que ver eso cuando llegue el momento de las facultades. Ver de qué se trata, para qué lo piden y sobre por cuánto tiempo lo piden", dijo el legislador electo Luis Galarreta, del partido de Fujimori que tendrá 73 de las 130 bancas del Congreso.

Aunque Kuczynski y Fujimori son partidarios del modelo de libre mercado que en casi dos décadas ha permitido a Perú anotar crecimientos mayores al promedio en Latinoamérica, la ex candidata hasta ahora no se ha reunido con el mandatario electo.

Fujimori podría tener diferencias en algunas demandas, como la reducción de hasta 3 puntos porcentuales del impuesto a las ventas anunciada en la campaña para estimular el consumo, ampliar la base de contribuyentes y acelerar las inversiones.

"Podría complicarse el financiamiento de todos los gastos y proyectos del Estado", dijo Daniel Salaverry, legislador electo del partido de Fujimori y uno de los portavoces del grupo.

Por eso, el futuro ministro de Economía, Alfredo Thorne, adelantó que han sido más cautos en ese tema puntual y que ahora planean una reducción de sólo un punto porcentual en el impuesto a las ventas. Y, dependiendo de cómo vaya la recaudación fiscal, se podrían evaluar otras reducciones en el futuro.

"Hemos moderado en eso un poco", dijo Thorne recientemente a Reuters. "No hay un desacuerdo con el 'fujimorismo', yo pienso que lo que hay son heridas de campaña", afirmó.

Dentro de su paquete de normas legislativas, Kuczynski de 77 años también busca reducir la inseguridad ciudadana con propuestas como la de que no prescriban los delitos de corrupción y que se acumulen las condenas para los criminales.

Además quiere reducir los conflictos sociales que traban inversiones mineras adelantando obras en las comunidades donde operaría un proyecto, entre otras cosas.