Uno de estos retos, el cual ha tenido que atravesar unas fuertes turbulencias en los últimos meses, es la seguridad jurídica e institucional para el sector extractivo que ha estado amenazada por decisiones como la revocatoria de licencias ambientales, y suspensiones de actividades mineras en las altas cortes.

Ahora, la Corte Constitucional, dejó sin piso la declaración de las áreas estratégicas mineras, establecidas por la Agencia Nacional de Minería, con lo que se delimitaron 20,3 millones de hectáreas (que involucran a 20 departamentos), en 2012.

Una consulta del Ministerio del Interior, en una de las resoluciones que la Corte dejó sin valor, señaló que “la declaración y delimitación de las áreas de reserva minera estratégica no debe ser consultada, toda vez que se trata de una mera expectativa de que una mina en dicha zona pueda ser viable en su exploración”.

Así mismo, fuentes del Gobierno explicaron que la medida de la agencia minera no buscaba alterar la vida o las costumbres de las comunidades en estas áreas, pues con la declaratoria de estos territorios como estratégicos, se hacía un cambio en el mecanismo de selección, para administrar las actividades extractivas.

A pesar de esto, la Corte advirtió a los ministerios del Interior, Minas y a la Agencia Nacional de Minería, que “deben agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención del consentimiento libre, previo e informado a las comunidades indígenas, y afrodescendientes que habiten los territorios”, de las áreas estratégicas.

Ante esta situación, las empresas del sector ya han dado a conocer su preocupación ante la seguridad y estabilidad jurídica que permita desarrollar sus operaciones en el territorio.

En relación con la decisión de la Corte sobre las áreas estratégicas mineras, el presidente de la Cámara de Asomineros de la Andi, Eduardo Chaparro, aseguró que “la declaratoria de zonas de reservas atendía la necesidad del Gobierno en su momento de dar un manejo más ordenado a la titulación minera que es lo que mucha gente reclama”.

Para Chaparro, “el alto número de pronunciamientos de carácter jurisdiccional implica que haya razonables temores sobre lo que puede llegar a ser la denominada falta de certeza jurídica. Determinaciones como la revocatoria de licencias, la suspensión de actividades en determinadas áreas cuando antes se había invitado a invertir, genera inquietud”.

En el mismo sentido apuntó Rubén Darío Lizarralde, presidente de Campetrol, quien cree que “las zonas de reserva minera tienen como única función delimitar la zona donde se van a ubicar los bloques mineros”, por lo que no se trata de concesiones a las empresas, sino de delimitación donde se hará de la actividad minera.

“Hay como una especie de desentendimiento de la Corte sobre los temas en los que está decidiendo, la Corte se equivoca si cree que esta delimitación afecta el derecho a la consulta, pues en ningún momento constituye un otorgamiento de licencia”, enfatizó Lizarralde a quien le preocupa la falta de inversión.

Además de las decisiones judiciales, al sector le afana la sonada renuncia de Fernando Iregui a la Dirección de la Anla, cuestionado políticamente por decisiones de la entidad mientras estuvo en su cabeza.

De acuerdo con Lizarralde, las instituciones del sector están llevando a que no haya garantías jurídicas o institucionales, y dijo que es desconcertante que el Gobierno quiera restarle visibilidad al sector minero-energético.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Asomineros cree que “mientras viene uno y se va el otro, se pasan momentos de incertidumbre total que dificultan la gestión y generan dudas sobre la conveniencia de invertir en el país”.

Aunque los expertos coinciden en la importancia de acatar las decisiones de los jueces, admitieron que dejan un sabor agridulce para la industria.

Racionamiento programado de gas natural terminó

El Ministerio de Minas declaró el cese del racionamiento programado de gas natural, que comenzó el pasado 6 de mayo, por cuenta de la baja hidrología que registró el país y la alta demanda de gas por el Fenómeno de El Niño.

La entidad tuvo en cuenta reportes de la Noaa sobre la normalización de la situación climática, el aumento de aportes hídricos reportados por XM y el aumento de la disponibilidad de gas natural en la fuente Gibraltar, pasando de 29,7 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) en 2014 a 36,8 mpcd en 2016, por la reducción de atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas, según Ecopetrol.