El Gobierno envió un proyecto al Congreso para crear un sistema de “participación pública-privada” para darles mayores garantías a los empresarios de obra pública con una menor regulación.
LPO accedió al proyecto que redactó Horacio Reyser, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales que es el principal asesor de Mauricio Macri en inversiones extranjeras. Con esta iniciativa, el Gobierno aspira a lograr inversiones por hasta 30 mil millones de dólares.
La ley le permite al Estado celebrar contratos con privados sin aplicar el régimen de obra pública (Ley 13.064) y la ley de Concesiones (nº 17.520), según lo establece el artículo 26 del proyecto que ingresó al Congreso en los últimos días.
De esta manera, el Gobierno busca atraer inversiones en infraestructura –tanto en escuelas y hospitales, como autopistas, obras de energía y servicios- reduciendo los riesgos de los privados con una serie de permisos.
Acaso el más importante es el que está establecido en el inciso w del artículo 9 del proyecto, que le da a los empresarios la facultad de dirimir las controversias con el Estado por la vía del arbitraje. En el artículo 23, el proyecto establece que para todas las controversias que pudieran surgir en el contrato, las partes “podrán determinar la posibilidad de establecer mecanimos de avenimiento y/o arbitraje".
Eso significa que los empresarios podrán hacer juicios en tribunales internacionales como el Ciadi, la institución del Banco Mundial encargada de resolver conflictos entre Estados e inversionistas extranjeros. El régimen de obra pública, en cambio, deja esa instancia de litigio únicamente circunscrita a la jurisdicción contencioso administrativa local.
El propio Reyser explicó este año que esta ley no sólo distribuirá el riesgo de “forma equilibrada” entre el Estado y sus socios privados, sino que también proporcionará protección legal a las entidades crediticias mediante árbitros técnicos.
Además, el proyecto le da la facultad al contratista de suspender temporariamente la ejecución del contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado. También le permite hacer subcontrataciones y transferir el contrato a otra empresa una vez cumplido el 20 por ciento del plazo original.
A diferencia del régimen de obra pública, el proyecto de Reyser no establece la obligación del Estado de publicar la licitación pública y su adjudicatario en el Boletín Oficial.
En el Gobierno se desató una puja entre un grupo de lobbystas con cargos en el Ejecutivo que pelean por ser el nexo de Mauricio Macri con los grandes inversores globales.
Quienes pugnan por ese lugar son Clarisa Lifsic de Estol, Horacio Reyser y Juan Procaccini, tres nombres poco conocidos en el mundo político pero con fuerte arraigo en la arena empresarial. Pese a que ocupan cargos en puestos muy diversos del gabinete, la función que tienen es la misma: la búsqueda de inversores extranjeros de gran escala.
Estol fue nombrada como secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones de Oscar Aguad, luego de que fracasara su intento de quedar al frente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Para ese puesto la empujaba Luis Caputo, el secretario de Finanzas de la Nación, con quiere Estol era socia en Axis Inversiones, al igual que casi toda la estructura del Ministerio de Economía que lidera Alfonso Prat Gay. Eso representó unaincompatibilidad que la dejó afuera de la CNV.
Sin embargo, en su cargo actual también estaría incurriendo en incompatibilidades. Es que fuentes del Gobierno confirmaron a LPO que Estol puja para acercar al Dolphin Management Fund, del magnate húngaro George Soros, un fondo del que fue managing director, antes de ser directora financiera de los grupos Cresud e Irsa, de Eduardo Elsztain –socio de Soros-, quien la colocó como presidenta del Banco Hipotecario.
El secretario de Coordinación Interministerial de la jefatura de gabinete, Mario Quintana, dueño de Farmacity y CEO del fondo Pegasus, también busca ser el nexo del Ejecutivo con los inversores top y para eso colocó a Procaccini en la Agencia Argentina de Desarrollo de Inversiones que está bajo la órbita del Ministerio de Producción de Francisco Cabrera.
Procaccini trabajó en Pegasus, además de ser socio gerente de Moebius Capital Group y tener un paso por McKinsey & Company y Procter & Gamble. Para distinguirse de sus competidores en la materia, hoy hizo gala de su currículum en una entrevista con La Nación. Quintana y el otro vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, también se conocieron en McKinsey.
El diario Perfil reveló días atrás la trayectoria de quien corre con ventaja como lobbysta en jefe para atraer inversores extranjeros es Horacio Reyser Traver, ex socio del mayor fondo de inversiones en Latinoamérica, Southern Cross, y hoy asesor directo del mandatario en inversiones foráneas.
Reyser rechazó el cargo que hoy tiene Procaccini justamente porque sabía que le esperaba algo más importante: Un despacho en la Rosada a metros de Macri, a quien acompaña en cada reunión con inversores de alto vuelo.
Ingeniero industrial del ITBA y mano derecha durante de 16 años del inversor Norberto Oscar Morita, Reyser también tuvo un pasado en común en Pegasus con Quintana.
Ahora Macri depositó en él la oficina para cazar inversores top, un espacio de privilegio que parecía reservado para Cabrera cuando se quedó con Producción.
