Finalmente, el Senado convirtió en ley el paquete de Blanqueo, la Moratoria y el Premio para los contribuyentes cumplidores. El blanqueo permitirá que se incorporen en el circuito formal los bienes que no fueron declarados, sin obligación de informarle a la AFIP el origen de los fondos utilizados para adquirirlos. Sin embargo, queda vigente la información que, llegado el caso, requiera la Unidad de Información Financiera (UIF), a los efectos de evitar caer en los delitos previstos en la ley 25.246 (lavado de dinero). La moratoria es esperada por las pymes, que tuvieron que soportar la pesada carga tributaria que hubo en todos estos años.
Detalles del blanqueo: Las personas físicas y las sociedades, inscriptas o no ante la AFIP, podrán declarar la tenencia de moneda nacional, extranjera y los demás bienes ubicados en el país y en el exterior. El plazo para hacerlo se extiende hasta el 31 de marzo de 2017. Las personas podrán blanquear todos los bienes existentes en el patrimonio hasta que se promulgue la ley. Incluso, se podrán blanquear los bienes que se encuentren a nombre del cónyuge, familiares directos o terceros, pero en estos casos los bienes deberán registrarse luego con el nombre de la persona que ingresó al blanqueo.
Cómo cumplir con el blanqueo: El dinero y los títulos que se encuentren en el exterior tendrán que mantenerse depositados, sin necesidad de ingresarlos al país, por el plazo que determine la reglamentación. Si el dinero que se blanquea se encuentra en el país, tendrá que depositarse en una entidad bancaria local del 31 de octubre de 2016, debiendo permanecer en el banco hasta el 31 de marzo de 2017, salvo que con ese dinero se adquieran bienes registrables, habilitándose el retiro anticipado.
Los demás bienes que se blanqueen deberán ser identificados mediante una declaración jurada.
El costo del blanqueo: Bienes inmuebles ubicados en el país o en el exterior: un 5% sobre el valor de plaza.
Bienes (incluidos inmuebles) que sumados no superen los $305.000: no habrá que pagar nada.
Para los bienes que se valúen entre $305.000 y $800.000: el 5%.
Los bienes que superen $800.000, que no sean inmuebles, si se declaran en el año 2016: la alícuota será del 10%. Si los bienes se declaran en 2017: la tasa se incrementa al 15%. Para este caso, si se entregan títulos Bonar o Global 2017, la tasa se reduce al 10%. Si, en cambio, se invierte en ciertos títulos que emitirá el Estado, se exime del pago de la penalidad, o sea, el blanqueo no tendrá ningún costo.
El impuesto se determina considerando la cotización de la moneda extranjera tipo comprador, según el Banco Nación, que rigió a la fecha de la preexistencia de los bienes.
Los beneficios son: No tener sanciones de la ley 11.683 y de la ley penal tributaria Exención de los impuestos nacionales que hubieran correspondido sobre los bienes blanqueados.
Hasta el 31 de marzo de 2017, los contribuyentes podrán incluir sus deudas e infracciones, impositivas, aduaneras y de la seguridad social, vencidas al 31 de mayo de 2016. La novedad es que la deuda de los aportes de autónomos se podrá ingresar sin intereses, al valor actualizado de la categoría. Asimismo, los agentes de retención y de percepción podrían incorporar los importes retenidos/percibidos y no ingresados, y las obligaciones fiscales por las operaciones que no hayan cumplido.
Por otro lado, se podrán incorporar las deudas de planes de facilidades que están caducos y reformular los que se encuentran vigentes. También, se permiten las deudas que se encuentran en discusión administrativa y judicial.
Habrá topes de intereses que se aplicarán, para las deudas tributarias, según los montos y períodos contemplados por la ley. La cancelación de las deudas podrá hacerse al contado, con una quita del 15% del capital; o mediante un pago a cuenta que va del 10% al 15%, según el tipo de empresa, y el saldo en un plan de facilidades de pago, aprobado por la AFIP, de hasta 90 cuotas mensuales.
NESTOR SCIBONA
Más que una ley ómnibus, el Senado acaba de sancionar una ley "tren": tiene tantos vagones como necesidades que el gobierno de Mauricio Macri apuesta a cubrir para movilizar la alicaída actividad económica y mostrar resultados a partir de 2017. O sea, cuando deberá rendir su primer examen político en las elecciones legislativas en busca de más votos y bancas en el Congreso.
El blanqueo de dólares, activos y propiedades no declarados, en el país y el exterior, es la locomotora de esta ley multipropósito de 97 artículos, aprobada en apenas un mes y con más votos opositores que los que podía presuponerse. Detrás van el pago de deudas y la mejora de haberes a 2,4 millones de jubilados y pensionados con o sin juicios ganados al Estado; la prestación universal a unos 60.000 adultos mayores no cubiertos por el sistema previsional; el "premio" a los contribuyentes cumplidores (exención de Bienes Personales hasta 2018, con elevación de los mínimos); la moratoria impositiva de hasta 90 cuotas sin multas ni intereses punitorios; la derogación en 2019 del impuesto a la ganancia mínima presunta; el estatus legal a los acuerdos con las provincias para restituirles en cinco años el 15% de coparticipación que le resta caja a la Anses y la posibilidad de recuperar una parte con el fin del cerrojo K que impedía la venta de las acciones de empresas privadas que integran su fondo de garantía (FGS). Al final de la formación se incluye además la creación de una comisión bicameral para proponer una reforma impositiva a partir de 2018, y un consejo de sustentabilidad para monitorear y elaborar un régimen previsional a largo plazo.
Antes de fin de julio, la AFIP dictará la reglamentación del blanqueo, que se convertirá así en la primera medida de magnitud del segundo semestre, en línea con la intención oficial de convertirlo en un punto de inflexión para las expectativas económicas. Pero también en una necesidad: mientras los mayores gastos que demandará el paquete previsional son cuantificables, los ingresos para cubrirlos dependerán de la incierta respuesta de los evasores confesos, hasta el 31 de marzo de 2017.
Según estimaciones privadas, los pagos a los jubilados y pensionados incluidos en la "reparación histórica" superarían el equivalente de US$ 10.000 millones, a través de un esquema de acuerdos judiciales y voluntarios con la Anses, similar al ofrecido a losholdouts. Esa cifra incluye el pago retroactivo en los próximos cuatro meses a los 400.000 jubilados que hace años les ganaron juicios al Estado. Quienes ya tienen sentencias a favor podrán cobrar 50% en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales ajustables; quienes iniciaron juicios sin obtener sentencia percibirán el retroactivo con un tope de 4 años (y un ajuste de haberes de 40% promedio si acuerdan con la Anses), y quienes no los hayan entablado tendrán un reajuste de 35% del haber mensual. La mayor parte de estos fondos se volcará progresivamente al consumo, especialmente durante 2017.
Como contrapartida, por cada US$ 10.000 millones que sean blanqueados (ingresen o no al país), la recaudación fiscal por única vez sería de 800 millones, considerando un pago promedio de 8% del impuesto especial por el blanqueo (cuyo costo va de 5 a 10% en 2016 y se eleva a 15% en el primer trimestre de 2017). La Casa Rosada dejó trascender inicialmente una estimación ultraconservadora de 20.000 millones, que supondría un ingreso fiscal equivalente a 1600 millones. No obstante, el tributarista César Litvin (ex titular de la DGI) calcula que esa cifra sería muy superior, basándose en el último blanqueo realizado en Chile, que a un costo de 8% alcanzó los US$ 20.000 millones y que aquí son mucho más voluminosos los ahorros fuera del circuito económico formal. Según el economista Orlando Ferreres, los residentes argentinos disponen dentro y fuera del país de unos US$ 400.000 millones (entre cuentas, activos y propiedades), de los cuales la mitad está declarada y el resto se mantiene en negro.
Más allá de esta incógnita fiscal, la apuesta oficial es que los dólares que reingresen al circuito permitan reactivar la demanda en distintos sectores y fortalecer al mercado local de capitales.
La nueva ley exime del impuesto especial a quienes suscriban (hasta el 30 de septiembre) un bono en dólares a 3 años y cupón de 0%, intransferible y no negociable, u otro a 7 años (hasta el 31 de diciembre), intransferible por 4 y con cupón de 1%. Esto permite al Tesoro financiarse casi sin costo. Otra opción sin costo es suscribir cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, destinados a proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pymes, economías regionales o préstamos hipotecarios ajustables por unidades de vivienda (UVI).
Por otro lado libera a quienes adhieran de toda acción civil o penal por delitos tributarios, cambiarios o aduaneros, así como del pago de deudas impositivas los últimos cinco años. Quienes ingresen moneda extranjera deberán depositarla en bancos por un plazo no menor a seis meses, salvo que adquieran inmuebles o bienes registrables.
Para empujar la adhesión al blanqueo, el titular de la AFIP, Alberto Abad, advirtió en el Encuentro de la División Impuestos de IDEA, que los acuerdos globales en el marco de la OCDE, le permitirán al organismo recibir a partir de 2017 información automática sobre saldos superiores a US$ 100.000 (al 30 de diciembre de 2015) en cuentas bancarias abiertas por residentes argentinos en 55 países, a los que se sumarán 27 en 2018 (entre ellos Suiza) y otros 19 en 2019 (entre ellos Brasil, Uruguay y Panamá), mientras se tramita un acuerdo bilateral con los Estados Unidos para combatir "delitos sin fronteras", como el lavado de activos, narcotráfico, trata de personas y financiamiento del terrorismo. Litvin, a su vez, diferencia entre el dinero "negro" (evasión) y "sucio" (lavado del narcotráfico), al referirse al rol de la UIF en la investigación del origen de los fondos. Y aconseja a los evasores no perder la oportunidad de conseguir el "antídoto" para evitar el pago de impuestos mucho más altos que el del blanqueo.
En síntesis, Macri busca con la nueva ley conseguir el voto de los jubilados que mejoren sus ingresos, para lo cual necesita además el voto de confianza o conveniencia de quienes evadieron dólares para poner en marcha la economía.
