DANIEL SANTORO
La sala II de la Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez por lavado de dinero y ordenó al juez federal, Sebastián Casanello, investigar a los funcionarios que le dieron unos 650 millones de dólares en obras públicas al empresario K, entre ellos, la ex presidenta Cristina Kirchner revelaron a Clarín fuentes judiciales.
Aunque no nombró a la ex presidenta, el fallo dice investigar a todos los funcionarios que dieron los contratos, en alusión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido y a Cristina. En el caso de la presidenta, del fallo se presume que podría haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El tribunal de alzada, en cambio, no decidió si aparta a Casanello de la causa de La ruta del dinero K a la espera de las pericias que ordenó para determinar si es cierto que el juez se reunió con la ex presidenta Cristina Kirchner en Olivos, tal como afirmó el dueño de Austral Construcciones.
En una extensa resolución, la sala integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, confirmó también el embargo de 100 millones de pesos sobre los bienes del empresario y la inhabilitación de sus cuentas bancarias, entre otras medidas dispuestas por Casanello.
La confirmación es en el primero de los dos procesamientos que Casanello dispuso contra Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco solo por el lavado de 5,2 millones de dólares a través de la cueva financiera conocida como La Rosadita a fines del 2012. Otro segundo procesamiento por la repatriación y blanqueo de 33 millones de dólares de Báez está pendiente de resolución.
La semana que viene Casanello tiene previsto indagar a los cuatro hijos de Báez por la cuenta en Suiza de la fundación Kinsky con 25 millones de dólares.
LUCÍA SALINAS
Nuevamente Santa Cruz es sede de allanamientos múltiples, en esta oportunidad no vinculados a Lázaro Báez, sino sobre propiedades de Los Sauces S. A., la empresa dedicada al rubro inmobiliario, propiedad de Cristina Kirchner, cuyos dos únicos clientes son el empresario K y Cristóbal López. La orden la libró el juez Claudio Bonadio y los procedimientos que son cerca de diez, comenzaron en simultáneo en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén.
Desde las 9, los efectivos federales de la delegación santacruceña, se reunieron para distribuir las tareas. Las órdenes provenientes del Juzgado de Bonadio alcanzan propiedades de la empresa de la ex Presidenta denunciada por la diputada Margarita Stolbizer.
Los Sauces fue una de las primera de las sociedades constituidas por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. Lo hicieron en 2006, con domicilio fiscal en la calle Alcorta 76 en la ciudad de Río Gallegos y un capital social de $ 100.000. "Esto es parte de las irregularidades, en dicha sede no se encuentra a la empresa ni tiene nada que ver con la misma, se trata de un domicilio ficticio", especifica la denuncia de la diputada nacional por el GEN, que llegaría a Tribunales este mediodía.
También dos edificios vinculados a Lázaro Báez integran el listado de allanamientos que iniciaron esta mañana en Santa Cruz. Casi enfrentados, se trata de dos complejos de departamentos ubicados sobre la calle Alvear. El primero, ubicado en la esquina es propiedad de Los Sauces SA y fue construido por Austral Construcciones. Incluso personal de la empresa, fue inquilina una vez finalizó el edificio.
El diagonal se encuentra otro conjunto de departamentos que pertenece a la constructora insignia de Báez y que según la diputada Stolbizer tanto la ex Presidenta como su anterior socio comercial, declaran ser propietarios. Allí también ingresaron los efectivos federales. En uno de los departamentos de ese complejo, vicio hasta hace un tiempo Leandro el menor de los hijos del empresario K.
Cerca de las 11 un grupo de federales se trasladaron a 9 de Julio 161, las oficinas de Victor Manzanares contador cercano a los Kirchner y responsable durante años, de realizar sus declaraciones juradas.
Los Sauces SA declaró como sede fiscal Alcorta 76, las primeras oficinas de Manzanares y responsable de manejar la documentación contable de la familia durante mucho tiempo. Los operativos que en simultáneo se realizan en Santa Cruz alcanzaron a un hombre clave de los números de los Kirchner.
El juez Bonadío allanó hace poco las oficinas de las empresas de Cristóbal López que tenían contrato de alquiler con las oficinas de Puerto Madero propiedad de Los Sauces SA.
Esta firma dedicada en su objeto social al rubro inmobiliario, lleva adelante la gestión del hotel boutique con el mismo nombre, propiedad de la ex Presidenta. Pero hasta 2015 la sociedad anónima no actualizó su directorio “ni presentó sus estados contables”, consta en la presentación judicial.
Con el correr de los años, Los Sauces S.A. fue presentando diferentes movimientos que fortalecieron los vínculos con Cristóbal López y Lázaro Báez, ambos apuntados por la Justicia: se convirtieron en los únicos inquilinos de las propiedades de esta empresa, garantizando ingresos millonarios a los Kirchner.
La empresa es propietaria de ocho inmuebles distribuidos en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y Buenos Aires: 2 lotes de terreno en el Calafate; 2 lotes de terreno en Rio Gallegos; 1 lote en el Chalten; 2 departamentos con cochera en Puerto Madero y 1 casa en Rio Gallegos. Todos los bienes son alquilados a Valle Mitre, Loscalzos y Del Curto y Kank y Costilla, propiedad de Báez; y a firmas de Cristóbal López, Alcalis de la Patagonia e Inversora M &S.
Báez y López, dos empresarios K apuntados por la Justicia, son los principales inquilinos de Los Sauces y quienes garantizan las ganancias declaradas año tras año.
Néstor Kirchner en 2009 declaró que le adeudaba unos tres millones de pesos a la empresa que continuó ampliando sus propiedades. Compró así un complejo en Puerto Madero, en el edificio Madero Center, por más de dos millones de dólares, cuyo único inquilino fue Cristóbal López a través de sus empresas Alcalis de la Patagonia (donde Sanfelice figura como empleado) e Inversora M & S (donde trabaja Romina Mercado, presidenta de Hotesur). Pagaban $ 2,8 millones y $ 220.825 respectivamente.
Esta firma, hoy bajo la lupa de la Justicia, no sólo vincula a los Báez y Cristina por los alquileres de inmuebles, sino también por las deudas. En 2009, la ex mandataria declaró $ 2,9 millones que adeudaba Los Sauces S. A. a Los Calzos y Del Curto, constructora del empresario K. La empresa, foco de una nueva denuncia, también declaró deudas con Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo por $ 922.834.
Entre las irregularidades que podría constituir falsificación de documentación, la abogada de Stolbizer, Silvina Martínez, explicó a Clarín que la residencia de Cristina Kirchner en Río Gallegos, en el Barrio Jardín, fue declarada inicialmente como una propiedad adquirida por Negocios Patagónicos (firma de Sanfelice) por $ 200.000. Sin embargo, “después consta que Los Sauces S.A. la compró por $ 250.000”.
En ese domicilio, permanece estos días sin exposición pública la ex Presidenta.
Todas estas propiedades están bajo la lupa de la Justicia y algunas están incluidas en la orden de allanamiento que fue enviada al sur.
La denuncia apunta contra la “falsificación de documentación” y diferencias en las declaraciones de los inmuebles.
Furiosa con los allanamientos en sus propiedades de Santa Cruz, la expresidenta Cristina Kirchner se descargó en una catarata de tuits en la que le pegó a los medios, a los jueces, a Mauricio Macri y denunció “abuso de poder y persecución política” hacia su persona.
“Debo ser la única ciudadana en la historia judicial argentina que es investigada por dos jueces federales de Comodoro Py EN FORMA SIMULTÁNEA SOBRE UNA MISMA CAUSA: Los Sauces S.A”, indicó e ironizó sobre la cobertura de la noticia: “Además, la sincronización informativa es sorprendente. Infobae, house organ de la embajada, en un ejercicio de clarividencia predijo el futuro: “allanarán… para incautar documentación”. Y en otro ejercicio de adivinación, TN “casualmente” se encontraba en Santa Cruz”.
También marcó diferencias con Mauricio Macri. “A propósito, ¿alguien sabe si al Presidente y su familia –todos involucrados en Panamá Papers- le allanaron sus casas, sus empresas o sus oficinas?” Y advirtió: “¿Creerán que de esta manera lograrán disciplinar a la dirigencia política, sindical o social opositora? Tal vez podrán con algunos, o tal vez con todos. Conmigo no”.
Río Gallegos. Abro mi computadora y accedo al portal de noticias de Infobae. Mi rostro aparece en primera plana bajo el título, con letras catástrofe: “Allanarán propiedades de una empresa de Cristina Kirchner¨, en la bajada: “Los operativos se realizarán en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén como parte de la causa Los Sauces”. Los allanamientos, como no podía ser de otra manera, los ordena Bonadío.
Debo ser la única ciudadana en la historia judicial argentina que es investigada por dos jueces federales de Comodoro Py EN FORMA SIMULTÁNEA SOBRE UNA MISMA CAUSA: Los Sauces S.A. Antes, el ensañamiento de Bonadío era Hotesur S.A, hasta que lo apartaron de la causa. Es más, el otro miembro de Comodoro Py, Julián Ercolini, ha ordenado una pericia integral sobre Los Sauces S.A. desde el año 2008 a la fecha. Es muy probable que como Bonadío allanó hoy las oficinas donde hay documentación de la sociedad, sustrayéndola, no se pueda hacer la pericia que el otro juez ordenó.
Pero no todo queda ahí. También allanaron departamentos propiedad de Los Sauces S.A. que están alquilados a terceros. Me dicen que a uno de los inquilinos, que no estaba en Río Gallegos, le rompieron la puerta a patadas. Hacía tiempo -décadas, diría- que no se veía un abuso de poder y persecución política semejante.
Además, la sincronización informativa es sorprendente. Infobae, house organ de la embajada, en un ejercicio de clarividencia predijo el futuro: “allanarán… para incautar documentación”. Y en otro ejercicio de adivinación, TN “casualmente” se encontraba en Santa Cruz. ¿Transmitirán en vivo y en directo los allanamientos arrasando los códigos vigentes y los más elementales derechos y garantías que la Constitución Nacional reconoce a cualquier ciudadano?
Esta no es la primera ni tampoco será la única causa que inventarán, ni la última “excursión de pesca”; lo vienen haciendo desde el año 2003 a la fecha. Nunca hubo en las últimas décadas presidentes más denunciados e investigados que los que ejercimos la primera magistratura desde el 2003 al 2015, y como nunca tuvimos cuentas en negro en el exterior, o bienes no declarados en el extranjero sustrayéndolos del fisco argentino, siempre han inventado sobre las DDJJ, que siempre en tiempo y forma hemos presentado ante la Oficina Anticorrupción desde que ejercimos cargos electivos nacionales y desde siempre ante la AFIP para pagar los impuestos al día.
No estamos en los Panamá Papers ni en ningún otro escándalo internacional. A propósito, ¿alguien sabe si al Presidente y su familia –todos involucrados en Panamá Papers- le allanaron sus casas, sus empresas o sus oficinas? ¿O la de alguno de sus funcionarios involucrados que lo acompañan desde el inicio de su gestión en el Gobierno de la Ciudad, que además provenían de las empresas familiares con altos cargos directivos? ¿O en las de sus primos y amigos contratistas de la obra pública?
¿Creerán que de esta manera lograrán disciplinar a la dirigencia política, sindical o social opositora? Tal vez podrán con algunos, o tal vez con todos. Conmigo no. No cuenten con ello. Podrán hacer mil allanamientos más, podrán televisarlos, podrán meterme presa, su claro objetivo... Lo que nunca van a poder tapar son las consecuencias de un plan económico que sólo distribuye pobreza para los trabajadores, las clases medias y los pequeños y medianos empresarios. ¡Y subordinación nacional para todos y todas!
