Más rápido menos cruento resultó el debate en el Congreso de la Ley Omnibus para el blanqueo de capitales y la regularización de deudas previsionales en la Argentina. El Senado completó la sanción de la norma impulsada por el Ejecutivo. Cooparticipación y asignación de fondos completaron el circuito de negociación política. Las claves y los pronósticos sobre el blanqueo que tanto ilusiona al gobierno de Mauricio Macri.
La flamante y coloquialmente conocida Ley Omnibus tiene como objetivo pagar deudas a los jubilados por sentencias y reajuste de haberes mal liquidados a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el dinero obtenido del blanqueo de capitales, que el Gobierno estima en un piso de 20 mil millones de dólares.
El Parlamentario sustrajo punto por punto lo más importante de la nueva ley que, finalmente, obtuvo sanción en el Senado.
I. Pago a jubilados
El núcleo del proyecto es la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional para que el Poder Ejecutivo firme acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron contra la ANSES por la mal liquidación de sus haberes. Este acuerdo implicará el cese del litigio a cambio de un pago en dos partes: 50 por ciento en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales consecutivas que se irán actualizando a lo largo del tiempo.
El pago de estos juicios, la actualización de los haberes y la nueva Pensión Universal a la Vejez serán financiados con los fondos del blanqueo de capitales que autorizará la futura ley y que irán al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
Sin embargo, la iniciativa también habilita la venta de acciones que la ANSES tiene en empresas privadas -producto de la estatización de las AFJP en 2008- para hacer frente a los pagos en caso de requerirlo. El Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogas, Metrovías, Edenor, Quick Food e Irsa son algunas de las compañías en donde la ANSES tiene acciones. Así, se deroga la ley sancionada por el kirchnerismo que prohibía vender las acciones sin autorización de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
Por pedido de la oposición, el oficialismo aceptó incluir un agregado que indica que las tenencias accionarias de la ANSES no deberán ser inferiores, en principio, al 7%.
La mencionada Pensión Universal a la Vejez beneficiará a mayores de 65 años y significará el 80% del haber mínimo. Pero además, se extendió por tres años más la moratoria previsional lanzada por los gobiernos kirchneristas para que aquellos que tengan la edad jubilatoria pero no los aportes necesarios puedan recibir la jubilación correspondiente, con el descuento de los aportes que no hicieron.
II. Blanqueo
Con respecto al blanqueo de capitales, tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2017 sin posibilidad de prórroga.
Fueron excluidos los tres poderes del Estado en los tres niveles de gobierno –nacional, provincial y municipal-, designados entre 1ro de enero de 2010 y el período de vigencia de la ley.
Tampoco podrán acogerse los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los funcionarios, los condenados por delitos tributarios con sentencia firme, los declarados en quiebra y las personas con procesamiento firme o no por lavado de activos y otros delitos, entre otros casos.
Si el total de bienes a exteriorizar es de hasta 305 mil pesos, se podrá blanquear a costo cero; hasta los 800 mil pesos, deberá pagarse un impuesto del 5%; y si el total es mayor a 800 mil, el impuesto es del 10% hasta el 31 de diciembre de 2016, y del 15% si el blanqueo se produce el primer trimestre de 2017.
No podrán ser objeto de blanqueo los fondos depositados en países denominados “de alto riesgo”, según la “lista negra” del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
III. Coparticipación e impuestos
Por otra parte, la iniciativa establece que la Nación financie el déficit de las cajas previsionales, extendiendo durante 90 meses la moratoria a 13 provincias que no las transfirieron. Es otro de los puntos atractivos para varios gobernadores.
El oficialismo accedió en la Cámara de Diputados a no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un tema que será discutido más adelante por la comisión bicameral que crea el proyecto; de todos modos, se mantiene la modificación en las alícuotas.
Más importante aún, se exceptuó del pago del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo a los trabajadores que tienen sus impuestos al día y están exentos del impuesto a los Bienes Personales, que ahora tendrá un piso de 800.000 pesos.
La ambiciosa iniciativa, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso bajo el título de “Régimen de Reparación Histórica”, obtuvo 56 votos a favor y 11 en contra, y, al igual que en la Cámara de Diputados, dividió en dos al Frente para la Victoria.
Mientras que el grueso del bloque liderado por Miguel Pichetto acompañó el proyecto -al igual que los senadores peronistas de San Luis y La Pampa-, el kirchnerismo duro referenciado en La Cámpora alzó duras críticas y se definió por el rechazo. Hubo una sola abstención, de Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur).
“Nunca he votado un blanqueo, pero lo voto por haber una asignación específica para la reparación a jubilados”, comentó Liliana Negre, mano derecha de Adolfo Rodríguez Saá.
Entre las voces más duras, la camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti sentenció que “este proyecto no tiene nada de reparador ni de histórico”, y que en cambio significa “una extorsión al federalismo y un retroceso atroz sobre el sistema previsional argentino”.
Al argumentar su posición, Sagasti aclaró que el capítulo referido a la devolución del 15% de los fondos coparticipables a las provincias debió haber ingresado por el Senado, por mandato constitucional.
También cuestionaron el proyecto la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y las santacruceñas María Ester Labado y Virginia García, cuñada del diputado Máximo Kirchner. “Dimos durante nuestro gobierno la posibilidad de que los que se llevaron el dinero lo traigan, y no fue exitoso”, aseveró Labado al recordar los anteriores blanqueos.
Otro reclamo recurrente fue por la cantidad de aspectos diversos que incluye la denominada “ley ómnibus”. “Estamos ante una trampa de varios proyectos en uno. Hay uno que seduce y es la vitrina de la ley”, se quejó “Pino” Solanas, el único que se abstuvo.
En tanto, el peronista sanjuanino Roberto Basualdo enfatizó que “no sólo hay que pagar la deuda externa, sino también la interna. Esta es una materia pendiente que tenemos como país”.
Al cierre del debate, Miguel Pichetto, jefe del bloque FpV-PJ, adelantó su voto a favor, pero aclaró: “No creo que se termine el proceso de judicialización”.
Pichetto reivindicó el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, al destacar que “permitió incluir a muchos trabajadores que no tenían los aportes hechos” al sistema previsional, y además “venía cumpliendo y asignando una masa de recursos importante cada año al pago de sentencias”.
Por último, el jefe del bloque radical, Ángel Rozas, enfatizó que “esta trascendente iniciativa pone a prueba el carácter social y federal del Gobierno nacional y viene a saldar con sensatez y equidad las deudas internas más serias que tenemos los argentinos, con los juicios de los jubilados por una parte, y con las provincias por otra”.
A favor (56)
Juan Manuel Abal Medina, Eduardo Aguilar, Hila Aguirre, José Alperovich, Walter Barrionuevo, Roberto Basualdo, Inés Blas, Miriam Boyadjián, Néstor Braillard Poccard, Salvador Cabral, Carlos Caserio, Oscar Castillo, Julio Catalán Magni, Julio Cobos, Alfredo De Angeli, Graciela De la Rosa, Norma Durango, Silvia Elías de Pérez, Carlos Espínola, Liliana Fellner, Cristina Fiore, Silvia Giacoppo, Pedro Guastavino, Juan Manuel Irrazábal, Ada Itúrrez, Sigrid Kunath, Jaime Linares, Daniel Lovera, Alfredo Luenzo, Teresita Luna, Juan Carlos Marino, Alfredo Martínez, Ernesto Martínez, José Mayans, Dalmacio Mera, Beatriz Mirkin, Gerardo Montenegro, Liliana Negre, Magdalena Odarda, José Ojeda, Mario Pais, Guillermo Pereyra, Omar Perotti, Daniel Pérsico, Luis Naidenoff, Miguel Pichetto, Federico Pinedo, Carlos Reutemann, Marina Riofrío, Laura Rodríguez Machado, Adolfo Rodríguez Saá, Ángel Rozas, Rodolfo Urtubey, Marta Varela, Pamela Verasay, Gerardo Zamora.
En contra (11)
Ana Almirón, Lucila Crexell, Anabel Fernández Sagasti, Marcelo Fuentes, Virginia García, Sandra Giménez, Ruperto Godoy, Nancy González, María Ester Labado, María Inés Pilatti Vergara, María de los Ángeles Sacnun
Abstenciones (1)
Fernando “Pino” Solanas
Ausentes (4)
Silvina García Larraburu, María Laura Leguizamón, Carlos Menem, Juan Carlos Romero.
La historia en materia de blanqueos desde la recuperación democrática se inicia obviamente con Raúl Alfonsín, quien además de tener que lidiar con militares aún jóvenes y levantiscos, tuvo que vérselas con una economía en crisis, producto de una herencia calamitosa, una deuda externa colosal, y errores propios, claro está. La primavera alfonsinista alcanzó para superar con éxito las elecciones de 1985, con el Plan Austral como punta de lanza. Cuando los problemas amenazaban con desmadrarse, se decidió impulsar una ley de blanqueo de capitales, resistida en un principio incluso por el propio ministro de Economía Juan Vital Sourrouille, quien desbordado por los desequilibrios presupuestarios y la urgencia de recaudar fondos para atender el déficit del Tesoro y mantener vivo el Plan Austral terminó accediendo.
La Ley 23.495 fue aprobada el 11 de febrero de 1987 y promulgada el 3 de marzo venidero. El régimen establecido preveía la normalización de impuestos a las Ganancias, sobre los beneficios eventuales, sobre los capitales, al patrimonio neto; al impuesto al valor agregado e internos, y un régimen de condonación de sanciones y remisión de intereses.
En 1992, a tres años de haber asumido; esto es, cuando transitaba la mitad de su mandato de 6 años. Carlos Menem impulsó ese blanqueo de capitales a través de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, y supo ser comparado con el blanqueo de fondos que en 2013 se impulsó durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
"Tráigala de vuelta… y póngala a producir”. El blanqueo sugería el retorno al país de ahorros en moneda extranjeras y depositarlos por un mínimo de 180 días en el Banco Nación, u otra entidad financiera que adhiriera expresamente a destinar esos fondos a créditos para la actividad productiva. Podía blanquearse además la tenencia de divisas en el país, siempre y cuando se tratara de valores iguales o inferiores a 500 mil pesos, y en esos casos tampoco era necesario declarar el origen de esos fondos.
El primer blanqueo K, fue promovido como “repatriación de capitales”, el impulsado en 2009 terminó siendo prácticamente un blanqueo de fondos que ya estaban en el país. El proyecto establecía que quienes blanquearan fondos sin repatriarlos, deberían abonar una tasa del 8% sobre el monto, en tanto que los que trajeran el dinero al país deberían pagar una alícuota del 6%. Si los invertían en compra de títulos públicos, la tasa bajaba al 3%, pero ascendía al 5% si se hacía en un plazo mayor a los tres meses, pero menor a los 24.
El anuncio del egundo blanqueo de la era K fue hecho el 7 de mayo en una conferencia de prensa brindada por el ministro de Economía Hernán Lorenzino, su viceministro Axel Kicillof, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y la presidenta del BCRA Mercedes Marcó del Pont.
“La idea es transformar ahorros en nuevas inversiones”, sostuvo entonces Lorenzino, mientras que Kicillof indicaba que “la poca confianza en la moneda ha llevado a atesorar fortunas no declaradas en dólares” y que la intención era “encauzar (esos ahorros) hacia el activo más rentable de nuestra economía, que es la inversión en energía y en construcción”. El viceministro de Economía explicó que “hubo 50 años donde han ocurrido devaluaciones recurrentes” por las cuales “la moneda argentina fue perdiendo solidez” y los argentinos incorporaron una “tendencia a ahorrar en dólares”.
