JOAQUÍN VILLARINO
En su discurso del 21 de mayo la Presidenta de la República resaltó la importancia que tiene el sector minero como pilar para el desarrollo del país, señalando la responsabilidad que le cabe a la gran minería en impulsar el crecimiento económico. En el sector valoramos este reconocimiento, sin embargo es importante notar que la capacidad y velocidad de implementación de iniciativas de inversión, particularmente en este sector, no depende exclusivamente del mundo empresarial.
El Ministerio de Minería señala que para el desarrollo de un proyecto minero se pueden necesitar 219 permisos, involucrando al menos a 28 entidades públicas. En la realidad existen proyectos que han requerido más de 600 permisos con los consiguientes costos de tramitación, tiempo de implementación y recursos humanos dedicados exclusivamente a la “permisología”.
Parte de ellos busca resguardar aspectos ambientales, pero en muchos casos, la existencia de varios permisos en paralelo, con distintas contrapartes, por temas que se superponen o duplican, no necesariamente cumple con el fin de resguardar una componente ambiental y sólo aumenta la dificultad de desarrollo de una inversión.
Creemos que los proyectos deben desarrollarse de manera sustentable con las comunidades y el entorno. Así lo reflejan nuestros principios y los de nuestros socios. Creemos en una minería virtuosa, incluyente y sostenible, pero para poder proyectar su desarrollo a largo plazo, debemos pensar en optimizar los requerimientos para operar.
Por ello nos preocupan las materias en discusión a nivel del Ejecutivo y en el Congreso, ya que pueden significar un aumento de trámites y requerimientos, sin necesariamente realizar un análisis integrado de lo que buscamos resguardar. El caso más notorio tiene que ver con el ordenamiento del territorio, donde tenemos a los ministerios de Medio Ambiente, Energía, Bienes Nacionales, Vivienda y Economía, Fomento y Turismo, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, regulando el territorio de manera sectorial y sin la necesaria coordinación. Lo mismo se observa en la regulación de los recursos hídricos: un estudio del Banco Mundial del 2013 identificó 102 funciones necesarias para la gestión del agua, con 43 actores institucionales, incluyendo organismos de gobierno y autónomos, y organizaciones de usuarios de agua. Esperamos que este nivel de dispersión no sea el caso de materias de mayor complejidad que ya están en la discusión pública como son el Cambio Climático o la Biodiversidad.
Como Consejo Minero hemos participado en instancias público - privadas de discusión de visiones de largo plazo que promuevan el desarrollo sustentable de proyectos de inversión. Como un buen ejemplo podemos resaltar la Comisión Presidencial para evaluar el SEIA, instancia que nos permitió analizar los problemas que se observan en el sistema y preparar propuestas de mejora. Esperamos que este tipo de iniciativas puedan ser replicadas en otras materias para disminuir las dificultades administrativas y de gestión asociadas al desarrollo de proyectos, sin dejar de resguardar las materias ambientales y mejorar el relacionamiento con comunidades, para que efectivamente la minería continúe siendo un pilar del desarrollo del país.
