Tras meses de letargo, la causa judicial que involucra al gremialista Omar Enrique Suárez se reactivó y da la sensación de que podría avanzar a ritmo de machete.
Procesado por haber entorpecido vías navegables y extorsionar a empresarios, ahora lo investigan por fraude y encabezar una asociación ilícita. Detrás de esta nueva acusación, se distingue una maniobra para desviar fondos que incluye a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal) y Exequiel Espinosa (ex titular de Enarsa).
Por un convenio entre el ministerio que encabezaba De Vido, Enarsa e YPF, a partir de 2008 la Argentina comenzó a importar gas licuado. Sirvió de excusa perfecta para que Suárez, líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), les reclame a las agencias marítimas un aporte por cada trabajador en concepto de "capacitación", con el argumento de que los tripulantes de los buques regasificadores debían manejar el idioma inglés.
Según la intervención judicial que desplazó en febrero a Suárez del SOMU, esas capacitaciones nunca se realizaron y las contribuciones patronales terminaron en las cuentas de la Fundación Azul, dependiente del sindicato, y la empresa San Jorge Marítima SA, en cuyo directorio está Suárez.
La triangulación habría sido así: el pago en vez de ir directamente al SOMU y de allí a la escuela de capacitación marítima Omar Rupp, ingresaba en un primer momento a la Fundación Azul y luego a la empresa San Jorge, de cuyo paquete accionario el gremio posee el 20%.
En 2011, el SOMU y Enarsa, representada por la firma Marítima Meridian, firmaron convenios en los que se aplicó este mecanismo de distribución.
El empresario Jorge Samarín, de Marítima Meridian SA, también sería citado a declarar. Los investigadores sospechan que actuó en tándem con Espinosa, el hombre de De Vido en Enarsa.
Gladys González, interventora del SOMU, rastrea por estos días la ruta del dinero en cuentas del Banco Nación y en los registros contables de la Fundación Azul y San Jorge Marítima.
En el informe de 12 páginas que González le entregó en mano al juez Rodolfo Canicoba Corral, se sugiere investigar a De Vido, a Espinosa y a la subsecretaría de Vías Navegables.
"La defraudación no sólo se configuraría respecto de los afiliados y del sindicato, sino también respecto del Estado, que, en definitiva, terminaba pagando abultadas sumas de dinero por el sobreprecio que significaba esta contribución injustificada, dado que las empresas naturalmente trasladaban el costo al importador", considera la interventora.
¿Cuánto dinero se desvió? González no puede precisar hoy un monto. Sin embargo, según los registros contables de San Jorge Marítima, serían millones de dólares.
A modo de ejemplo: entre junio de 2010 y julio de 2012, en el marco de los acuerdos entre V. Ship Agency y Oceanway con el SOMU, ingresaron en concepto de "capacitación" unos US$ 5.000.000. Son apenas dos tratos con agencias privadas. Se firmaron muchísimos acuerdos más de este tipo.
"La llegada de los buques regasificadores se dio con el aval del «Caballo»", reconoce a LA NAION un ex funcionario de la Administración General de Puertos durante la gestión kirchnerista.
Entre otras irregularidades, la intervención detectó que dichas capacitaciones no eran necesarias o que ya eran abonadas, a precios mucho más bajos, por el propio gremio. Así consta en los balances contables del SOMU, en los que se detallan los fondos destinados a la escuela de capacitación Omar Rupp.
Además del desvío de fondos derivados de los presuntas capacitaciones, se encontraron "exorbitantes" sobreprecios en compras directas; utilización de fondos de los afiliados para el uso personal de algunos directivos; multiplicidad y superposición de tareas y cargos, y la "ausencia total" de procedimientos y contratos para la adquisición de servicios. Suárez no respondió anoche a las llamadas de LA NACION.
La intervención del SOMU se originó a partir de una serie de denuncias que activaron ocho opositores al "Caballo" que fueron expulsados del gremio. Ninguno de ellos fue aún reincorporado a la organización sindical.
Alejandro Giorgi, uno de los desplazados, denunció el año pasado en la Justicia el desvío de los fondos de las supuestas capacitaciones y también apuntó contra Enarsa.
Por entonces, Canicoba Corral no estaba decidido a darle impulso el expediente de Suárez, un aliado del kirchnerismo. Con el cambio de gobierno, el juez cambió ahora de actitud.
