El diario La Nación dedica su tapa de hoy a las tramitaciones del juez Rodolfo Canicoba Corral sobre las múltiples imputaciones al hijo dilecto de Cristina Kirchner en el sindicalismo, tal como ella misma lo definía.
La minería lo recuerda bien, por haber sido beneficiaria de la Resolución Nª 12 que obligaba a la actividad a exportar su producción en navios de bandera argentina.
La beneficiaria era Martítima Maruba, la naviera en la cual Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) es accionista importante desde 2010. En rigor no tenía barcos para el flete mineral, según las empresas del sector, sino banderitas para colgarles a buques extranjeros alquilados.
La norma, resistida por las mineras (sólo los chinos MMC Sierra Grande daban la cara amparados por el poder de fuego que le da a los asiáticos el negocio de la soja con Argentina), todavía está vigente. A casi siete meses cambio de rumbos políticos y económicos, pese a las promesas de la actual conducción de la Secretaría de Minería de la Nación.
Esa resolución fue dictada junto con la Resolución Nº13/2012, que obligaba a las mineras a entregar al departamento de Sustitución de Importaciones para que trabajara en coordinación con la recordada Mesa de Homologaciones Mineras.
En virtud de esta última norma, la hoy devaluada diputada riojana Griselda Herrera promovió el Día del Proveedor Minero Nacional. Una actividad noble esforzada que merecería otra efemérides. Como pasaba en ese momento todo proyecto oficial era ley.
Los negocios de Suárez con la minería no llaman la atención de la prensa nacional, por el momento.
Normas: Las resoluciones mineras 12 y 13 (2012)
LA NACIÓN HOY:
El líder del gremio de los marítimos, Enrique Omar Suárez, a quien Cristina Kirchner describía como uno de sus sindicalistas "favoritos", atraviesa hoy su peor momento en la Justicia. Tiene el gremio intervenido, está procesado por haber entorpecido vías navegables y acaban de ampliar la acusación en su contra. Lo indagarán como supuesto jefe de una asociación ilícita.
El lunes próximo deberá presentarse a declarar ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Los cargos en su contra incluyen, además del de haber sido la cabeza de una supuesta banda delictiva, sospechas de "extorsión" y de "administración fraudulenta" en contra del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que encabezó desde 1992, y de la obra social del gremio. Así lo informaron a LA NACION funcionarios que trabajan en el caso.
Ex aliado de Hugo Moyano, Suárez, a quien todos conocen como "Caballo", fue menemista, duhaldista y kirchnerista. Hoy, Mauricio Macri habla de él como un símbolo de los abusos y las mafias. La embestida del Presidente contra este sindicalista fue tan fuerte que el mes pasado tensó la relación del Gobierno con buena parte de la dirigencia gremial.
En 2014, Suárez anunció que buscaría su sexto período al frente del gremio y dijo que lo hacía porque el papa Francisco quería que siguiera por cuatro años más. El destino no se lo permitió. Su sindicato fue intervenido el 18 de febrero pasado.
Desde entonces, los documentos a los que accedieron los interventores hicieron que el fiscal Gerardo Pollicita ampliara la investigación contra Suárez por delitos más graves que aquellos del primer procesamiento. También, que Canicoba lo llamara a esta nueva indagatoria.
Fuentes judiciales relataron a LA NACION que hoy tienen pruebas, por ejemplo, de que Suárez extorsionaba a empresas pidiéndoles donaciones para supuestos cursos de capacitación de afiliados y derivaba fondos a una sociedad anónima llamada San Jorge Marítima, que tenía a Suárez entre sus directores y pertenecía en un 20% al gremio y el resto, a privados. También hay pruebas de que exigía documentación a los buques, arrogándose una autoridad que no tenía, bajo amenaza de no enviarles a los remolcadores.
Por los nuevos cargos, el juez lo había citado a declarar ayer, pero la indagatoria no se concretó. La defensa de Suárez presentó un escrito en el que dijo que uno de sus abogados estaba enfermo, acompañó un certificado médico y pidió una postergación. El juez accedió y fijó una nueva cita para el lunes a las 11.
Ayer, Canicoba decidió además enviarle la causa al fiscal para avanzar en la elevación a juicio de la primera parte de este expediente, esa en la que Suárez ya tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal por dos delitos: entorpecimiento de las vías navegables y puesta en peligro de la seguridad de una embarcación.
En esta primera parte de la causa, Suárez está procesado por haber ordenado a sus marineros que no remolcaran o que impidieran navegar a gigantescos buques portacontenedores o barcos cargados con millones de litros de combustible, con los consiguientes peligros que eso implicó.
De acuerdo con la hipótesis que se investiga, los barcos de las navieras que se negaban a pagar lo que ilegalmente se les exigía quedaban frenados. Junto con Suárez son investigados otros dos directivos del gremio, Rigoberto Suárez y Jorge Vargas.
Este verano, la decisión de Canicoba de intervenir el SOMU fue un presagio de lo que se avecinaba para la vieja cúpula del sindicato.
Cuando tomó aquella medida, el juez consideró a Suárez "un peligro" para el gremio y sostuvo que la intervención era necesaria "a efectos de evitar la comisión de otros ilícitos". La gente de Suárez apeló y presentó una queja ante el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que no prosperó.
La comisión interventora nombrada entonces estaba integrada por Santiago Viola (designado por el juez), Jorge Alonso (por Triaca) y Gladys González (por el Poder Ejecutivo).
Viola es un abogado que este año asumió la defensa de Leandro Báez, el hijo de Lázaro Báez. Fue quien llevó adelante la estrategia de recusación contra el juez Sebastián Casanello por una supuesta visita del magistrado a la quinta de Olivos durante la presidencia de Cristina Kirchner. Viola ya no integra más la comisión. Renunció.Tampoco Alonso. Sólo quedó González, que es diputada nacional de Pro. El juez la ratificó en el cargo.
Extorsiones, amenazas, desvío de fondos, sobreprecios, bloqueo de puertos y negociados oscuros. La lista de denuncias y sospechas que pesan sobre Enrique Omar Suárez avanzó sigilosa mientras ejercía el poder absoluto sobre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y estalló con la intervención del gremio por parte de la justicia federal.
Conocido como "Caballo", Suárez se perpetuó durante casi tres décadas como jefe del SOMU a la vez que sedujo a los gobiernos de turno. Integró una patota que se decía partidaria de Aldo Rico y tomó por asalto el gremio en 1989. Escaló rápidamente en el poder como chofer y guardaespaldas del secretario general para, en 1992, acceder al puesto máximo del sindicato. De allí no se movió durante seis períodos consecutivos.
Pasó de seguidor del ex jefe carapintada a proclamado menemista. Llegó a coquetear con Duhalde y después de 2003 comenzó una carrera para acceder al título de ultrakirchnerista. Su fiesta de graduación fue en mayo de 2012, en Angola: para llegar, cruzó los mares en el buque que llevó 1500 toneladas de productos argentinos a la feria criolla que organizó el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno.
Esa travesía le valió el premio mayor. En el cierre de la misión, la entonces presidenta Cristina Kirchner lo elogió como uno de sus "sindicalistas favoritos" y alguien a quien quería "mucho".
Suárez siempre se jactó de su buena relación con el Vaticano. Fue invitado por la mandataria a una audiencia de 105 minutos con Francisco, de la que fue un "testigo de excepción", según describió el sitio web del SOMU. En el sindicato incluso funcionó la "Radio Papa", que fue dirigida por la periodista amiga del Sumo Pontífice Alicia Barrios.
A la par de su actividad gremial, Suárez montó un holding de empresas alrededor del SOMU, casi todas vinculadas al negocio portuario, en donde colocó a allegados y familiares. Entre ellas, Mercantes SA, la firma que fue favorecida con el 30% de Maruba, única naviera de bandera argentina con presencia en los tráficos marítimos internacionales.
Suárez militó por la candidatura presidencial de Daniel Scioli con la intención de perpetuar su gestión en el sindicato. El año pasado, quiso asegurarse su lugar de poder y adelantó los comicios en el gremio. A pesar de que una resolución del Ministerio de Trabajo se lo impedía, siguió su propio juego y, tras una oscura elección, logró renovar.
Pero la llegada del macrismo al gobierno trastocó sus planes. En la Casa Rosada comenzaron a observarlo como un símbolo de la corrupción y denunciaron los negocios en la órbita del puerto. En febrero, el juez Rodolfo Canicoba Corral apuró la intervención del SOMU y "Caballo" debió correrse de su histórico bastión.
Una auditoría de la comisión interventora del sindicato dejó al desnudo sus desmanejos. Entre otros: exorbitantes sobreprecios, utilización de fondos de los afiliados y hasta el robo de 32 autos.
A su complicada situación judicial se sumaron más acusaciones. En junio, el empresario naviero Máximo Padilla, dueño de la empresa Petrotank, denunció públicamente la existencia de "patotas" y "mafias" en el SOMU. La diputada de Pro Gladys González, una de las interventoras del gremio, aseguró que fue amenazada de muerte por un dirigente que respondía a Suárez.
Tras años en los que pudo moverse como amo y señor de los puertos, ahora deberá presentarse en los tribunales acusado como mandamás de una asociación ilícita.
