JUAN SALDARRIAGA
La masificación del gas natural fuera de Lima e Ica constituye una historia agria para este gobierno. A tres años de lanzada, ni una sola molécula del hidrocarburo ha beneficiado a las regiones, aun cuando se han trabajado varias iniciativas diferentes: tres a cargo de Pro Inversión y dos a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
De estas, las tres primeras continúan avanzando (aunque con más de un año de retraso) mientras que las dos últimas han tenido un amargo desenlace. Nos referimos a la concesión de gas natural para Piura (que no se concretó, tras dos años de dimes y diretes) y al proyecto de masificación del gas natural en diez ciudades altoandinas, proceso adjudicado a Graña y Montero Petrolera (GMP) por el MEM en el 2013.
Ambos están saliendo del portafolio de proyectos gasíferos, según manifestó Rosa María Ortiz, ministra de Energía y Minas, en reunión con la prensa.
“La concesión para Piura se evaluó en su momento, y se determinó que la propuesta no era conveniente y se denegó. No obstante, la empresa [Promigas] ha presentado un recurso de reconsideración ante la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) y aún puede apelar ante el viceministerio de Energía”, indicó Ortiz.
Agregó que similar suerte ha corrido el proyecto de masificación del gas en 10 ciudades altoandinas, debido a que GMP no lo pudo ejecutar.
“El tema de Graña y Montero Petrolera no avanzó. Por el contrario, terminó en arbitraje. Por eso, se sacará ahora un proyecto integral [a cargo de otro operador] que incluirá más componentes, como ocurre con las concesiones de GNL en el sur y norte del país”, detalló la funcionaria.
Dicho proyecto será concesionado a inicios del 2017 para dar tiempo a que Pro Inversión lo reestructure y a que el MEM rescinda el contrato con GMP, según señaló Raúl Pérez-Reyes, viceministro de energía.
Fuentes del sector aclararon, no obstante, que la decisión de rescindir el contrato nació de la misma empresa petrolera, debido a que el MEM se negó a implementar una adenda que permitiría destrabar el proyecto.
“GMP inició el arbitraje con el Ministerio de Energía y Minas debido a que el contrato se volvió inejecutable por causa ajena”, señalaron a Día1.
Según esta versión, el proyecto de masificación se trabó cuando el gobierno de Ayacucho hizo patente que no tenía dinero para comprar ni sanear los terrenos, donde GMP debía construir la estación de compresión que alimentaría el gasoducto virtual (transporte del gas en camiones).
Pese a que esta era una responsabilidad estatal (Asociación Público Privada), la petrolera decidió adquirir el terreno por cuenta propia, en la seguridad de que el gasto le sería reconocido con fondos del Fise a través de una adenda esbozada por la DGH.
Paralelamente, la empresa cumplió con recabar las licencias municipales y estatales, los módulos de transporte y los equipos para la futura estación de compresión y las siete estaciones de servicio (grifos), que se había comprometido a implementar. Una inversión de más de US$10 millones.
El problema ocurrió cuando el MEM comunicó a GMP que no podía suscribir la adenda del contrato. Como consecuencia, la petrolera abrió un arbitraje para cancelar el proyecto y solicitar la devolución de su inversión.
Tras el fracaso en el otorgamiento de la concesión para llevar el gas natural a Piura, Rosa María Ortiz señala que la concesión de gas para Piura (Promigas) debe ser retomada, pero por Pro Inversión.
La concesión, conducida por la DGH, estuvo marcada por escándalos y líos judiciales. Consultores en energía, como Álvaro Ríos, director de Gas Energy, coinciden en señalar que el MEM y la DGH no deben conducir concursos públicos en energía, porque no están capacitado para gestionarlos.
