La Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) hace tiempo que ha dejado de exponer posturas en común. El distanciamiento entre gobernadores tras las elecciones contribuyó en parte, en especial a las dos principales provincias como son Chubut con Mario Das Neves y Neuquén con Omar Gutiérrez. La semana pasada se reunieron para rearmar la agenda.
La última muestra de unidad fue con la confección de la reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos, en 2014. En aquel momento se plantaron ante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner e iniciaron un proceso de negociación que terminó en la nueva legislación que regula a los no convencionales y les da beneficios impositivos a los proyectos complejos como offshore, terciarios y crudos pesados.
Otro rol tuvieron con la renacionalización de YPF en 2012. En marzo de ese año, los ex gobernadores Martín Buzzi de Chubut y Daniel Peralta de Santa Cruz realizaron un acto en Ramón Santos donde le revirtieron áreas a la YPF privada controlada por Repsol. Un mes después, la entonces Presidente anunciaba el proyecto de ley que terminó con una empresa controlada por el Estado nacional y participación en la mesa directiva de las provincias de OFEPHI.
Das Neves mandó a sus legisladores en el Congreso a que impulsen la creación de un Fondo Anticíclico Hidrocarburífero. La herramienta serviría para acopiar recursos económicos en épocas de bonanza, orientarlos al desarrollo de infraestructura para los pueblos petroleros y mitigar el impacto de una crisis cuando los precios internacionales no acompañan.
La OFEPHI está compuesta por las diez provincias donde hay explotación activa de petróleo y gas: Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ya tiene un cuarto de siglo de existencia y ha sido organismo de consulta en distintas oportunidades como la privatización de YPF, la Ley Corta -que traslada la propiedad de los recursos naturales a las provincias-, la reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos y, curiosamente, la renacionalización de YPF.
El nucleamiento se remonta a 1984, cuando los gobernadores comenzaron a realizar una serie de encuentros para acentuar la presencia y la participación de los Estados productores en el diseño y la planificación de la política del sector. En 1986, en la ciudad de Formosa, tuvo lugar la IV Reunión de Gobernadores y ahí los mandatarios decidieron crear oficialmente la institución.
En un informe institucional de julio de 1991 la OFEPHI ofreció una síntesis de su desempeño durante sus primeros años de existencia. El documento aludía a la reivindicación de la propiedad provincial del subsuelo como "principio irrenunciable", a la necesidad de contar con sistemas de liquidación de regalías seguros y dignos de confianza, y de participar en los Entes estatales y empresas del Estado vinculadas con el sector, entre otros tópicos.
Uno de los principales servicios de la OFEPHI a sus miembros fue con los juicios contra el Estado nacional por deficiencias en la liquidación de regalías, mora y desagio. La institución asumió el rol de coordinador en los arreglos extrajudiciales que concluyó en el reconocimiento de parte del Estado nacional de una deuda a favor de las provincias productoras que fue del orden de los U$S3.200 millones más ajustes e intereses.
Otro fue el tono de la Declaración de Ushuaia, resultante de la XI Reunión de Gobernadores que tuvo lugar el 23 de octubre de 1993 en dicha ciudad. "Hemos acompañado la profunda transformación de la actividad hidrocarburífera, aseguraban los mandatarios firmantes, pero para su legitimación plena, ésta debe significar un nuevo escalón en la promoción e integración de nuestras regiones." En la Declaración de Ushuaia la OFEPHI se refirió a la demora en resolver el reclamo de la Provincia de Tierra del Fuego, que había quedado marginada al momento de recalcular las regalías mal liquidadas, a la postergación de la definición del Gasoducto Norte, y a los descuentos arbitrarios para el cálculo de regalías "que aparecen como convalidados por las autoridades nacionales de aplicación".
La propiedad de los recursos mineros e hidrocarburíferos es de las provincias, de quienes depende su administración. Sin embargo, los municipios alzan la voz porque están cerca de los conflictos, los eventos ambientales y la falta de presupuesto para desarrollo. Es por eso que plantean su propia federación que complemente a la OFEPHI en tanto organismo federal.
