A poco más de un mes de finalizar su gestión, la titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Rosa María Ortiz, hizo un balance de lo actuado en minería, gas y energía en los cinco años del gobierno de Ollanta Humala.
En el sector minero, resaltó el monto de inversiones recibidas que entre el 2011 y 2015 aumentaron 267%, en comparación con el período anterior liderado por el ex mandatario Alan García. Durante este gobierno la cifra minera alcanzó los US$42.076 millones, frente a los US$ 11.458 millones invertidos en el período anterior.
De acuerdo al MEM, durante este gobierno se desarrollaron 16 proyectos, entre los que destacan Las Bambas, la Ampliación de Cerro Verde, Toromocho, Constancia, La Arena, Tantahuatay, Mallay, Colquijirca, Invicta, entre otros.
Con estos nuevos proyectos en producción, la producción de cobre registró un crecimiento de 36.4 %, posicionando al Perú como segundo productor del metal rojo, detrás de Chile.
FORMALIZACIÓN MINERA
Otro de los "éxitos" que resaltó la ministra Ortiz fue el proceso de formalización minera, pese que hasta la fecha solo se han logrado formalizar el 7% de los mineros inscriptos.
El plan de formalización ha sido ampliamente criticado por políticos y empresarios del sector. Para Ortiz, la culpa es de los gobiernos regionales que "hacen poco o nada para que los mineros inicien sus procesos de formalización, y no van al mismo ritmo que el Gobierno Central".
Queda pendiente alguna modificación para mejorar este acceso para lograr que más mineros se formalicen, pero para ello también es necesario que los gobiernos regionales involucrados trabajen al mismo ritmo que el Gobierno Central”, comentó a la Agencia Andina.
Agregó que en las normas existentes hay un trámite que debe ser cumplido por los gobiernos regionales. “En ese aspecto, por ejemplo, Madre de Dios no avanza nada. No podemos seguir adelante. Por ello, una solución podría ser que el Gobierno Central recupere esa facultad cuando los gobiernos regionales no funcionan”, manifestó.
Las cifras oficiales indican que hasta la fecha han pasado a la formalidad 1.656 mineros, la mayoría en Puno y Piura. El saldo restante que promete Pulgar Vidal para este año serían de las regiones de Arequipa (unos 2.000) y La Libertad.
Uno de los grandes temas pendientes que deja este gobierno es el desarrollo de Tía María. Sobre este proyecto cuprífero, Ortíz señaló que el problema por el que no ha salido es que Southern no hizo bien su trabajo; no sociabilizó adecuadamente con la gente del lugar. “Se piensa como hace 40 años, que sociabilizar significa pintarle sus casas a la gente”, comentó.
ENERGÍA E HIDROCARBUROS
El gobierno de Ollanta Humala se enfocó más en los proyectos energéticos, sumando más centrales hidroélectricas como la de Chaglla, Olmos 1, Cheves, Tocache I y II, Mapupichu, Chadin, entre otras, sumados a los parques eolícos de Talara y Marcona.
La deuda pendiente está en la gran promesa de la masificación, eje de campaña de Humala en 2011, y el reclamo de las petroleras por los pocos incentivos para la exploración y explotación de lotes petroleros.
El gas del Lote 56 y la renegociación de contratos ha cobrado vida en los últimos meses, siendo el eje de la campaña política.
Para la ministra de Minería, renegociar ahora el contrato de este lote beneficiaría de forma directa al consorcio Peru LNG. “Respeto lo que dicen los políticos, creo que en este momento no hay mucha capacidad de negociar el contrato de exportación; al contrario, las empresas pedirían que se les cambie la regalía mínima, porque les está haciendo incurrir a ellas en más gastos, no sería en beneficio del Estado”, dijo.
“No se puede negociar en bloque, como lo plantean la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Cada empresa del sector debe presentar la solicitud a Perú-Petro", dijo Ortiz y explicó que esto se debe a que algunas empresas pagan regalías superiores al 50%, mientras que en otros casos éstas solo representan el 5%.
La ministra Ortiz adelantó que la asociación entre GeoPark y Petroperú para el desarrollo del Lote 64 se encuentra totalmente subsanada en sus observaciones. “De aquí (MEM) salió y pasó, entiendo que hubo algunas observaciones en el MEF pero ya están levantadas porque el privado es quien asume todo”, aseguró.
Otro de los temas a que se refirió Ortiz, es a la construcción del Gasoducto Sur Peruano, que ha solicitado una nueva adenda, y que aún el MEM no se ha pronunciado.
"Estamos dentro del plazo para aprobar la adenda de bancabilidad requerida para financiar el Gasoducto Sur Peruano. Los bancos hicieron dos propuestas que fueron denegadas para su adenda de bancabilidad. En este momento se está evaluando una tercera, y no podríamos decir si esto queda o no para el siguiente Gobierno, todavía nos queda un mes por trabajar”, afirmó Ortiz.
Las obras del GSP, que venían viento en popa, se vieron forzadas a detenerse luego que saltar el caso Lava Jato. La empresa Odebrecht se desprendió de varios activos en Perú y puso en venta su participación en el GSP, que aún no se concreta. Una oferta de la española Ferrovial está en la mesa.
Pese a este contratiempo, Ortiz asegura que las obras están dentro del cronograma establecido ya que el consorcio había adelantado los trabajos de construcción.
Uno de los más recordados debates de este gobierno fue si Petroperú debía o no participar directamente en la exploración y explotación de hidrocarburos. Pese a la oposición del gobierno, en octubre de 2015 el Congreso aprobó el ingreso de Petroperú al Lote 192 por 30 años. En agosto de 2017, cuando concluya el contrato con Pacific Energy, la petrolera estatal tomará el control del mayor lote del Perú.
Al respecto, Ortiz reiteró su desacuerdo y aseguró que Petroperú "necesita ser repotenciada". Explicó que repotenciar Petroperú implica que debe completar su proceso de gobierno corporativo (equilibrio en la relación de los directores con los accionistas de la empresa), que cotice en la bolsa (para captar financiamiento), entre otros aspectos.
"Petroperú podría participar como socia con otra empresa, pero siempre que esta última asuma los riesgos que implican las operaciones de exploración y explotación petrolera", aseguró.
