Se trata de una acusación por administración fraudulenta y defraudación al estado que surgió del análisis de todos los contratos de obra pública ejecutados entre 2003 y 2015 en distintas provincias. En las licitaciones de la obra pública hay unas 42 empresas constructoras locales e internacionales registradas. Algunas de ellas están sospechadas por aplicar sobreprecios y por cobrar por anticipado sin haber presentado los respectivos certificados de obra en la Secretaría de Obras Públicas a cargo del detenido ex secretario José Lopez.
La investigación que llevan a cabo las autoridades nacionales abarca la construcción de viviendas; centrales térmicas; represas hidroeléctricas; obras hidráulicas, viviendas, entre otras. "Hemos detectado casos donde se pagó el total de obras que todavía no están terminadas, como el caso de las viviendas construidas por la cooperativa de Milagro Sala en Jujuy y también otros caso de obras que se dan como terminadas y sólo está ejecutado el 80%", dijo a Infobae el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado.
La lista de las empresas que tuvo acceso Infobae es similar a la que dio a conocer a la prensa el 18 de agosto de 2015 el ministro de Planificación Federal, cuando sostenía que el empresario Lázaro Báez, socio de la familia presidencial de entonces, había recibido contratos del Gobierno por más de $8.000 millones.
Los datos que maneja ahora el Gobierno de Cambiemos es que "se gastaron unos USD 130.000 millones en la obra pública entre 2003 y 2015", y distintas fuentes oficiales confirman que la empresa más beneficiada en los 12 años del kirchnerismo fue el Grupo Austral con tres empresas: Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Sucesión de Adelmo Bancalari.
1) AUSTRAL COSTRUCCIONES de Lázaro Baéz
2) CARTELLONE, de José Cartellone
3) COARCO, de Patricio Gerbi
4) COMSA, multinacional origen español
5) CONTRERA HERMANOS, de Juan Touseda;
6) CHEDIACK, de Juan Chediak
7) CPC, de Cristóbal López;
8) CORPORACIÓN AMÉRICA, de Eduardo Eurnekian
9) DURO FELGUERAS, multinacional de origen español
10) DYCASA, de Javier Balseiro
11) ECODYMA, de Juan Scaramellini
12) ELECTROINGENIERIA, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra
13) ELEPRINT S:A de Gustavo Weis
14) EMEPA, de Gabriel Romero
15) ESUCO, de Enrique Wagner
16) EQUIMAC, de Silvio Mion
17) GANCEDO, de Felipe Gancedo
18) GENERAL ELECTRIC, multinacional estadounidense
19) GOTTI HNOS de Lázaro Baéz
20) GREEN, de Carlos Arroyo
21) GUERECHET SA, de Julio Guerechet
22) GRUPO AUSTRAL(AUSTRAL, KANK Y COSTILLA, GOTTI HNOS y SUCECION DE ADELMO BIANCALARI), de Lázaro Báez.
23) GRUPO ROGGIO, de Aldo Roggio
24) IECSA,de AngeloCalcaterra
25) IMPSA, de Enrique Pescarmona
26) ISOLUX, de Luis Delso,
27) JCR, de Juan Carlos Relats;
28) KOOPEX, multinacional de origen polaco
29) LUIS LOSI SA, de Luis Losi;
30) ODEBRETCH, de Marcelo Odebretch, multinacional brasilena
31) PAOLINI, de Julio Paolini
33) PANEDILE, de Hugo Dragonetti
34) PETERSEN, de Enrique Eskenazi
35) PIETROBONI, de Víctor Pietroboni
36) ROVELLA CARRANZA, de Mario Rovella
37) SIEMMENS, multinacional alemana
38) SUCESION DE ADELMO BIANCALARI de Lázaro Baéz
39)SUPERCEMENTO, de Julián Astolfoni
40) TECHINT, de Paolo Rocca
41) TEYMA ABENGOA, multinacional española
42) VIALMANI, de Luis Armani
Fuente: Vialidad Nacional, Ministerio del Interior y Ministerio de Energía y Minería
Lázaro Baéz es el mayor beneficiario de obras, en particular la construcción de rutas que depende de Vialidad Nacional.
Entre las constructoras investigadas está Electroingeniería, la empresa de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, que ganó la licitación de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernik, en Santa Cruz, por unos USD 4.800 millones. En este caso se estudia rever la licitación en particular porque falta en el total presupuestado el tendido de la red de alta tensión que une las represas con el SIN (Sistema Electrico Nacional). "Esto significa que si las represas estuviesen hoy terminadas no servirían para nada, porque falta la conexión con el SIN que no está presupuestada en los costos de la obra, por lo tanto debería ser el Gobierno el encargado de gastar unos USD 800 millones de más", comentaron fuentes oficiales a Infobae.
Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, es otra de las grandes adjudicatarias que figuran en el listado.
También están Corporación América, de Eduardo Eurnekian con su constructora Helport.
Hay empresas extranjeras como Odebrecht, la filial local de la constructora brasileña, cuyo dueño y presidente, Marcelo Odebrecht, está en prisión preventiva en su país como consecuencia de una investigación por el Lava Jato.
También figuran Cartellone, Rovella Carranza, una empresa que pertenece a Mario Rovella, un empresario que estaría relacionado con el ex secretario de Obras Públicas, José López.
La empresa JCR de Cristóbal López, el Grupo Roggio y el Grupo Pescarmona, también están en el listado que se investiga.
Hay dos empresas que pertenecen a quienes fueron presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción: Eleprnit, de Gustavo Weiss, y Esuco, de Carlos Wagner, y se suma Chediak propiedad del actual titular de la CAC, Juan Chediak. Este señaló, la semana pasada, que sabía del sistema de corrupción de la obra pública.
Según pudo confirmar Infobae, se investigan obras ejecutadas en distintas provincias y municipios en el marco de normativas y procedimientos específicos de selección y contratación de cada jurisdicción; sobreprecios pagados y pagos adelantados a algunas constructoras sin haber presentado certificados de ejecución de las obras, de acuerdo con análisis de técnicos que trabajaron en la auditoría que realizan desde la Subsecretaría de Coordinación de Obra Públicas Federal que depende del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
En esa línea, estuvo la auditoría que realizó Vialidad Nacional, la cual detectó que hubo preferencias en los adelantos de pagos de manera irregular a empresas de Lázaro Báez, en particular a Austral Construcciones; Kank y Costilla SA y Sucesión de Adelmo Biancalani. El director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, que depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, presentó una denuncia en marzo.
En este caso el Gobierno aportó a la Justicia Federal documentos, planillas de cálculo Excel, correos electrónicos y hasta funcionarios de carrera para que presenten declaraciones testimoniales con identidad reservada.
Según esa denuncia, "se solicita investigar a la delegación de Santa Cruz de Vialidad Nacional, pero también a la Secretaría de Obras Públicas y al Ministerio de Planificación, como usina de presuntos hechos delictivos. En ese marco, Vialidad Nacional era directamente controlada por detenido ex secretario de Obras Públicas José López".
En esa auditoría se detectó que el Grupo Austral cobraba a los 25 días de emitido el certificado de obra, en tanto que para el promedio de las empresas viales el atraso de cobros era de más de 160 días desde que se emitían los certificados de obra.
Como los delitos contra la administración pública siempre requieren de la concurrencia de un funcionario público, al menos, en connivencia con otras personas físicas o jurídicas, el cohecho, la malversación, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la asociación ilícita y otros hechos análogos de condena penal, existe la posibilidad de que desde el estado se pida la revisión total de todos los contratos de obra pública vigentes.
Con esta revisión administrativa de las ecuaciones del contrato, a saber: moral, social, política, económica financiera, ambiental, tecnológica, tributaria y de mercado, técnicos en ingeniería, derecho, economía, pueden en breve plazo sacar las conclusiones de la legitimidad o inmoralidad del contrato.
Los expertos señalan que este trabajo administrativo debe hacerlo la administración pública por vía de los ministerios respectivos, del Interior, de Transporte y de Energía y Minería, para auditar contrato por contrato su adecuación a la legalidad vigente. Y todos esos contratos deberían ser revisados con profesionales con costo a cargo de las empresas que colaboren y coadyuven con la administración pública para ver la verdad material de la obra y su precio justo y ordenar la rehabilitación o no de la empresa o su lisa y llana expropiación y/o su liquidación por quiebra fraudulenta.
Frente a la gravedad de los hechos algunos expertos en derecho administrativo recomiendan al Gobierno impulsar una ley de Emergencia Ética Contractual para que el Poder Ejecutivo, con respaldo del Poder Legislativo, pueda hacer esas revisiones a contratos que se han tornado inadaptados por ilícitos penales cometidos por funcionarios en concurrencia con empresarios.
Citan como precedentes de esas medidas la revisión de los contratos en 2005; el caso Rumasa en España durante el gobierno de Felipe González, en 1983 y el caso de los Bancos con la crisis de 2008, en los Estados Unidos.
Silvia Naishtat
Movicom es una marca de celulares que ya no existe más. Tampoco se utiliza el 15 como prefijo para comunicarse. Pero Héctor Méndez, ex presidente de la Unión Industrial durante tres períodos, los mencionó para ejemplificar cómo funcionaba la obra pública durante el kirchnerismo.
Lo dijo en declaraciones radiales en el Día del Padre y armó un gran revuelo. Lo ratificó ayer a Clarín. “A la obra pública la llamábamos Movicom, porque va con el 15 adelante”, señaló en obvia alusión a los pedidos y pagos de coima.
Otros empresarios, que solicitaron el anonimato, distinguían ayer entre delitos menores, delitos mayores y otros que generan alarma social.
Precisamente en ese lugar ubican el caso del secretario de Obras Públicas José López, atrapado con casi US$ 9 millones.
Ese funcionario era conocido por “disciplinar” durante los últimos 12 años desde el gobierno nacional a los constructores. A muchos les prohibía participar en licitaciones en las que se presentaban sus favoritos Lázaro Báez, Rovella Carranza y Electroingeniería.
Por cierto, el caso López ha generado una demanda ciudadana por saber los alcances de la corrupción y la red de involucrados. Y algunos empezaron a dar respuestas.
“Cada empresario tiene que hacer un mea culpa. Yo también he sido cómplice de muchas cosas. El silencio es complicidad, el que calla otorga”, dijo Méndez.
-¿Por qué no habló antes?, se le preguntó.
-He hablado y fui castigado. Tuve que vender mi participación accionaria en una firma constructora porque no la dejaban participar en la obra pública. En estos años hubo un pacto de silencio respetuoso entre los empresarios porque nadie quería ser botón y meterse en el negocio del otro, ya que cada uno cuida su propio negocio.
-¿Usted comprende a los que pagan coimas?
-Ante la corrupción todos se rasgan las vestiduras, cuando llega el momento nadie denuncia nada y la víctima es el pueblo, la gente es la que paga y pierde todo. Creo que se puede ser empresario sin tener que pagar retornos a funcionarios. Hay muchos que prefieren el atajo, ir por la banquina. Otros siguen por el pavimento y aguantan la cola y sufren mucho.
La semana pasada, el propio presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediak, confesó que Cristina Kirchner conocía la corrupción con la que se manejaban los fondos del área de Obras Públicas: “Cristina, De Vido y José López sabían perfectamente que había empresas que cobraban antes que otras”.
Entrevistado por Luis Majul, Chediak contó incluso que la Cámara se reunió con la ex presidente para plantearle que la empresa Austral Construcciones, de Báez, “no hacía las obras y cobraba por adelantado”.E insistió, en defensa de su propio sector: “Que no se confunda a quien pudo tener connivencia con José López con el resto de los socios de la Cámara Argentina de la Construcción. Nosotros dormimos muy tranquilos”, aclaró.Otro constructor, Gregorio Chodos, que ha cultivado una relación estrecha, casi familiar, con el presidente Macri, aclaró en un reportaje en Perfil : “Yo hablaba mucho con López, pero nunca hice obras con él. Hice muchas viviendas con gobernadores e intendentes, pero no por un contrato directo con Nación. Nunca me pidieron ni diez centavos”.
José de Mendiguren, diputado por Sergio Massa y presidente de la Comisión de Industria, pareció desmentirlo. Consultado por este diario, dijo: “La Cámara de la Construcción tiene un índice de precios por el que debería ajustarse el presupuesto de la obra pública. ¿Era tan difícil darse cuenta que las actualizaciones multiplicaban varias veces ese índice, dónde estaban los controles?”. Mendiguren menciona otros hechos de corrupción “con un nivel nunca visto en la Argentina, desde la importación de gas licuado a la de vagones usados desde España. No darse cuenta era como no ver una vaca en un baño”, graficó.
-¿Por qué no lo denunció antes?
- La UIA lo denunció y fue muy atacada.
-Al sector industrial que dependía de importaciones de insumos o los que estaban en precios cuidados, ¿también les pedían coima?
-Tuve suerte, en mi sector nunca lo vi. w
Las declaraciones del ex presidente de la UIA, Héctor Méndez, sobre que era "vox pópuli" la corrupción en la obra pública generaron un fuerte ruido dentro de la central industrial y obligaron a varios de sus colegas a salir a despegarse. Otros, en tanto, admitieron que en el mundo empresario se conocía el retorno del 15% que debían dejar quienes quisieran competir en las licitaciones oficiales y que, tal como dijo el dirigente del plástico, hubo un "pacto de silencio" en el establishment.
Uno de los primeros en salir a despegarse fue el vicepresidente 1º de la institución y titular de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, quien aseguró no haber escuchado "a nadie" mencionar hechos de corrupción en el manejo de la obra pública durante el kirchnerismo.
"Ni en el comité ejecutivo de la UIA ni en las reuniones escuché hechos de corrupción. El por Méndez puede decir esto porque lo ha vivido, pero para denunciar hechos hay que tener pruebas porque esto afecta a toda la actividad", enfatizó el empresario.
Sobre las pruebas, el abogado laboralista insistió en que "había investigaciones abiertas desde 2006, en las que Carrió hizo denuncias y no se llegaban a evidencias. Se parte de la base de que toda la obra pública es corrupta y la verdad yo no sé si eso es así. Eso le corresponde a los jueces".
También se distanció de las declaraciones de su colega José Urtubey, vocal de la UIA. En diálogo con El Cronista, el empresario dijo que "jamás" escuchó hablar sobre el retorno del 15% en la entidad y que "no entraría en generalidades", aunque "es un punto que debería llamar a la reflexión a algunos empresarios ligados a la obra pública". Según remarcó, "más allá del shock, esta situación que se vive en la Argentina a mediano plazo va a ser buena porque se va a prestar más atención en las licitaciones". Por otra parte, agregó que el 90% de las empresas asociadas a la UIA son pymes y no tienen contrataciones con el Estado.
El grupo Techint es una de las grandes empresas socias de la central industrial y si bien su fuerte es la siderurgia, también tiene una división de construcción. Aunque el Ministerio de Planificación la ubicó número 1 en el ranking de compañías beneficiadas con la obra pública, con contratos por $ 16.420 millones, desde la empresa negaron esa información y enfatizaron que se hizo muy poco durante el kirchnerismo y que sólo hicieron obras por $ 3802 millones, cifra que la ubica en el puesto número 15 de esa lista.
Por su parte, el prosecretario 1º de la UIA, el cordobés Ercole Felippa, coincidió con los dichos de Méndez al afirmar que era sabido que la obra pública tenía un retorno de 15% y con el hecho de que el empresariado debe realizar un mea culpa por el silencio. "Coincido en que nos debemos una autocrítica. Muchas de las cosas que pasaron en la Argentina no habrían pasado con una dirigencia más comprometida. Las barbaridades a las que asistimos, lo que teníamos que tolerar en las reuniones, aprietes y amenazas, en un país serio lo mínimo que hacés es una presentación judicial", afirmó el dirigente.
A su vez, José Ignacio de Mendiguren, diputado por Sergio Massa y presidente de la Comisión de Industria, enfatizó: "La Cámara de la Construcción tiene un índice de precios por el que debería ajustarse el presupuesto de la obra pública. ¿Era tan difícil darse cuenta de que las actualizaciones multiplicaban varias veces ese índice? ¿Dónde estaban los controles?".
Otros empresarios no quisieron hablar públicamente, pero admitieron que existía en la obra pública el sistema de retorno del 15%, así como durante el menemismo se hablaba del "Diego", por el 10%. Además de admitir esta realidad, Méndez recordó que fue castigado por haber hablado. Según relató, tuvo que vender su participación en una firma constructora porque no la dejaban participar en la obra pública. "En estos años hubo un pacto de silencio respetuoso entre los empresarios porque nadie quería ser botón y meterse en el negocio del otro, ya que cada uno cuida su propio negocio", afirmó.
