En 1995, la YPF menemista (pre Repsol) de José Pepe Estenssoro, con el asesoramiento financiero del Chase Manhatan Bank iniciaba una expansión internacional al anunciar con bombos y platillos la compra de Maxus Energy una de las más antiguas petroleras medianas de los Estados Unidos.
La operación le costó a la entonces petrolera estatal argentina US$ 790 millones por todo concepto. Y desde entonces, el nombre de Maxus apareció en la prensa argentina a propósito de sus desmanejos y problemas contables.
Hace tiempo Maxus se había transformado en un lastre para la renacionalizada compañia líder de la Argentina.
Hoy la prensa anuncia que, como en la crónica de una quiebra anunciada, YPF mandó a concurso de acreedores a Maxus, y acordó pagar US$ 130 millones en busca de poner fin a un viejo conflicto que arrastraba su subsidiaria por problemas de contaminación ambiental y liberarse de potenciales demandas en su contra.
No se trata de un problema nuevo, sino que lo heredó de la gestión en los 50 y `'60, cuando su antecesora, Diamond Shamrock vertió el cancerígeno dioxin, en el río Passaic, en New Jersey.
Maxus y sus firmas relacionadas se presentaron en la figura Chapter 11 (concurso). “En ese marco, han llegado a un acuerdo con YPF y sus subsidiarias (…) para resolver todos los eventuales reclamos de Maxus contra YPF, incluyendo cualquier reclamo de alter ego”, indicó YPF en un comunicado a la Bolsa. Esto quiere decir que la petrolera argentina se libera de todos los problemas gracias al convenio, que prevé un pago de US$ 130 millones a Maxus y la concesión de un préstamo de US$ 63,1 millones que le permitirá a la firma estadounidense financiar sus operaciones habituales mientras dure el proceso judicial.
YPF no extrañará a Maxus, que hoy representa menos del 1% de su producción y reservas. No genera flujo de caja y venía siendo capitalizada a desde 2006 con unos US$ 1.000 millones.
YPF y Maxus llegaron a un acuerdo por el cual la primera pagará a la segunda u$s130 millones y le concederá un préstamo de u$s 63,1 millones, como parte del plan que se presentará al Tribunal de Quiebras del estado de Delaware. Con esos fondos, la petrolera argentina busca cerrar los eventuales reclamos de Maxus y sobre todo los de terceros por pasivos ambientales.
En YPF habrá alivio por el fin de esta aventura. La cabecera de playa estadounidense no era otra cosa, al comprarla, que una oil company que no listaba en las bolsas, con pocos activos petroleros y heredadas demandas.
Bien lo recuerda Silvia Peco en Ambito Financiero: Aparentemente, Maxus llegó a tener más explotaciones petroleras entre 1995 y 2000 que antes de ser comprada por YPF. De los archivos, no queda claro si la española Repsol conocía los riesgos antes de 2004, cuando comenzaron las demandas en el estado de New Jersey por la contaminación con dioxina del río Passaic.
Pero después de comprar YPF, los españoles no tardaron en vender los activos de Maxus y de YPF Internacional y en menor medida a traspasarlos a Repsol, mientras los ingresos generados por esas operaciones se habrían repartido como dividendos extraordinarios . Así se indica en el informe que elaboró el Gobierno anterior sobre la gestión española aunque después esas conclusiones no se usaron al momento de la indemnización.
La estrategia de Miguel Galuccio frente a las demandas fue buscar repartir el costo con más de 300 firmas que también habían contaminado, mientras desembolsó cerca de u$s 1.000 millones en presuntos pagos parciales. Pero todavía no hay resolución final y se habla de un pasivo ambiental de u$s1.700 a u$s3.000 millones. La decisión tomada ahora sería positiva para YPF si fuera aceptada por los jueces de Delaware y de Nueva Jersey. Pero si es rechazada , puede abrir la puerta para que la petrolera siga perdiendo dinero.