La multinacional minera canadiense tiene su ‘head oficce’ en Las Palmas de Gran Canaria y desde la Zona Especial Canaria distribuye material para sus proyectos en África Occidental.
La minera canadiense Kinross mantiene un conflicto laboral y político en Mauritania que le ha llevado a anunciar la suspensión temporal de su actividad en la mina de oro de Tasiast. Laboral con los más de 1.000 trabajadores que se fajan en la mina de Tasiast, antaño una de las más productivas del mundo, de la que se extrae oro. Y político, con el Ministerio de Trabajo que según la corporación pone trabas en los permisos para trabajadores que proceden de otro país.
Con los trabajadores, el conflicto es salarial. Los obreros mantuvieron una dura huelga hasta el pasado 11 de junio. Durante 18 días no acudieron a su puesto de trabajo demandando las condiciones salariales que la multinacional había pactado con el gobierno mauritano. La negociación, que llegó a buen puerto, parecía haber puesto fin al conflicto.
Sin embargo, el 16 de junio, pocos días después, la empresa canadiense anunciaba que suspendía temporalmente su actividad en el país mauritano, acusando al gobierno local de ponerle trabas en los permiso de trabajo para los empleados expatriados, entre los que se encuentran varios ciudadanos canarios. Kinross destaca el carácter temporal de la decisión y aseguran que siguen trabajando para “ampliar” la plantilla, pero insiste en las “dificultades” que están teniendo con el Ministerio de Trabajo.
En el Gobierno de Mauritania creen que los “inclumplimientos” de la empresa están relacionados con el descenso del precio del oro. Ya en febrero el vicepresidente de Kinross para África Occidental, Mike Sylvestre, recordaba que “siempre ha sido una condición fundamental para invertir en la expansión minera de Tasiast” para referirse al precio de la onza de oro.
Kinross tiene su Head Office para África Occidental en Las Palmas de Gran Canaria y es una empresa instalada dentro del marco fiscal que ofrece la Zona Especial Canaria (ZEC). Beatriz Barrera, presidenta de la ZEC, declaraba esta mañana que “no solo presta servicios a Mauritania y es un conflicto puntual. No tiene por qué afectar a otras actividades que esta empresa realiza en la costa oeste africana”.
Fatumata es mauritana y trabaja en una empresa que se dedica a conectar intereses comerciales europeos y americanos con posibilidades de negocio en su país y otros del oeste de África. Se gana así la vida desde Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad de acogida. Observa desde la cercanía de su actividad económica, charco mediante, el conflicto y explica que la resolución es sencilla: “si hay trabajadores que están yendo a su puesto de trabajo y trabajando, lo mínimos es pagarle y cumplir las condiciones pactadas”, asegura.