El atractivo para desarrollar nuevos proyectos mineros ha perdido bastante brillo en los últimos años, ante la fuerte caída del precio de los metales, pero también por el surgimiento de conflictos socio ambientales que representan un sobre costo adicional para las empresas.
Un estudio realizado por The Centre for Social Responsibility in Mining (CSRM) y Harvard Kennedy School reveló que los conflictos sociales pueden llegar a representar un costo de US$ 20 millones a la semana para proyectos mineros de entre US$ 3,000 millones y US$ 5,000 millones.
El informe analiza 50 casos de conflictos en el mundo, y demuestra que los costos de estos fenómenos para las empresas del sector extractivo son significativos. Incluso, en Perú han logrado paralizar el millonario proyecto Conga de Buenaventura y Tía María de Southern Copper.
El director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales considera que para el caso peruano sí se podría hablar de sobrecostos de alrededor de US$ 20 millones por semana, pero para proyectos de envergadura en operación.
“Eso sí es un costo bárbaro tiene que pagar personal, consumos, tienes que producir, las minas que son subterráneas necesitan tener las bombas prendidas para sacar el agua, es todo un proceso”, detalló.
Pero en el caso de los proyectos, tipo Conga, es más difícil cuantificar los costos que ocasionan a las mineras, dado que aún no hay una operación. “En el caso de Conga se ha perdido US$ 1,500 millones en total, pero no se pierde más porque se paró y punto”.
Un análisis de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo entre enero del 2011 y diciembre de 2014 revela que 153 de un total de 539 controversias, es decir el 28.36%, guarda relación con el manejo de los recursos hídricos.
El estudio estadounidense detalla que los temas ambientales son comunes para precipitar el conflicto, seguidos por la contaminación y el acceso o competencia por los recursos ambientales.
Sin embargo, indica que uno de los problemas que más afectan la naturaleza y robustez de la relación entre las partes son las cuestiones socioeconómicas, en particular ladistribución de los beneficios del proyecto, loscambios en la cultura y las costumbres locales, y la calidad de los procesos de participación y consulta, además de la comunicación de todo lo relacionado con la iniciativa.
Un costo cercano a los US$ 20 millones semanales tienen los conflictos con comunidades que enfrentan los grandes proyectos que involucran inversiones de entre US$ 3 mil millones y US$ 5 mil millones.
Así lo señala un estudio realizado por The Centre for Social Responsibility in Mining (CSRM) y Harvard Kennedy School facilitado por Alianza Valor Minero, institución público-privada que reúne a importantes personalidades del sector económico.
El informe analiza 50 casos de conflictos en el mundo, y demuestra que los costos de estos fenómenos para las empresas del sector extractivo son significativos, por lo que es fundamental para la industria construir relaciones sostenibles con las comunidades locales alrededor de las operaciones.
Álvaro García, quien fue ministro en el gobierno de Eduardo Frei y Ricardo Lagos y hoy es presidente ejecutivo de Valor Minero, señaló que este estudio es relevante porque por primera vez considera un ítem clave: el costo que tiene para las compañías destinar un contingente importante de gente a solucionar estos conflictos. “Hasta el momento había muchos estudios que medían el costo del conflicto solo por lo que se deja de producir y vender solamente”, comentó.
El estudio estadounidense también detalla que los temas ambientales son comunes para precipitar el conflicto, seguidos por la contaminación y el acceso o competencia por los recursos ambientales. Sin embargo, indica que uno de los problemas que más afectan la naturaleza y robustez de la relación entre las partes son las cuestiones socioeconómicas, en particular la distribución de los beneficios del proyecto, los cambios en la cultura y las costumbres locales, y la calidad de los procesos de participación y consulta, además de la comunicación de todo lo relacionado con la iniciativa.
García explicó que la mayoría de los proyectos que se judicializan lo hacen por conflictos socioeconómicos y no medioambientales. Y eso requiere ser enfrentado con mecanismos flexibles basados en el establecimiento de confianzas entre los actores involucrados, y que permitan generar acuerdos de valor compartido entre las comunidades, las empresas y el Gobierno. Las distintas personas deben percibir los proyectos de inversión más como una oportunidad que un problema, señala el ejecutivo.
García comentó que Chile es el país con más conflictos socioambientales en proyectos de inversión de toda Latinoamérica, según demostró un estudio. “No es extraño, por la relevancia de la minería en Chile, ya que el grueso de estos conflictos ocurre en este sector y en energía”, dijo.
Alianza Valor Minero hoy se encuentra trabajando en un proyecto con apoyo transversal, y que buscará agilizar y viabilizar la realización de grandes proyectos en todos los sectores.
