La Defensoría del Pueblo publicó recientemente su Decimonoveno Informe Anual (enero – diciembre 2015). En él hace un balance de temas y problemáticas monitoreadas por sus adjuntías, como el manejo de los conflictos sociales, la discriminación, seguridad ciudadana, salud y educación.
Esta publicación revela datos elaborados por la misma Defensoría en base a sus intervenciones y observaciones a nivel nacional. Así, concluye, en materia de conflictividad social, que la coyuntura electoral influyó en la activación de conflictos y el nivel de confrontación.
La Defensoría del Pueblo registró 260 conflictos sociales en el 2015. De éstos, 143 se encontraban activos, 68 en latencia, 21 fueron resueltos, 24 fueron trasladados al registro de casos en observación y cuatro fueron fusionados. Áncash, Apurímac y Puno fueron las regiones que concentraron el mayor número de conflictos.
Por tipo de conflicto, los socioambientales representaron el 66.9% del total, con 174 casos. La mayoría de ellos está relacionado a la actividad minera e hidrocarburos.
En el 2015, hubo una tendencia a la baja en conflictividad, pues hay una disminución de la cantidad de casos: los 260 del año pasado son 16 menos que en 2014 y 40 menos que en 2013.
Sin embargo, a pesar de las disminuciones, la intensidad de la violencia se incrementó: 19 fallecidos y 872 heridos el año pasado. Las protestas públicas aumentaron por sexto año consecutivo, triplicando las cifras del 2011.
La Defensoría del Pueblo argumentó que el “carácter preelectoral” del 2015 influyó en la activación de los conflictos sociales. “Lavariable política cobra un peso mayor en la activación de los conflictos y en los niveles de confrontación observados en varios casos”, indicó.
La entidad recomienda revisar, en su diseño y en su operatividad, las modalidades de gestión de estos conflictos, especialmente en laPolicía Nacional. “Se hace indispensable que, desde el Gobierno y el Poder Legislativo, se tomen decisiones sobre el inicio de reformas más profundas en la organización del Estado y en las políticas públicas, especialmente aquellas que inciden directamente en las causas de los conflictos”, señaló.
De acuerdo al reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, todas las entidades públicas deben cumplir con publicar información concerniente a su gestión –como ejecución de presupuesto, por ejemplo– en los Portales del Estado Peruano (PTE).
En su supervisión, la Defensoría dio cuenta de que la mayoría de las instituciones, entre ministerios, gobiernos regionales y municipalidades, no dotan a sus funcionarios responsables de brindar información de los recursos humanos, tecnológicos y presupuestales necesarios.
Los ministerios son más transparentes y las municipalidades, las menos. Por ejemplo, los ministerios de Economía y Finanzas,Comercio Exterior y Turismo y Trabajo y Promoción del Empleocumplieron al 100% con presentar información en su portal. A nivel de municipalidades provinciales, ninguna logró ese 100%. Las más cercanas a la completa eficiencia fueron Lima y Huamanga, ambas con 82% de cumplimiento.
La Defensoría también observó que la gran mayoría de instituciones cobran ilegalmente por acceso a la información pública: el 94% de municipalidades distritales de Lima, el 80% de los gobiernos regionales, el 79% de los ministerios y el 64% de las municipalidades provinciales establecen costos ilegales por copia certificada. De igual manera, algunas entidades continúan exigiendo requisitos ilegales para recibir y atender solicitudes.
Para la Defensoría, la consulta previa ha contribuido al adecuado manejo de la conflictividad social y al reconocimiento de la ciudadanía indígena. Sin embargo, realizar varios procesos no garantiza, por sí mismo, el pleno ejercicio de este derecho fundamental.
Hasta diciembre del año pasado, se realizaron 24 procesos de consulta, de los cuales doce corresponden al sector hidrocarburos. La Defensoría resalta que cuatro de éstos se dieron sobre medidas administrativas de alcance nacional como el Reglamento de la Ley forestal y de fauna silvestre.
“Es necesaria la implementación oportuna de los acuerdos logrados. Como anotamos anteriormente, se han presentado casos en los que la implementación de la medida ha sido dilatada o, donde pese a haber transcurrido más de un año de haberse logrado acuerdos a través de un proceso de consulta, estos no son cumplidos por el Estado”, indicó.
Para la entidad, otro aspecto pendiente es la implementación de consultas sobre las medidas legislativas, pese a existir un predictamen aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos.
“La descentralización no ha sido una prioridad para el Estado”. Así se pronuncia la Defensoría sobre este proceso.
La entidad critica que no se haya aprobado el Plan Nacional de Descentralización, que debía plantear su hoja de ruta. Tampoco se adoptaron medidas relevantes para impulsarla ni se aprobaron modificaciones normativas trascendentes.
Sobre la alternancia de poder en las regiones, la Defensoría observó que, a partir del 1 de enero de 2015, 21 de los 25 gobiernos regionales cambiaron de autoridades, salvo Ayacucho, Cajamarca, Callao y Lambayeque. Solo el 10.77% de alcaldes provinciales y el 17.41% de alcaldes distritales fue reelegido.
