Aguas Atacama, filial de Suez Environment a través de Agbar -a su vez, la matriz de Aguas Andinas-, ha optado por enlentecer su proyecto de desaladora por US$300 millones para la III Región.

¿La razón? La baja en la actividad minera ha reducido los requerimientos de agua fresca en la región, lo que se suma a la decisión del gobierno de construir una planta desalinizadora para el abastecimiento de agua potable en Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera y Chañaral, anunciada por la presidenta Bachelet a fines de 2015.

Según fuentes del sector, ambos factores habían hecho que la empresa de capitales franceses opte por la cautela y enlenteciera el desarrollo de la desaladora hasta tener claridad de que el agua producida sería usada, o mejor dicho, hasta firmar contratos “take or pay” con la industria minera. 

Con esto, a la vez, se busca evitar situaciones como las vividas en Europa, donde parte importante de este tipo de infraestructura está subutilizada. 

Tal como indica su resolución de calificación ambiental (RCA), el proyecto permite el abastecimiento de agua potable e industrial en la región de Atacama; sin embargo, este estaría viendo un mayor potencial de demanda en la industria, sobre todo luego de la decisión del Gobierno de avanzar con el proyecto ligado de Aguas Chañar y que tendrá una capacidad de 450 litros por segundo.

Dicho proyecto iniciaría sus obras en 2017 y comenzaría a operar en 2019.

Sin embargo, lo anterior no significa que al interior de Aguas Atacama se haya dejado de avanzar en el proyecto. A mediados de enero, la empresa llamó a una licitación pública internacional para la ejecución del diseño de ingeniería de la planta. En esta se buscó otorgar un contrato para, entre otros, diseñar las obras civiles, captaciones y conducciones marinas, las edificaciones necesarias, obras de urbanización y equipos del proyecto. 

A esto se suma reuniones del ex presidente de Aguas Andinas, Felipe Larraín -ahora director general de la unidad de negocios de Agua Chile de Suez-, con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, para conocer las perspectivas de requerimiento de agua en la región.  

El proyecto de Suez fue ingresado a tramitación ambiental en diciembre de 2013 y aprobada en julio pasado; y requiere una inversión mayor a la de su par, de US$300 millones. 

El proyecto tendrá una capacidad de producción de 1.000 litros por segundo de agua potable e industrial y buscaba abastecer a las comunas de Caldera, Bahía Inglesa, Calderilla, Copiapó, Paipote, Tierra Amarilla y Chañaral, en el norte del país.