Será un juicio distinto de aquellos a que el país ya ha empezado a habituarse desde que Perú demandara a Chile ante la Corte de La Haya por el límite marítimo. Y es que la demanda presentada contra Bolivia en la que nuestro país pide reconocer el carácter binacional del Río Silala tiene un carácter esencialmente técnico. Y por lo mismo, el desarrollo de la contienda jurídica exigirá visitas a terreno, mediciones y presentación de pruebas empíricas.
Donde más se notarán las diferencias será en la fase de alegatos orales. Las audiencias -dicen los entendidos- serán para el público general parecidas a los juicios que se ven en la televisión. Esto, porque ahora el Palacio de La Paz -sede de la Corte- no será solo escenario para el despliegue de los abogados que habitualmente intervienen ante el tribunal. Los protagonistas, quienes concentrarán las miradas, serán los verdaderos especialistas: hidrólogos, ingenieros en medio ambiente, geógrafos.
Porque cada país deberá presentar ante la Corte una nómina de técnicos, que serán interrogados y contrainterrogados una y otra vez por los jueces y por la contraparte. Asimismo, el tribunal también podrá comisionar a sus propios peritos para que revisen, en terreno, los argumentos de los países en litigio.
Este proceso implica períodos largos de alegatos, de aproximadamente tres semanas, con varias pausas entre las presentaciones y mucha deliberación por parte de los integrantes de la Corte antes de llegar a un fallo.
Lo que no debiera ocurrir es que las audiencias del caso se topen con las del iniciado a propósito de la demanda marítima boliviana: los jueces dejan espacios para que los dos países puedan solicitar cambios de fechas en casos de superposición de días con algún otro evento.
La modalidad de trabajo del equipo liderado por Ximena Fuentes será ligeramente distinta a lo que se ha realizado en casos anteriores. Si bien el Edificio de Miraflores 222 (donde han operado las agencias encargadas de enfrentar las demandas de Perú y Bolivia) seguirá albergando reuniones de todo el equipo, la labor diaria tendrá su epicentro en la Dirección de Fronteras y Límites, donde trabajará un grupo técnico y otro compuesto por abogados nacionales.
Además de ser un equipo diferente, se buscó hacerlo más pequeño, de modo que menos personas opinen y las decisiones se tomen más rápido. ¿La razón? Precisamente lo técnico del caso, en comparación con la supuesta obligación de negociar que reclama Bolivia, asunto esencialmente político. De este modo, el trabajo estará acotado a los agentes, el equipo de Difrol y pocos asesores, como Andrés Jana.
Otra diferencia, esta vez no se trabajará con Freshfields, el estudio internacional que ha colaborado con Chile en las otras dos demandas. Eso sí, continuarán los viajes y reuniones en el exterior, pues es en Europa donde mayoritariamente trabajan los especialistas en cuestiones hidrológicas.
Si bien en el gobierno hay una intención de mantener en reserva los nombres de los abogados y expertos ya contratados hasta la cercanía de los alegatos, el número de especialistas en un tema tan específico como este hace que la lista de probables se acote.
Fuentes de Cancillería cuentan a "El Mercurio" que "tenemos los mejores del área" y que son los que han destacado antes en casos similares que ha visto la Corte de La Haya, como "Construcción de un camino en Costa Rica a un costado del Río San Juan" (Nicaragua vs Costa Rica, 2011); "Plantas de Celulosa en el Río Uruguay" (Argentina vs Uruguay, 2006) y "Proyecto Gabèíkovo-Nagymaros" (Hungría vs Eslovaquia, 1993).
Así, los nombres de abogados que más se repiten y que se caracterizan por ser siempre llamados en casos de este tipo son el profesor británico Philippe Sands, que cuenta con varios trabajos sobre legislación ambiental; la francesa Laurence Boisson de Chazournes, y el estadounidense Stephen McCaffrey, especializado en cursos de aguas internacionales. Otros nombres que se suelen repetir son el del británico Alan Boyle y el estadounidense Lawrence Martin. Pero también hay viejos conocidos que han estado involucrados en estos casos o son expertos en el tema. Es el caso del francés Pierre Marie Dupuy y el británico Samuel Wordsworth, ambos representantes de Chile en la demanda marítima boliviana.
En cuanto a los expertos, los más citados son el doctorado en hidrología británico Howard Wheater; el ingeniero y experto en aguas australiano Neil McIntyre y el doctor en biología estadounidense Charles Menzie.
En el Gobierno hay una muy buena evaluación del resultado que tuvo la estrategia de "pasar a la ofensiva", sobre todo en lo referente al impacto que se logró en el gobierno boliviano. De hecho, al cierre de esta edición se esperaba una respuesta mucho más fuerte y concreta de Palacio Quemado, pues las entregadas hasta el viernes eran, en opinión de Cancillería, "improvisadas", "contradictorias" y un reflejo de la sorpresa.
En este contexto, el análisis es que Bolivia pensaba genuinamente que Chile estaba evaluando retirarse del Pacto de Bogotá. Sin embargo, la demanda resultó ser prueba de lo contrario. De hecho -se afirma en el Gobierno- la presentación significa una señal explícita a la Corte y a la oposición interna que dicho convenio suscita.
Sobre la posibilidad de una contrademanda, como anunció Evo Morales, al Gobierno no le complica, puesto que ésta debe estar directamente relacionada al objeto de la presentación chilena, lo que limita las opciones. Chile, según se comenta en los pasillos de Cancillería, no permitirá que La Paz retome la iniciativa. De ahí que en la demanda se mencione el tema del Río Lauca: es una señal de que el país está listo para el ataque ahí.
EL LUNES, en forma sorpresiva, la Presidenta de la República anunció en una radio la decisión de Chile de demandar a Bolivia por el río Silala. Luego, el canciller precisó que el país “no puede permanecer pasivo” y por consiguiente demandará a Bolivia ante La Haya “para que esta institución resuelva, declare y reconozca nuestra posición jurídica conforme a derecho y para proteger nuestros recursos naturales”. La propia Mandataria minutos antes había dejado claro que Chile había decidido “tomar la iniciativa” frente al gobierno de Evo Morales, quien había dicho hace unos meses que demandaría a nuestro país por el uso de las aguas de ese río internacional, que La Paz no considera como tal.
La agente designada por la Cancillería para llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) explicitó a este diario que la demanda aspira a que la Corte declare “la naturaleza internacional del río Silala (y) que Chile tiene derecho a usar sus aguas”, agregando que en ella se solicita que esa instancia determine que el uso que hoy hace nuestro país de ese curso de agua es compatible con el derecho internacional que rige los recursos hídricos y que Bolivia tiene que informar sobre todas las acciones y medidas que adopte con respecto al Silala, además de cumplir con una serie de obligaciones, como “evitar la contaminación de las aguas y no afectar los derechos chilenos”.
La medida recibió un amplio respaldo del mundo político y los expresidentes también emitieron una declaración validando la medida. El creciente rechazo que han ido produciendo en la población las declaraciones y falsas acusaciones del Presidente Evo Morales contra Chile explican en parte ese respaldo. Los propios exmandatarios lamentaron “que el comportamiento del actual gobierno de Bolivia esté produciendo un deterioro de las relaciones entre ambos países”. Además, algunos sectores se mostraron a favor de que al contrario de la actitud reactiva que había tenido la Cancillería chilena en el pasado ahora optara por tomar la iniciativa, descolocando a La Paz.
Pero al margen de la validez de la posición chilena, que se sustenta entre otros puntos en que hasta 1997 Bolivia nunca cuestionó el carácter internacional del Silala, el camino elegido no resulta el más apropiado, al validar un instrumento -el Pacto de Bogotá-, que ha estado en entredicho en los últimos años y ha sido criticado, en algunos casos, por su uso para fines de política interna. Tanto parlamentarios, académicos como diplomáticos lo han cuestionado por obligar a los países miembros a solucionar sus controversias ante una corte, como la de La Haya, que ha fallado influida por factores ajenos al derecho mismo y privilegiando sentencias salomónicas.
Sostener por ello que Chile, considerando que aún forma parte del pacto, puede y debe hacer uso de él en caso de no poder optar a un arbitraje o mediación concordado entre las partes no parece el mejor camino, porque debilita la noción de que es un instrumento que ha perjudicado los intereses chilenos y que por lo mismo es justificable evaluar el retiro de Chile. Dado que una vez denunciado el pacto un país debe esperar un año antes de concretar la salida -período en que puede ser demandado-, la decisión de evaluar la permanencia en el Pacto de Bogotá sólo debe atender a si los intereses de Chile están bien salvaguardados. Hasta ahora los costos de seguir en dicho pacto han sido elevados, como dejó en evidencia el fallo sobre límites marítimos con Perú y la anuencia a la artificiosa demanda boliviana para acceder soberanamente al Pacífico.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, reveló en las últimas horas que la idea de demandar a Bolivia por las aguas del Silala, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, fue cristalizada durante un viaje de la presidenta Michelle Bachelet a Washington, Estados Unidos.
Muñoz dijo que en principio se pensó en una contrademanda después de que Bolivia anunció el pasado 23 de marzo que estaba analizando una nueva acción internacional en contra de Chile por las aguas del Silala.
"Pero decidimos (anticiparnos con la) iniciativa por varias razones. Primero, al demandar, Chile determina los términos del proceso judicial y, por consiguiente, la eventual contrademanda boliviana tendrá que tener conexión directa con el objeto de nuestra demanda. Esto es clave”, remarcó en una entrevista con Mercurio.
Pero más adelante, cuando ese medio de comunicación consultó a Muñoz "en qué comento comenzó a evaluarse la idea de presentar” una demanda contra Bolivia, la autoridad respondió: "Fue una alternativa que se barajó desde el primer momento, pero la idea cristalizó durante el viaje de la Presidenta a Washington para participar en la reunión de la American Society of International Law. Allí me reuní con nuestros abogados e integrantes de nuestra Agencia, y consultamos a expertos en derecho internacional de recursos hídricos”.
Agregó que igualmente, en una reunión con los excancilleres a fines de marzo o inicios de abril, se coincidió en la idea de explorar la demanda chilena contra Bolivia y la presidenta Bachelet "concordó tempranamente en este curso de acción”.
