En un año, los agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrán acceso directo a la información financiera y bancaria de todos los contribuyentes nacionales (grandes, medianos y pequeños) en 55 países. Y en dos años, en 46 países más. Esto quiere decir, que en las computadoras de los funcionarios que maneja hoy Alberto Abad, se podrá ver si una persona, empresa o simple sociedad registrada para el fisco argentino, tiene dinero en cualquier divisa depositado en bancos o entidades financieras de estos países; tanto a la vista como a plazos. También si en estos mercados hay opciones a fondos de inversión u otra inversión similar.
Pero además, si el agente de la AFIP lo requiere, puede comunicarse con un colega del organismo recaudador de estos estados para requerirle que le envíe la información impositiva de esa persona, empresa o sociedad en ese sistema tributario. Esto es, si está registrado como contribuyente y si mantiene bienes inmuebles, muebles, autos, aeronaves, barcos, obras de arte o cualquier otra tenencia que según las obligaciones tributarias de cada país.
Luego, estos datos podrán ser utilizados dentro de la Argentina para acusar a un contribuyente de evasión y si supera el millón de pesos presentarle una causa en los tribunales penal tributario.
Todo esto será posible para la AFIP cuando desde el 2017 comience a aplicarse el Acuerdo sobre Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); que 101 estados firmaron en Berlín, Alemania, en octubre de 2014, con la idea de terminar, al menos en parte, con los paraísos fiscales y la evasión tributaria vía fuga de divisas.
Se trata además del principal argumento que utilizará el Gobierno nacional para "convencer" a los argentinos y extranjeros residentes para que se sumen al blanqueo que, previa aprobación en el Congreso, se lanzaría en julio. Según el mensaje oficial, el que no se incorpore al llamado, y mantenga sus divisas y bienes sin "exteriorizar", caerá en las redes de intercambio informático de los organismos de recaudación.
El gran cambio es realidad, que hacia delante no habrá necesidad de intervención de la Justicia para el pedido de datos (hasta diciembre de este año esta acción sólo se podía ejecutar a través del contacto entre dos jueces de dos jurisdicciones), sino que un simple llamado entre agentes de impuestos podrá permitir descubrir la situación impositiva de un contribuyente.
Era uno de los puntos con más dudas. Finalmente, del proyecto oficial se quitó el artículo que eliminaba el Impuesto a los Bienes Personales desde 2019. En pie quedan las otras modificaciones: la elevación del mínimo a $ 800.000 desde 2016, $ 950.000 en 2017 y $ 1.050.000 en 2018. Y la alícuota decreciente a tributar de los montos excedentes, de 0,75%, 0,50% y 0,25%.
Dejar en vigencia Bienes Personales fue un reclamo de gobernadores, que perdían coparticipación, a través del bloque justicialista de Diego Bossio. El oficialismo decía ir por el reemplazo de Bienes Personales, para gravar la herencia. En el contexto de que esta ley crea una bicameral para la reforma tributaria, que debe estudiar una reforma integral. Así, el PJ disidente firmó al final el dictamen de mayoría, si bien en disidencia, por considerar que se habían introducido otros cambios que también pedía –en acuerdo con el massismo–, como la extensión de la moratoria para las mujeres.
Otro punto clave, impulsado junto a Sergio Massa, fue la cuestión de las provincias con cajas previsionales no transferidas a la Nación, que reclaman fondos compensatorios millonarios al Gobierno central. Se incluyó que el Ejecutivo debe arribar en 120 días a un acuerdo con estas provincias –son 13– a fin de “compensar eventuales asimetrías” con las que sí transfirieron sus cajas.
La ANSeS debe realizar auditorías para evaluar la “armonización” (un requisito que tenían para recibir fondos) y las transferencias que correspondan. Y se buscó empezar a resolver otro problema que atormenta a otro grupo de provincias, las que sí transfirieron: tienen deudas con la Nación por contribuciones patronales, de unos $ 31 mil millones. Un fallo de la Corte por el cual Santiago del Estero debe pagar a la AFIP $ 2.700 millones encendió la alerta roja. En la ley se incluyó una moratoria, con un pago a cuenta de 10% y 90 cuotas mensuales a tasa inferior a 1%.
El oficialismo cerró también con el massismo (aquí una diferencia con Bossio) la cuestión de la venta de acciones de la ANSeS en empresas privadas, que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Como informó ayer Clarín, se estableció que el FGS debe tener en su activo un mínimo de 7% de acciones (hoy es 12%, lo que da cierto margen de maniobra) y un máximo de 50%. Las excepciones autorizadas son para casos de Ofertas Públicas de Acciones (OPA) o canjes (fusiones, adquisiciones, etc). También pueden venderse con autorización simple del Congreso, manteniéndose la derogación de la ley 27.181 del kirchnerismo, de setiembre de 2015, que pretendía imponer un cerrojo al requerir dos tercios del Congreso.
La redacción final del proyecto también exceptúa a “periodistas y comunicadores sociales” del polémico artículo 85 que penaliza la difusión de datos sobre los blanqueadores de dinero y activos.
