JUAN CARLOS GUAJARDO*

Una vez más ha salido al tapete la obscura “ley reservada del cobre”. Los tres últimos gobiernos del país han planteado la derogación de esta ley. El primer gobierno de Bachelet presentó un proyecto que no prosperó,Piñera otro que avanzó pero que no perseveró y el programa del actual gobierno contempla su fin.

A diferencia de las ocasiones anteriores, cuando su discusión se dio en un contexto de cuestionamientos políticos, fiscales y/o de sus consecuencias en la gestión de Codelco, esta vez es el escándalo de corrupción en las Fuerzas Armadas lo que impulsa su discusión.

El país giró por mucho tiempo a cuenta de que la reputación y prestigio de las instituciones armadas impediría que grandes montos de dinero sin supervisión se convirtieran en un foco más de malas prácticas y de desprestigio para la alguna vez indiscutible imagen de probidad en Chile.Los hechos han demostrado que lamentablemente el sistema actual es moralmente insostenible.

Las razones para cambiar esta ley son muchas y conocidas por el país: la inconveniencia de manejar recursos fuera del proceso presupuestario regular del país, la falta de supervisión, la desconexión con una estrategia de defensa nacional integral, el daño a la imagen del país, el daño a la imagen de la industria del cobre chilena y los impactos en la gestión financiera y estratégica de Codelco.

Sin embargo han primado hasta ahora dos elementos que actúan subterráneamente como frenos al avance de la iniciativa. El primero es el fantasma de la amenaza geopolítica para Chile, lo que justificaría mantener el sistema actual para evitar un eventual debilitamiento del financiamiento militar. Los embistes en La Haya pueden haber actuado como disuasorios implícitos en los parlamentarios en aras de una supuesta responsabilidad con la seguridad nacional.

El segundo freno soterrado es la comodidad que supone a la clase política no tener que discutir el tema del financiamiento del armamento de las fuerzas armadas en el parlamento y como un tema público. No hay dudas de que la discusión política del financiamiento militar no es un tema sencillo ni para la derecha ni para la izquierda, si se quiere desarrollar con responsabilidad, sin populismo.

La acción de este tipo de factores permitiría entender que los sucesivos intentos de reforma hayan caído en el letargo y en el sucesivo olvido, solo interrumpidos por algunas crisis que lo devolvían temporalmente a la palestra pública. En definitiva han sido intentos más bien “por cumplir”que verdaderas iniciativas guiadas por la convicción en que es necesario reemplazar el actual sistema de financiamiento de las compras de armamentos a las FFAA.

El estallido de los casos de corrupción ojalá permita aprender la lección de que postergar discusiones de temas relevantes tiene un costo para el país. ¿Por qué no se aprovecharon los períodos de mayor fortaleza institucional para superar la ley reservada?, ¿no hubiese sido mejor enfrentar las dos demandas en el Tribunal de La Haya con un sistema de financiamiento militar con mayor legitimidad internacional? ¿Hasta cuándo el chuteo de los temas complejos políticamente se va a imponer a la responsabilidad política?

Si con todos los elementos conocidos en torno a esta ley y el tiempo transcurrido no hay capacidad en el país para instaurar un nuevo sistema de financiamiento para las compras de armamento, sería un síntoma preocupante de que la debilidad institucional ha alcanzado límites insospechados.

*Director de Plusmining