El mes de mayo registró seis nuevos conflictos según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. El total de casos trepó ese mes a 212 conflictos sociales de los cuales hay 152 activos y 60 en estado latente.
Además de los seis casos nuevos, se reactivaron tres. Entre los casos nuevos trs son mineros y uno corresponde al sector de hidrocarburos, y se presentaron en Apurímac, Cajamarca, Huánuco y Loreto. Los otros dos se dieron en Puno (por asuntos de Gobierno Nacional) y Ucayali (por asuntos de gobierno local).
En Apurímac los pobladores del distrito de Micaela Bastidas, el Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Vilcabamba y el Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Grau exigen el retiro de la planta procesadora Usayma operada por la empresa Minera Santa María Perú S.A.C. debido al derrame de concentrado de cobre ocurrido el 19 de abril de pasado, que fue ocasionado por la volcadura de un vehículo que transportaba el concentrado por la trocha carrozable que conecta la planta concentradora con los distritos de Vilcabamba y Chuquibambilla.
En Cajamarca los habitantes de la provincia de Hualgayoc han mantenido una huelga en reclamo de la remediación de pasivos ambientales, producto de la actividad minera. Demandan la descontaminación de los ríos Tingomaigasbamba y Arascorgue, además de la exigencia de no explotación minera en cabeceras de cuenca.
En Huánuco, la Asociación de Alcaldes de los Centros Poblados y Caseríos del distrito de Llata convocó a un paro los días 25 y 26 de mayo de 2016 con el fin de que la empresa Antamina y el Estado atiendan una plataforma de cinco demandas sociales relacionadas a servicios básicos y de infraestructura, así como canon minero para el distrito de Llata.
En Loreto las comunidades de Belén y Sión de Plantanoyacu demandan a la empresa Talisman una compensación e indemnización por los impactos generados por sus actividades hidrocarburíferas en el Lote 101.
Durante mayo se reactivaron tres casos socioambientales, uno en Cusco (caso Santa Teresa) y dos en Puno (casos Ocuviri-Arasi y Cuenca Llallimayo-Aruntani). Cabe resaltar que el primer y último caso fueron resueltos en su momento pero se reactivaron en el caso de Llallimayo porque la población denuncia que continúa la contaminación del río por parte de la empresa y, en el caso de Santa Teresa, porque el proceso de diálogo que se siguió (dentro de la mesa de La Convención) no llegó a satisfacer las demandas específicas de la población respecto a la hidroeléctrica.
Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac continúa concentrando la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (24 casos), seguida de Áncash (21) y Puno (18). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (70,8%).
En relación a actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (63,3% de los casos socioambientales).
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La Defensoría del Pueblo alerta a las autoridades correspondientes y a todos los actores en el conflicto respecto de seis casos nuevos registrados y tres reactivados. Asimismo, se han reportado treinta y tres situaciones que pueden derivar en nuevos casos si no son atendidas a tiempo.
