La pugna por las aguas de río Silala no tendrá impacto en la minería privada local, aunque sí podría tenerlo, de manera indirecta, en Codelco, según confirmó Pulso.
Así indicaron de manera extraoficial los diferentes gremios mineros, luego que el Gobierno informara que interpondrá una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el uso de las aguas del Silala, ubicado en la frontera de ambos países.
El discurso de Bolivia ha aludido permanentemente al supuesto uso que harían las “transnacionales” mineras chilenas de las aguas del Silala. A esto se sumaría la utilización de un porcentaje de los recursos por parte de Aguas de Antofagasta, sanitaria que estuvo en manos del grupo Luksic -a través de Aguas de Antofagasta- y que hoy pertenece a la colombiana EPM.
Incluso más. Específicamente en 2009, el Gobierno boliviano planteó que tanto Codelco como Aguas Antofagasta pagaran una compensación económica por el uso del recurso. Pese al interés, dicha iniciativa no tuvo efecto por el rechazo de las comunidades de Potosí, que pedían un pago retroactivo.
Aunque los principales gremios mineros no ven impacto sobre la actividad privada, este no sería el caso de la empresa estatal Codelco -específicamente la división Radomiro Tomic-, la cual sí posee derechos de agua en el Río San Pedro de Inacaliri, parte de la cuenca hidrográfica del río Loa. Este, a su vez, es alimentado por las aguas de Silala.
En la zona existen múltiples faenas mineras privadas, como Collahuasi, Escondida, El Abra, Spence y otras. En el caso de Codelco, operan Chuquicamata, Gabriela Mistral, Ministro Hales y la mencionada Radomiro Tomic.
Bolivia acusa que el cauce de las aguas disputadas habría sido formado artificialmente por canalizaciones realizadas por chilenos en el siglo pasado, que estaría generando que Chile utilice sus aguas de manera abusiva.
Ayer, la Presidenta Michelle Bachelet indicó que se acudirá a organismos internacionales para zanjar la disputa por dichas aguas, específicamente para definir si tienen carácter de manantial o río internacional.
“La demanda es para pedir que la Corte se pronuncie sobre si es un río internacional como decimos nosotros”, dijo la mandataria en entrevista con radio Zero.
Posteriormente el Canciller Heraldo Muñoz indicó que la demanda también buscará aclarar si Chile puede utilizar el río para su usufructo y si Bolivia debe mantener las aguas descontaminadas.
Con dicho anuncio, Chile responde a la ofensiva que ha lanzado Bolivia contra el uso del recurso acuífero del Silala, particularmente por parte de las mineras y comunidades chilenas.
Un nuevo capítulo en la relación de Chile y Bolivia por el río Silala se empezó a escribir esta mañana, luego que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara la presentación de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que busca que se determine si las aguas son internacionales y por tanto, pueden ser utilizadas por Chile, hecho que más tarde fue confirmado por el canciller Heraldo Muñoz, quien además entregó los fundamentos de la acción judicial.
Sin embargo, la disputa por el curso de agua tiene una larga lista de antecedentes, los que fueron explicados por la propia Cancillería en un documento publicado en el sitio web denominado Chile ante La Haya.
En él se señala que el Silala "es un curso de agua internacional sucesivo, que nace en Bolivia (país aguas arriba) y cruza la frontera hacia Chile (país aguas abajo), a 4.310 metros de altura, con un caudal que oscila entre los 120 y 180 litros por segundo".
Además se explica el contexto en el que se da la disputa por las aguas, remontándose al Tratado de 1904, donde Bolivia expresó su interés por diponer de ferrocarriles que trasladaran mercadería hacia los puertos chilenos, de esta forma, en 1906 y 1908 ambos países dieron concesiones sobre las aguas del Silala a la compañía The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited, que ahora es conocida como Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que usaría dichas aguas para las locomotoras a vapor.
El conflicto, surgió cuando en 1996 el gobierno boliviano quiso objetar la concesión basándose en que no se habían respetado los términos del acuerdo. Al respecto, el documento publicado por la cancillería señala que "el argumento fue que en 1961 la empresa de transporte había comenzado a utilizar locomotoras diesel y comercializado el agua dentro de Chile, lo que significaba que ya no era utilizada para los fines que le fueron otorgados. El14 de marzo de 1997, el prefecto de Potosí, Omar Manzano, declaró la caducidad de la concesión".
En tanto, en agosto de 1999 el gobierno boliviano licitó la concesión del uso de las aguas del río, lo que fue desconocido el año 2000 por la cancillería chilena.
Con la llegada al gobierno de Michelle Bachelet en 2006, se contempló el tema de las aguas del "Silala y recursos hídricos" en la denominada Agenda de los 13 puntos, donde ocupó el punto VII, en él se indicaba que "Bolivia desea resolver la soberanía sobre las aguas del manantial que comienza en la zona sur de ese país y desemboca en Chile".
Siguiendo las negociaciones, 2009 hubo un proyecto de acuerdo entre ambos países, "para la distribución de volúmenes de agua del río Silala. El gobierno boliviano se retiró de la negociación luego de enfrentarse a la oposición de Potosí, que pretendía cobrar a Chile por el uso pasado del agua".
Así las cosas, y luego que la Agenda de los 13 puntos quedase detenida, Bolivia no volvió a mencionar el río Silala, hasta que en marzo de este año y en el marco del denominado Día del Mar, el gobierno de Evo Morales anunció que estudiaría acciones judiciales contra Chile por el uso "abusivo" de las aguas del Silala, confirmando días más tarde que acudiría a La Haya por el tema.
Sin embargo, y pese a haber establecido una Dirección de Defensa del manantial Silala, Bolivia declaró que se tomaría cerca de dos años en presentar una demanda formal ante el organismo de justicia internacional.
Justamente, y aludiendo a la "incertidumbre jurídica" que produciría conocer en dos años más las aspiraciones bolivianas, Chile decidió dar el paso de demandar primero ante la CIJ. Así lo aseguró la agente designada para representar al país, Ximena Fuentes, después de presentarla ante el tribunal.
"Evo Morales, anuncia que nos va a demandar, y luego anuncia que dicha demanda demorará dos años en ser presentada, se traduce en una incertidumbre jurídica por un plazo de dos años en el que va a acusar a Chile de robar aguas del Silala", dijo Fuentes, puntualizando que la Corte podrá resolver la controversia "de manera más rápida que esperar dos años".
