CLARÍN
Además, confirman un mayor beneficio para la tarifa social en cuatro provincias. La corrección del cuadro tarifario fue acordada la semana pasada por Frigerio y Aranguren con gobernadores de todo el país.
El Gobierno nacional oficializó hoy el tope del 400 por ciento de aumento en el servicio residencial de gas, y del 500 por ciento para el comercio, y la ampliación del beneficio para la tarifa social en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.
La Resolución 99/2016 de la Secretaría de Energía, publicado en el Boletín Oficial, instruye en su artículo 1 al Enargas a disponer de las medidas necesarias para que las facturas "no superen en más de un 400 por ciento al monto final, sin impuestos" desde el 1 de abril para usuarios de categoría R y sus subcategorías.
Además, en el artículo 2, establece el tope en el 500 por ciento para "la categoría Servicio General P con servicio completo (subcategorías P1 P2 y P3)", que incluye a buena parte del comercio.
Según la norma, "las diferencias que surjan entre el monto final resultante de los cuadros tarifarios vigentes y el monto efectivamente facturado en función de lo dispuesto en los artículos anteriores, será aplicado como un descuento" sobre las facturaciones futuras.
"Que la implementación de este subsidio no afecta las tarifas a percibir por las prestatarias de servicios de distribución, netas del costo de adquisición del gas que distribuyan, ni las tarifas de las prestatarias del servicio de transporte", aclara la Resolución entre sus considerandos.
La decisión fue adoptada la semana pasada por el ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren, luego de los cuestionamientos de varios gobernadores e intendentes de distintos puntos del país que, en muchos casos, fueron canalizados mediante amparos judiciales que frenaron los incrementos.
En tanto, la Resolución 111/2016 eleva de 150 a 300 kilovatios/hora el volumen de consumo mensual con costo cero para los beneficiarios de la tarifa social de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.La decisión se debe a "la falta de acceso al servicio de distribución de gas natural por redes que, en general y hasta la fecha, afecta a esas provincias; a cuyo mérito corresponde adoptar las medidas conducentes a los efectos de atender la particularidad planteada", según los argumentos de la norma publicada hoy.
Luna de Avellaneda: Tarifazo a clubes 40% off. Tope en Río Negro ¿Fórmula para recomeponer?
Media provincia de Río Negro aguarda expectante resoluciones judiciales definitivas, aunque para ella ya rige una suspensión provisoria del incremento que se instrumentó desde el gobierno nacional para las tarifas del gas, confirmó el portal Rio Negro.
En el caso del este rionegrino, donde tiene jurisdicción el Juzgado Federal de Viedma, el fallo suspende las medidas y otorga un plazo de 8 días para que el Enargas y Camuzzi respondan con argumentos sólidos por qué no se convocó a audiencia pública y cuáles son los motivos de los aumentos.
Con los informes, la jueza Mirta Filipuzzi deberá resolver si deja firme la prohibición o revisa su decisión.
El fallo de la magistrada hizo lugar al recurso de amparo que interpusieron legisladores del Frente para la Victoria y una entidad de Defensa al Consumidor.
Además, en otro trámite paralelo la jueza tomó igual decisión con el recurso de la defensora del Pueblo, Nadina Díaz y adelantó que se seguirá con el mismo análisis si hubiera más presentaciones. En ese caso, la medida alcanza a los departamentos de Adolfo Alsina, San Antonio, Valcheta y 9 de Julio.
En tanto, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, a cargo del Juzgado Federal de Bariloche, frenó a fines de mayo el aumento en la tarifa de gas en ese distrito patagónico al hacer lugar a un recurso de amparo.
En su fallo, dispuso que las tarifas se retrotraigan al 31 de marzo pasado, por un plazo de tres meses, al tiempo que prohibió que la distribuidora Camuzzi implemente cortes en el suministro por falta de pago.
La defensora del Pueblo adelantó que a medida que se vayan publicando nuevas resoluciones en el Boletín Oficial que determinen topes o incrementos en las tarifas sin debida justificación y sin participación ciudadana, reiterará los recursos de amparo en el ámbito federal.
La situación de los múltiples recursos legales presentados no sólo en la región sino también a nivel nacional preocupa a la Casa Rosada. La estrategia central para desarmar ese reclamo legal es que intervengan los gobernadores, pero muchos de los amparos presentados provienen de la oposición o de organismos no gubernamentales fuera de la órbita ejecutiva.La principal estrategia que tiene por ahora el gobierno nacional es presentar un recurso en la Corte Suprema para que defina el cuestionamiento de fondo y termine así con la ola de reclamos de que no para de crecer.No sólo la aplicación efectiva de los aumentos está en duda por los recursos judiciales. La implementación de la tarifa social también deja más dudas que certezas.“Más allá de que se promueva una tarifa social, lo cierto es que el régimen ilegal se sigue manteniendo por la puesta en vigencia de resoluciones que otorgan aumento sin la debidas audiencia pública y sin clara justificación”, dijo el legislador Nicolás Rochás.“Sólo se impuso un tope y se establecieron requisitos para acceder al beneficio, que no se sabe si será de oficio o deberá gestionarlo el usuario”, afirmó.Desde la Defensoría, en tanto, se informó que existe en la página web del Enargas un link para llenar un formulario para gestionar el acceso a la tarifa social.También puede gestionarse en las oficinas de las distribuidoras de gas y electricidad ubicadas en las distintas localidades de esta provincia.
En un acto realizado en el partido Lomas de Zamora, en Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri agradeció por los mensajes tras su internación y anunció medidas para reducir el tarifazo en los clubes, según afirmaron diferentes fuentes de todo el país.
El motivo formal del acto realizado en el Club Atlético Social y Deportivo Juventud Unida de Lavallol fue el anuncio de una reducción del 40% en el aumento de las tarifas que los clubes de barrio empezaron a recibir desde el 1º de abril. En el evento se leyó una carta de Juan José Campanella, el director de la película Luna de Avellaneda, y uno de los principales representantes del pedido para que se moderase el efecto de las subas para los clubes de barrio.
"Los clubes son mucho más que entretenimiento, son muchas veces la única opción que un chico tiene frente a la calle. Son sobre todo lugares de pertenencia", escribió.
Abril: La medida anunciada incluye a las facturas que comenzaron a recibir desde ese mes.
Acompañaron a Macri la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien encabezó junto a un grupo de intendentes peronistas el reclamo para que se redujese el impacto de las nuevas tarifas para los clubes de barrio. Cuando le tocó tomar la palabra, Vidal defendió los fuertes aumentos de tarifas aplicados. "Hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Tuvimos que sincerar muchas situaciones para poder, de verdad, tener un camino mejor", alegó.
WALTER GIANNONI
¿Cuántas experiencias existen en el mundo contemporáneo sobre un país que sale de un congelamiento tarifario que se extendió a lo largo de 12 años y con alta inflación? Ninguna. ¿Cómo se hace para mantener criterios equilibrados y justos? No hay una respuesta única.
Con el paso de los días, el conflictivo tema se encaminó hacia una polarización entre el shock aplicado por el Gobierno nacional y quienes empujan cambios bajo advertencias de catástrofes inminentes e inevitables.
La propia administración, a través de uno de sus ministros, reconoció cambios de estrategia sostenidos en el equilibrio político. De hecho, hubo modificaciones con la fijación de topes a los incrementos, algo que sirve para el corto plazo pero está lejos de resolver los problemas fiscales y de las prestatarias en un período largo.
La cuestión tarifaria no es simplemente una corrección de precios relativos, sino que define en sí misma el destino político de la administración. ¿Por qué? Están en juego dos a tres puntos del producto interno bruto, de un déficit total acumulado de seis o siete puntos al final del kirchnerismo.
El déficit energético se llevó 140 mil millones de pesos en 2015, algo así como 140 mil viviendas en tan sólo un año. ¿Se entiende la magnitud del problema?
Es decir, los recursos que el Estado no logre recuperar por vía de las facturas de electricidad y gas natural, deberá ponerlos extrayéndolos de otras fuentes. Y, ya se sabe, con el gasto público todavía a todo vapor, esos manantiales con billetes son: o la emisión lisa y llana (más inflación) o un endeudamiento externo adicional en dólares.
No hay más sencillamente porque primero la gestión que lleva seis meses en el poder debe cubrir un fuerte gasto social; resignó recursos con rebajas tributarias para movilizar a sectores productivos paralizados; afrontó el corsé de la devolución de la coparticipación a las provincias, y está imposibilitada de subir tributos en medio de una heredada presión fiscal en niveles récords.
En consecuencia, si el Gobierno admite que debe hacerse cargo del costo que significa la energía para un cada vez más grande y diverso número de usuarios, implícitamente estará reconociendo una mayor gradualidad en el ajuste que aplica y la supervivencia de la inflación.
Es exactamente lo contrario de lo que le reclaman sectores económicos aparentemente interesados en desarrollar inversiones y que -mal que nos pese- no ven la cirugía mayor que esperaban en el sector público.
Al ministro de Energía, Juan José Aranguren, se le enrostra haber avanzado en el sinceramiento tarifario con paso de elefante en un bazar. Es difícil pensar que para ello alguien que tiene la formación de un CEO de empresa no haya tenido la venia de sus superiores. En este caso, el presidente Mauricio Macri, metido en su decisión de producir en el primer semestre los ajustes en la economía a fin de apuntar a una baja drástica de la inflación para el resto del año.
Aranguren se defiende con un dato concreto que alcanza para convencer a Macri: todo lo que aumentó la electricidad, que pasó de costar 1,70 centavo de dólar a seis o siete centavos de dólar por kilovatio hora, apenas alcanza para pagar el 33 por ciento de lo que le cuesta a las generadoras producir esa energía.
Ahora bien, ¿cuánto les pega realmente el ajuste tarifario a las empresas, y en particular a las fábricas?
La Unión Industrial Argentina (UIA) recorrió con esa pregunta el espinel de sus asociados y llegó a la conclusión de que a lo largo y ancho del país, sobre un universo de 115 mil industrias, unas 6.900 hacen un uso intensivo de la electricidad y verificarían con la factura de la luz aumentos de costos difíciles de asimilar.
En cambio, otro es en el panorama en lo vinculado con los incrementos en las tarifas de gas natural. Si bien aparecen casos dramáticos, como el de una fábrica de cerámicas del sur del país, la mayor parte de las industrias que demandan este fluido ya venían asumiendo desde el año pasado incrementos y los trasladaron a precio.
Un tema no menor en esta discusión pasa por determinar qué sería un aumento "razonable" en las tarifas que atienda la necesidad oficial de reducir el déficit fiscal y, al mismo tiempo, atender los costos de las empresas.
Vale ponerlo en un ejemplo. "De 10 centavos el metro cúbico, lo llevaron a 1,95 pesos. Eso quiere decir que lo multiplicaron por 18 o 19", bramó Miguel Conde, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario.
Con esta perspectiva del empresario, ¿cuál debería ser el precio? Pocos conocen, por ejemplo, que hasta que se produjo el rebalanceo tarifario, las estaciones de GNC pagaban el gas al mismo precio que el que se abonaba por la cocina de una casa de familia. Ahora fueron pasadas a la categoría de consumidores industriales. Hoy, un metro cúbico de ese gas cuesta 10 pesos.
En Córdoba, por ejemplo, decenas de industrias funcionan con gas propano, que cotiza a razón de nueve pesos el kilogramo. Algunas, inclusive, operan como en el inicio de la era industrial, con leña y carbón. ¿Vale dejarlas hundidas en esos costos? Si a estas "cenicientas de la industria" se les ofreciera el gas a dos o tres pesos, ¿qué harían? Respuesta: se tirarían de cabeza sobre la cañería que les da previsibilidad.
Pero, como decimos al inicio, no existe experiencia mundial sobre un país que mantuviera una década las tarifas congeladas en un escenario inflacionario como el que dominó a la gestión del kirchnerismo los últimos ocho años. Sí se sabe cuál será el próximo: Venezuela.
En Córdoba, por ejemplo, se verificaron actualizaciones periódicas en la tarifa eléctrica y el golpe porcentual es inferior al registrado en otras jurisdicciones, aunque los precios nominales continúen muy por arriba de otras provincias.
Salir de ese esquema dejó el campo tendido de heridos. Pequeñas industrias, comercios, organizaciones deportivas, instituciones sociales, entre una larga lista, acusaron el impacto y pidieron quedar comprendidas en tarifas subsidiadas, a lo cual el Gobierno hizo lugar parcialmente. Sirve para la coyuntura, pero no contribuye a contener la sangría de fondos públicos ni la inversión.
Aun así, pervive en la conciencia colectiva el convencimiento de que todas estas actividades deben ser sostenidas por el Estado nacional. A partir del reciente acuerdo fiscal por la devolución del 15 por ciento de la coparticipación, las provincias y los municipios recibirán muchos más recursos que los cobrados durante la década pasada.
¿No podrán asimilar una responsabilidad cercana con sus ciudadanos, como la de subvencionar a estos sectores de la sociedad? ¿O ese mayor ingreso terminará, como ya quedó suficientemente demostrado a lo largo de la historia de este país, hundido en el gasto salarial y político?
Para entender el dilema, basta un ejemplo. Si una sociedad decidiera que el presupuesto federal debe subvencionar el gas natural para una pileta olímpica pública, o la electricidad para un club de barrio, ¿por qué no colaborar también con el pago de los entrenadores o del personal de mantenimiento que forman parte de esa actividad al igual que el insumo energético? En definitiva, los tres –la energía, el entrenador y el personal de mantenimiento– son partes inseparables de la actividad.
Algo semejante ocurre con el sector comercial o la pequeña industria que hace uso intensivo de los combustibles. Aparecieron casos donde resulta evidente que los planes de negocios funcionaron sobre la base de gas o electricidad fuertemente subsidiados. Hoy esos números no cierran más. Es otro drama que surge de creer que se puede tapar el sol con las manos.
