En medio de protestas sindicales, restricciones a la industria y descomunales ajustes de tarifas, empezaron a llegar desde Chile 4,5 millones de metros cúbicos diarios de GAS para ayudar a sortear otro duro invierno y recordar que la Argentina tiene una profunda crisis energética por resolver.
El pasado viernes, el ministro chileno de Energía, Máximo Pacheco, anunció oficialmente desde Quintero, a 150 kilómetros de Santiago, el inicio de los envíos que ambos países convinieron hasta fines de agosto por los gasoductos binacionales GasAndes y NorAndino.
Ese mismo día, en Buenos Aires, se confirmó que el fiscal Carlos Stornelli imputó al ministro argentino de Energía, Juan José Aranguren, por acordar la compra en forma directa y a un precio que resulta un 53% más alto que el gas natural licuado (GNL) que llega por barcos y un 128% más caro que las importaciones realizadas desde Bolivia.
Los precios pactados con las empresas chilenas que participan de las operaciones son de 6,90 dólares por millón de BTU (medida que equivale a unos 27 metros cúbicos) por los despachos que llegan desde Mejillones a Pichanal (NorAndino) y de 7,2 dólares, por los volúmenes que ingresan desde Quintero hasta Las Moras (GasAndes).
A través del ducto binacional que conecta a la región de Antofagasta con la provincia de Salta, el país recibe por estos días 1,5 millones de metros cúbicos diarios de gas, mientras que otros 3 millones llegan por la red que vincula a la zona central de Chile con la provincia de Mendoza.
El acuerdo que la estatal Energía Argentina (Enarsa) firmó con Solgas, empresa privada que comercializa el gas en el norte de Chile, prevé la entrega de 86 millones de metros cúbicos, hasta el 31 de agosto, por el gasoducto NorAndino.
La firma que importará el gas natural licuado (GNL) que se procesa en Mejillones terminó de conformarse en 2011, pero sus orígenes se remontan a 2007, cuando el gobierno argentino cortó las exportaciones de gas a Chile y dejó a usinas térmicas, complejos mineros y establecimientos industriales de la región de Antofagasta en crítica situación de abastecimiento energético.
La negociación por los volúmenes que empezaron a entrar por Salta fueron cerradas con la regasificadora GNL Mejillones, la transportista Gasoducto NorAndino y la comercializadora Solgas.
En los despachos que se iniciaron el miércoles por Mendoza, las contrapartes chilenas de Enarsa son la estatal ENAP y dos empresas privadas: Endesa y GasAndes.
El gasoducto NorAndino fue construido entre 1997 y 1998 por la belga Tractebel y la estadounidense Southern Electric. Empezó a operar desde Salta hacia Antofagasta en 1999.
En su sentido originario, se extendía desde la planta compresora de Pichanal (Orán) hasta la localidad atacameña de María Elena.
Su tubería atraviesa la cordillera de los Andes, por la zona de Jama, con 380 kilómetros por Argentina y otros 400 por Chile.
NorAndino es una de las tres obras de interconexión energética que se materializaron desde Salta hasta Antofagasta a fines de los noventa y que quedaron ociosas, en la década siguiente, por el derrumbe productivo de las cuencas del país y la creciente dependencia de las importaciones que llegan desde Bolivia o en los buques metaneros que atracan en Buenos Aires con gas natural licuado (GNL).
Los otros dos tendidos binacionales que dejaron de operar, en medio de la crisis energética argentina, son el gasoducto Atacama y el sistema InterAndes.
El fiscal Carlos Stornelli imputó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por una denuncia sobreirregularidades en la compra de gas a Chile, en la que se lo acusa de haber pagado sobreprecios y de realizarla sin licitación.
La denuncia fue presentada a principios de mayo por los diputados Martin Doñate y Rodolfo Tailhade en el Juzgado Federal 9. Lo acusan por un acuerdo con Chile con un precio que resulta un 53% más caro que el GNL que llega por barcos y un 128% más elevado que lo abonado por las importaciones provenientes de Bolivia.
Además, en esa presentación apuntaron en su contra por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública al "beneficiarse" con el tarifazo de gas, en virtud de que es accionista de la empresa Shell.
Según los denunciantes, la compra de gas a Chile se realizó "en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia". Y expresaron que puso "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado por Shell), la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".
La adquisición de gas a Chile también fue denunciada ayer por Fernando "Pino" Solanas, senador de Proyecto Sur, quien aseguró que fue "una compra directa ilegal con sobreprecios del 128%". "No es cierto que se haya vencido el acuerdo para comprarle gas más barato a Bolivia. En esta situación de tarifazo ¿cuál es la explicación para comprar sin licitación más caro en Chile?", se indignó en diálogo con radio Continental.
"La ley no permite la compra directa del Estado por más de $ 1,3 millones. Además, el contrato con las dos empresas chilenas tiene cláusulas secretas y jurisdicción legal en Nueva York. Me llamó Aranguren y le pedí que concurriera al Senado, todavía no me respondió", manifestó Solanas.
