Las diferencias entre el gobierno y Camuzzi Gas Pampeana continúan profundizándose y podrían llegar a la Justicia. El gobernador Carlos Verna afirmó que la distribuidora de gas en la provincia incumplió con el acuerdo de concesión porque pidió una obra en 2014 con un error de cálculo, y “la culpa es de ellos”. El mandatario brindó una conferencia de prensa junto a las autoridades de la empresa, donde no se guardó nada.
“No tenemos acuerdo. La interpretación que hacemos es que ellos pidieron una obra en 2014, el Estado la construyó y creemos que hubo un error de cálculo en el crecimiento vegetativo lo que hace que hoy no puedan atender ni la demanda de los consorcios de 2015 ni las viviendas que estamos construyendo”, dijo Verna sentado junto al gerente general de Camuzzi, Juan José Mitjans, el regional Hugo Cuadrelli y el responsable de Relaciones Institucionales, Rodrigo Espinosa.
Manifestó que Camuzzi aduce que el problema “se debe a un atraso de la obra que postergó las posibles conexiones” y remarcó que “vamos a seguir impulsando la Ley Ziliotto, para que el Estado provincial y las cooperativas puedan prestar el servicio de gas”. En rigor, el diputado nacional Sergio Ziliotto (PJ) presentó un proyecto de ley para que la Provincia y las cooperativas puedan brindar ese servicio ante la rescisión de contratos vigentes.
“Cuando se establezca el nuevo cuadro de reordenamiento tarifario, se establecerán los derechos y obligaciones de la empresa. Si incumple, le hemos adelantado que vamos a pedir la rescisión del contrato y vamos a ofrecer a la Nación hacernos cargo. Por supuesto, Camuzzi aclaró que si lo hacemos vamos a discutir judicialmente. Yo estoy decidido a hacerme cargo del servicio y que la distribución minorista en las localidades la hagan las cooperativas”, señaló el mandatario.
En medio del diálogo con la prensa, Mitjans respondió que la empresa “no está incumpliendo nada, nunca tuvimos inconvenientes con las ampliaciones de obras, salvo algún mal entendido. De todos modos, esperamos que se empiecen a normalizar los contratos de concesión de todas las empresas que están congelados desde 1999. En 2007, firmamos actas acuerdo para normalizar las licencias, pero no avanzamos. Con la Provincia trabajamos desde hace años, ellos hacían las ampliaciones y las transferían a la empresa que solo opera y mantiene las redes existentes”.
Sobre esto, Verna agregó: “La diferencia es que el loop (un refuerzo de las cañerías principales) que se hizo fue en junio de 2015, lo entregamos en abril de 2016 y cuando se empezó a hacer Camuzzi sabía que era insuficiente para la demanda actual. Mi observación es por qué no avisaron para que el Estado provincial, con fondos de Nación, hiciese una obra más grande. Ellos avisaron en agosto que la obra era insuficiente, cuando ya estaba en ejecución”.
En noviembre, siguió, el entonces ministro de Obras Públicas, Horacio Giai, determinó cuáles son los servicios que se podían dejar de prestar y “a eso se atiene la empresa. Si lo hubiesen dicho antes de comenzar la obra de refuerzo se podría haber hecho una ampliación. Ellos aducen que quizás el criterio hubiera sido que se haga igual y que se resolviera, como se resolvió, haciendo una nota desde Obras Públicas diciendo que se quedan sin gas las viviendas del Fonavi, 800 casas en Santa Rosa, 400 en General Pico, 160 en Toay y todos los que no pidieron las conexiones antes de 2015”.
La empresa privada Camuzzi Gas del Sur recibió recién este jueves (02/06) la notificación del recurso de amparo que presentó la Municipalidad de Bariloche ante el Juzgado Federal, que les prohibe cortar el suministro y cobrar las actuales tarifas.
Si bien aclaró que "no queremos ser portavoz de la empresa", el intendente Gustavo Gennuso anticipó que el jefe regional de la empresa le comunicó que las autoridades de Camuzzi "no saben qué resolución tomar, si refacturaban o no por si hay otra medida".
El intendente aclaró que los ciudadanos de Bariloche todavía están amparados por la resolución del Juzgado Federal aunque admitió que el Gobierno nacional apelará a la medida.
"Espero que las negociaciones sean suficientes para que se puedan aceptar, mientras tanto no se va a levantar la medida cautelar" dijo respecto al diálogo entre los gobernadores patagónicos y ministros nacionales.
"Estamos esperando la finalicacion del diálogo, me parece que hubo avances aunque todavía no se habló de lo comercial" sostuvo.
EL DÍA
Gustavo Gennuso, jefe comunal de la ciudad de San Carlos de Bariloche diálogo hoy con JUSTICIA EN PRIMERA, el ciclo radial que se emite todos los jueves por LA REDONDA 100., sobre el recurso de amparo que obtuvo la ciudad patagónica para frenar los aumentos en la factura de gas.
Al analizar cómo impacta económicamente el aumento de la tarifa de gas en la comuna que conduce manifestó que “es una medida que afecta a todos los ciudadanos pero principalmente al trabajador”. En este sentido detalló que “como todo aumento tarifario que no se pueden incluir en los costos de una empresa termina afectando a la generación de empleo” son los trabajadores de la ciudad los que terminan sufriendo las consecuencias.
“La nueva tarifa obliga a la empresa hotelera que contrata mano de obra durante el invierno a tener que elegir entre pagarle a un empleado o abonar las boletas con cifras astronómicas de gas que también recibió” explicó.
Y añadió que además de la falta de trabajo los bajos sueldos que perciben muchos de los trabajadores no pueden hacer frente a los grandes montos que vienen en las facturas. “El que tiene un sueldo de $11000 y tiene que pagar 3800 de gas es imposible que pueda pensar en hacer otro tipo de gastos. Al final lo que termina pasando es que la economía se enfría y se entra en una recesión” alertó.
Hace dos semanas el juez de Primera Instancia perteneciente al Juzgado Federal Nº2 de Neuquén y que subroga el Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, hizo lugar a la medida cautelar presentada por el intendente Gustavo Gennuso y suspendió la resolución del Ministerio de Energía de la Nación, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y se ordenó a la Empresa Camuzzi Gas del Sur S.A. que se abstenga de efectuar cortes de suministro de gas motivado en la falta de pago de tales facturas.
Al referirse a los avances en el cumplimiento de lo ordenado por el magistrado neuquino adelantó que hasta el momento “se ha conseguido notificar a Camuzzi sobre el freno a los aumentos”. En este sentido remarcó que la empresa parece está acatando la medida pues se encuentra evaluando medidas para poner en marcha lo ordenado por el juez Gustavo Villanueva.
“Hasta el momento la empresa todavìa se encuentra evaluando la posibilidad de refacturar sin el aumento porque esta acción implica un gran costo económico para Camuzzi” destacó. Y adelantó que para evitar esta erogación y acatar la norma la empresa prestataria de servicio tomaría la decisión de permitir a los usuarios no pagar el servicio hasta tanto se consiga una resolución.
“A mí me hubiera gustado llegar a un acuerdo mediante el diálogo y no tener que judicializar nuestra demanda. Pero obviamente ante la desesperación de la gente y la angustia que se generó decidimos que aquellas cuestiones que podemos contener desde lo judicial será bueno en tanto y en cuanto se puede ganar tiempo para establecer un diálogo político” comentó al analizar la medida tomada por la justicia.
Y añadió con respecto al trámite judicial que debió encarar que “entrar en una batalla judicial de apelaciones e idas y vueltas no le sirve a la gente porque va a estar en un estado continuo de zozobra. Pero sin embargo como creíamos que estaban afectados los derechos de los usuarios de gas natural de la ciudad de Bariloche decidimos tomar este camino. Presentamos este recurso de Amparo y el juez otorgó una medida cautelar”.
En medio de la euforía, posterior confusión y la seguida aclaración por el fallo que detuvo el "tarifazo" del gas gracias a un amparo presentado por la ONG Protectora, comenzaron las apelaciones por parte de las empresas y del Estado nacional.
En primera instancia la decisión de la jueza Olga Pura Arrabal fue apelada por el Estado nacional y Enargas, quienes lo hicieron en el plazo de 48 horas que establece la ley y que ahora debe resolver la cámara correspondiente. A ellos se sumó Ecogas, compañía que presentó un recurso de reposición, que a diferencia de la apelación queda a consideración de la juez y por ende es más rápido.
Sin embargo, y pese al apuro, la respuesta de la magistrada fue negativa, ante lo cual la empresa insistió con un pedido que no deja de ser llamativo. Solicitaron a la doctora que modifique la medida cautelar que les exige hacer un nuevo cuadro tarifario para Mendoza, a cambio de lo cual pidieron que la justicia dictamine que se aplique la "tarifa social" a toda la población mendocina.
De esta manera, confirmaron fuentes del sector, lo que se está pidiendo es que el Estado nacional corra con el gasto y subsidie el servicio. De esta forma, la empresa no se vería afectada, ya que la parte del aumento que no se le cobra a la ciudadanía volvería a pagarla la Nación.
Mientras eso sucede en el ámbito judicial con respecto a la tarifa del gas, a nivel político y tras los anuncios hechos ayer por el Gobierno (y que pusieron un tope de 400% al aumento), en el Ejecutivo provincial avanzan con una estrategia para buscar una solución más a largo plazo, que vaya más allá del período de 90 días que contempla el amparo que detuvo el tarifazo.
"Nosotros estamos viendo algo más allá del fallo y gestionamos pasar al sistema de la Pampa Norte", indicó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.
De acuerdo al funcionario, la idea es partir de una base de tarifa plana distinta en los costos, pasando de la tarifa de una zona considerada templada a una más fría, logrando que en el cálculo de los distintos componentes permitan una reducción en el valor del metro cúbico de gas.
El objetivo para la administración provincial, más allá de lo que se anunció ayer a nivel nacional, es cambiar de sistema y, por ende, modificar la matriz en el cálculo de la factura, lo que se transformaría en un beneficio permanente para la población provincial.
Las gestiones, indicó el ministro, están siendo realizadas en Buenos Aires por el secretario de Servicio Públicos, Sergio Marinelli. De concretarse el deseo del Gobierno provincial, se daría una de las condiciones que trata de implementar el fallo de Olga Pura Arrabal y que está relacionado con el cambio en la consideración que tiene Mendoza a la hora de calcular los precios del gas.
