El proyecto del Gobierno de blanqueo y pago a jubilados enviado al Congreso incluye también una amplia moratoria de los principales impuestos nacionales, con un descuento del 15% sobre el capital si la deuda se paga al contado o de 60 cuotas con un interés máximo de 18% anual.
Así surge del texto de la iniciativa de 94 artículos de "sinceramiento fiscal", que ingresó anteanoche a la Cámara de Diputados, donde hoy se iniciará su tratamiento en comisión, y que permitirá blanquear capitales a todas las personas no condenadas por delitos de evasión. Están incluidos prominentes empresarios ligados tanto al kirchnerismo como al macrismo (mencionados en los Panamá Papers) y las cuentas investigadas por la causa de fondos no declarados en Suiza.
La "regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras", o moratoria, permite pagar en términos favorables todos los impuestos no ingresados, a partir de la sanción de la ley al 31 de marzo de 2017. Y también las obligaciones que estén en discusión administrativa o judicial.
Esto último, si el demandado renuncia a cualquier acción y paga las costas; también, las deudas prescriptas pero denunciadas judicialmente por la AFIP.
De hecho, el artículo 52 dice que el ingreso a la moratoria suspende las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de prescripción penal, mientras que la cancelación de la deuda "producirá la extinción de la acción penal", si no hay sentencia firme previamente.
Los que adhieran a esta iniciativa gozarán de la exención de las multas y sanciones previstas en las leyes 11.683, 17.250, 22.161 y 22.415 que no estuvieran firmes al momento del acogimiento; del 100% de los intereses resarcitorios y punitorios para los autónomos, y de una cifra que disminuye a medida que se retrocede en el período fiscal considerado, para el resto de los contribuyentes.
Las personas que ingresen a la moratoria podrán cancelar su deuda con un descuento del 15% sobre capital e intereses si lo hacen al contado, o en un plan con un pago a cuenta del 5% de la deuda y un saldo de 60 cuotas con un interés de financiación del 1,5% mensual. Estas cuotas se podrán cancelar en forma anticipada. También se permite regularizar las obligaciones fiscales vencidas al 31 de mayo de 2016 que hayan sido incluidas en anteriores planes de pago. No se pueden computar los impuestos ingresados por facturas apócrifas.
Por otro lado, el "régimen de sinceramiento" ratifica, como informó LA NACION la semana pasada, que el impuesto a los bienes personales pasará a ser pagado a partir de los $ 800.000 este año, $ 950.000 el próximo y $ 1.050.000 en 2018, mientras que se eliminará en 2019. Ese mismo año se derogará también el impuesto a la ganancia mínima presunta.
Además, en el caso de Bienes Personales se fija una alícuota decreciente del 0,75% para el actual ejercicio fiscal, del 0,50% para el próximo y del 0,25% para 2018. Además, se pasará a pagar sobre el excedente de los mencionados pisos y no sobre el total de los bienes.
También se ratificó el "régimen para cumplidores", por el cual se los exime, si cumplieron con sus obligaciones en los dos períodos previos a 2016 -en forma completa, por lo cual no pueden haber adherido al anterior blanqueo ni a planes de pago previos-, del pago de Bienes Personales para 2016, 2017 y 2018. Los anticipos que se ingresen antes de la sanción de esta norma legislativa podrán ser computados luego como pago a cuenta de Ganancias o del monotributo. No se incluyó finalmente el premio para la reducción de los anticipos de Ganancias, como se había anunciado la semana pasada, para los cumplidores.
El abogado tributarista Diego Fraga señaló que "es inédito que en nuestro país se brinde un beneficio a los contribuyentes cumplidores; no obstante, tienen sabor a poco frente a los grandes beneficios que se pretenden dar a los que blanquean".
También se ratifican las alícuotas que trascendieron para el blanqueo de capitales: de 0% hasta los $ 305.000; de 5% para la compra de inmuebles y capitales hasta $ 800.000, y de 10% para los montos mayores (suma que sube a 15% el 1° de enero). En lugar de efectivo, esta última alícuota se puede pagar por medio de los títulos Bonar 17 o Global 17, pero en ese caso la tasa pasará a ser del 12%. Podrán blanquearse existencias en pesos, divisas y bienes y no existirá la obligación de ingresarlos al país.
Los fondos derivados del blanqueo -que el Gobierno calculó en forma premeditada en US$ 20.000 millones, pero que en realidad podrían llegar a US$ 40.000 millones según estimaciones de la city- serán derivados a la Anses para el pago de losjuicios a los jubilados.
Se pueden blanquear hasta US$ 500.000 en efectivo -que quedarán inmovilizados por seis meses- o mediante la suscripción de dos bonos, en cuyo caso no se pagará ninguna alícuota. Los títulos en este caso serán intransferibles y con dos plazos: a 3 años, sin pago de intereses, o a 6 años, sin pagar intereses los primeros 2 años y luego con una retribución del 5% anual.
Se excluye del proyecto a los funcionarios políticos hasta el rango de directores nacionales, embajadores, personal de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad y de inteligencia, rectores o decanos de universidades nacionales, funcionarios encargados de otorgar habilitaciones administrativas, aquellos que integren organismos de control de los servicios públicos privatizados, comisiones de adjudicación de licitaciones, o participen en decisiones de licitaciones o compra del Gobierno.
La exclusión de funcionarios, decidida anteayer a última hora a instancias de la UCR y la Coalición Cívica, no terminó de cerrar las diferencias en la alianza Cambiemos en torno a los alcances del blanqueo. Al respecto, la diputada Elisa Carrió dijo ayer a LA NACION que buscarán ampliar los límites de la medida. "Ahora vamos por los jueces, los legisladores y los contratistas del Estado", confió la líder de la CC.
Por otra parte, no se permite la regularización de dinero o títulos en países de alto riesgo o no cooperantes para el GAFI.
Se ratifica el secreto fiscal de quienes acceden al blanqueo, con la correspondiente sanción económica para quienes lo violen, luego de las filtraciones registradas en el blanqueo 2013-2015, en la última gestión kirchnerista.
Se crea una comisión para la reforma tributaria con la participación de 15 diputados y 15 senadores, que deberá realizar en un año un informe. El proyecto comenzará a ser debatido mañana en un plenario de comisiones de la Cámara baja, con la presencia de varios funcionarios del equipo económico.
Qué dice la letra chica del "régimen de sinceramiento"
Incluidos en la iniciativa
Pueden sumarse al blanqueo todas las personas no condenadas por delitos de evasión
Quita de sanciones
Ingresar a la moratoria suspende acciones penales y aduaneras; cancelar la deuda "produce la extinción de la acción penal"
Descuento
Si se abona al contado, se accede a un descuento del 15 por ciento sobre capital e intereses
Plan de pago
Otra forma de cancelar las obligaciones es plegándose a un plan con un pago a cuenta del 5% de la deuda y 60 cuotas con 1,5% de interés mensual, por el saldo
Alícuotas
Hasta $ 305.000, la alícuota será del 0%; para compra de inmuebles y capitales hasta $ 800.000, del 5%; para montos mayores, será del 10% (y subirá al 15% desde enero de 2017)
CARLOS PAGNI
Con el megaproyecto que comenzará a discutirse hoy en la Cámara de Diputados, Mauricio Macri pretende plebiscitar su gobierno. Es un plebiscito raro. No se medirá en votos, sino en dólares. Macri quiere que el caudal de divisas que ingresen al blanqueo sea visto como una apuesta al éxito de su administración. Ya comenzaron los acertijos sobre el número mágico en que se cifraría ese triunfo: ¿25.000? ¿30.000 millones de dólares?
¿Cuánto necesitan los gobernadores, intendentes, sindicalistas y empresarios para impresionarse? Trivialidades.
Lo relevante es que el oficialismo apuesta a que, si ingresa una suma contundente y, además, la inflación declina en los próximos meses, incrementará su poder. En otros términos, la evidencia de una victoria económica mejoraría el horizonte electoral y, por lo tanto, disciplinaría a la oposición. Sobre todo al peronismo.
Detrás de la ley que anteanoche ingresó al Congreso hay otra jugada de poder: la reparación a los jubilados supone una expansión del gasto público que rondaría 1,2% del PBI. La Anses deberá pagar unos $ 75.000 millones más por año. Es, con el plan de obras públicas programado para el segundo semestre, un estímulo para salir de la recesión. El objetivo es, desde este punto de vista, el mismo: exhibir una economía reactivada para cuando comience la campaña electoral. La estrategia alimentará a los censores ortodoxos de Macri y Alfonso Prat-Gay . Para reducir en 2017 el déficit fiscal a 3,3%, como había prometido, Hacienda deberá hacer un esfuerzo mucho más duro de lo previsto, en plena disputa por los votos.
acri cuenta en su desafío con una ayuda del contexto. A partir de enero 48 países de la OCDE activarán un mecanismo de intercambio automático de información que inducirá al blanqueo. Fue el argumento inicial de los funcionarios que pensaron este jubileo: "No podemos dejar pasar la ventaja que nos ofrece el nuevo régimen financiero internacional".
Antes de oficializar su proyecto, el Gobierno debió ajustar su frente interno. El martes los funcionarios de la Jefatura de Gabinete, con Mario Quintana a la cabeza, negociaron con Elisa Carrió dos capítulos del blanqueo. La diputada examina el articulado con la mente puesta en la campaña bonaerense del año próximo. Y en su principal contradictora, Margarita Stolbizer . Carrió consiguió excluir a quienes han sido funcionarios. La eliminación de esa prerrogativa había sido discutida el lunes con el presidente del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri , en una reunión celebrada en las mismas oficinas, que encabezó Macri. "Entiendo las razones técnicas, pero la política funciona de otro modo: vamos a opacar el mérito de la reforma jubilatoria con una discusión sobre los derechos de la clase política a blanquear sus fondos. Además, si el éxito de la operación dependiera de lo que pongan en juego quienes fueron funcionarios, este país debería ser clausurado", arguyó Negri. Quedó un cabo suelto: quienes tienen o tuvieron cargos municipales o provinciales, ¿también son desautorizados? La oposición utilizará esta pregunta para lastimar al ex ministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti , quien figura en los Panamá Papers con una cuenta en Suiza. Grindetti es, con Nicolás Caputo , uno de los amigos a los que Macri, según su declaración jurada, debió socorrer prestándoles plata.
Carrió no logró que se prohíba regularizar la plata negra de los contratistas del Estado. Esa limitación iba a tener nombre y apellido: Lázaro Báez y Cristóbal López . En la última versión del texto, quienes no estén procesados por evasión o lavado de dinero podrán formalizarse. En los próximos días se sabrá si Carrió cerró la discusión. Ella puede llevar la controversia a la moratoria tributaria contenida en el proyecto. Sobre todo a la cláusula que prevé la extinción de sanciones penales para quienes salden sus compromisos. Una noticia inmejorable para quienes, como Báez o López, han sido los niños mimados de la AFIP de Ricardo Echegaray . O como Patricio Farcuh, el dueño de OCA, a quien la agencia impositiva acaba de embargar las cuentas. Farcuh es el álter ego de Hugo Moyano en el negocio del correo privado. La amistad con Caputo le sirvió de poco. Bien Macri ahí.
La negociación del blanqueo desnuda una llamativa paradoja: el Presidente acordará más fácil con el PJ que con sus socios de Cambiemos. El proyecto inicial prevé penalidades que para muchos operadores del mercado son desalentadoras. Sobre todo el 10% de multa para más de $ 800.000. En cambio, Miguel Pichetto presentará, con otros senadores del FPV, una iniciativa mucho más generosa para quienes escondieron sus ahorros. Pichetto cree que no hay que establecer sanción alguna y propone cambiar ese dinero por un bono en dólares que pague una tasa equivalente a la del Tesoro de los Estados Unidos. Cuando se le pregunta por qué es menos restrictivo que el oficialismo, Pichetto esboza una sonrisa: "La Argentina tiene que aprovechar la oportunidad internacional. Pero la gente de Macri no se atreve. Son almas bellas que gobiernan con culpa".
El jefe de los senadores peronistas tiene una ventaja frente a los legisladores de Cambiemos, sobre todo frente a Carrió: defendió los blanqueos de los Kirchner, que fueron de una permisividad extraordinaria. El primero, por ejemplo, fue diseñado por Fabián de Souza, socio de Cristóbal López y hoy sospechado de ser el testaferro del ex presidente en algunas empresas del zar del juego.
Durante los últimos 15 días Pichetto fue visitado por varios representantes de Cambiemos. Las conversaciones podrían tener una consecuencia: que los senadores oficialistas aprovechen el proyecto del PJ para flexibilizar el que les llegará desde Diputados. Por ejemplo, aprobando una reducción de las multas con dos tercios de los votos.
La colaboración de Pichetto no es gratuita. La Anses abrevará en los fondos del blanqueo. Y de allí saldrá un préstamo a tasa muy baja para las provincias. Es un pliegue del proyecto sobre el que el Gobierno prefiere no posar la lupa. Con "la plata de los abuelos" seguirá financiando el exorbitante déficit de muchas gobernaciones que no estarán obligadas a reforma alguna. Los caudillos peronistas pretenden asegurarse las elecciones con el nuevo perdón fiscal. El ajuste, en todo caso, lo hace Macri. El Presidente parece resignado a que la gobernabilidad se consigue con dinero. Hasta a Francisco le envió un cheque que hizo las delicias del trotskismo. Anteayer La Izquierda Diario se burlaba de que a Bergoglio lo trataran como a un sindicalista.
Los expertos en finanzas comenzaron ayer a debatir el atractivo técnico del sinceramiento. Hay un reproche generalizado: la Comisión Nacional de Valores se demoró demasiado en fijar regulaciones que alienten la inversión. Por lo tanto, quienes se regularicen tendrán pocos instrumentos en los que volcar su dinero. Es el problema de autorizar un blanqueo en un país que carece de mercado de capitales. Tampoco atraían mucho ayer los bonos que ofrece el Tesoro a quienes quieren quedar exceptuados de una multa. Son papeles de tasa baja, que no se pueden transferir durante dos o tres años. "Producen claustrofobia", graficó un economista.
En cambio, otros aspectos del proyecto eran aplaudidos. Por ejemplo, que los que repatríen fondos declarados sean eximidos de pagar ganancias por las diferencias de cambio existentes entre el momento en que adquirieron los recursos y el momento en que los liquidan para realizar una inversión. Si no se les concediera ese derecho, estarían en desventaja con respecto a quienes atesoraban sus dólares en negro.
Las "almas bellas" de las que habló Pichetto lavarán la culpa del blanqueo con la reparación a los jubilados que ganaron juicios a la Anses. Debe reconocerse algo que no debería ser insólito: Macri decidió cumplir con las sentencias de la Corte. Los diputados de Cambiemos machacarán sobre este "mérito" durante el debate, frente a un kirchnerismo que ninguneó a "los abuelos" como si fueran "buitres". Aun así, para algunos dirigentes peronistas la reparación se queda corta. Sergio Massa, por ejemplo, propondrá una mejora del haber mínimo a quienes sólo cobran una jubilación. Desde el oficialismo le enrostrarán la irresponsabilidad de haber incorporado, cuando pasó por la Anses, a millones de beneficiarios que no habían hecho aporte alguno. El actual titular de esa agencia, Emilio Basavilbaso, se ufana de que el nuevo proyecto prevé una asignación universal a la vejez que es el 80% de la jubilación mínima, "para no igualar a los que no aportaron con los que sí lo hicieron".
En su afán por disimular el indulto a los evasores con un salariazo previsional, el Gobierno incluyó en un mismo texto un festival de reformas. Dos de ellas están sólo esbozadas. Macri pretende impulsarlas después de las elecciones del año próximo. Supone que, para entonces, tendrá un mayor control sobre el Congreso. La primera: una modificación integral del sistema tributario, que incluye la eliminación del impuesto al cheque y el establecimiento de otro a la herencia. Esta última iniciativa fue motivo de debate en el gabinete. Algunos funcionarios consideran que puede desalentar el blanqueo. Otros piensan lo contrario: que para evitar ese tributo mucha gente se sincerará e implementará su sucesión por adelantado.
La otra gran reforma que está apenas insinuada tiene que ver con el régimen jubilatorio. La ley encarga al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la creación de una comisión que estudie un nuevo sistema previsional. La intención es fortalecer el financiamiento de la Anses, a través de dos mecanismos: favorecer el blanqueo de los trabajadores y elevar la edad jubilatoria. Al fin y al cabo, la Argentina no podrá eludir lo que se debate en el mundo.
