Con las primeras facturas, tras el anuncio de los tarifazos, se sucedieron idas y vueltas en torno a la tarifa social y el abastecimiento. Algunas provincias, como en el sur del país, recibieron un beneficio, via judicial, de amparo en el pago de tarifas. Los amparos frente a las tarifas se siguen sumando, ahora le toca a algunas áreas de la Provincia de Buenos Aires.
La sorpresiva y extrema medida tomada por las autoridades nacionales es una respuesta a la medida de fuerza adoptada por el Sindicato de Petroleros Privados de Tierra del Fuego, que en el día de hoy paralizarán las tareas que realizan en las plantas de inyección en el Gasoducto troncal San Martín, que transporta el gas desde la isla de Tierra del Fuego hasta Bahía Blanca (donde se separa y distribuye para su consumo domiciliario y comercial), en respuesta a los aumentos de la tarifa del gas y su impacto en hogares y comercios de la Patagonia.
“Si el gremio no levanta la medida de fuerza, en el día de mañana (por hoy) se deberá cortar el suministro de GNC (gas natural comprimido) en todo el país”, advirtió la cartera que conduce el ex CEO de Shell Juan José Aranguren.
A la reunión que el Gobierno tendrá con los Gobernadores por las tarifas llega condicionados por los los fallos judiciales adversos que hacen lugar a amparos colectivos e individuales en varias jurisdicciones del país. Ayer, se conoció una nueva decisión judicial, en este caso en Ushuaia, que hizo lugar "en forma interina" a la suspensión de los aumentos ante un amparo presentado por la Cooperativa de Trabajo Renacer.
El juez que intervino le ordenó a la empresa Camuzzi Gas del Sur que emita "nuevas facturas de conformidad con el cuadro tarifario anterior" a los incrementos, y aclaró que la restricción estará en vigencia hasta que se resuelva el pedido presentado por la cooperativa que reclama la inconstitucionalidad de las resoluciones que pusieron en marcha los nuevos valores.
De acuerdo a la evaluación de Energía y Minería, la medida de fuerza de los petroleros fueguinos “repercutió en una reducción de ingreso al sistema argentino de gas de 16 millones de metros cúbicos, a lo que se suma otro paro en la planta de la empresa Refinor y los atrasos por cuestiones climáticas en el arribo de barcos de GNL (gas licuado) importado”.
A la solicitud a las industrias para que inicien el corte progresivo del consumo hasta su interrupción total, se agregó el reclamo a las centrales térmicas para que restrinjan “al mínimo posible” el uso de gas para generación eléctrica (utilizando fuel oil en reemplazo), “para tratar de mantener el sistema eléctrico sin cortes”. “Para asegurar el suministro se importaron 1200 megawatts y se está gestionando la importación desde Chile de, al menos, tres millones de metros cúbicos de gas a través del Gasoducto Gas Andes en la provincia de Mendoza”, informó la cartera energética. Además, convocó “a los usuarios a hacer un uso responsable del gas natural considerando estos motivos de fuerza mayor”.
En la misma situación con alzas de más del 2.000% se encuentran las jurisdicciones donde medidas judiciales frenaron las subas aplicadas en 2014. En esta situación están Mendoza, San Luis, Santa Fe, General Pueyrredón (Mar del Plata), y varias localidades de Buenos Aires. En algunas de esas jurisdicciones, el Gobierno tampoco atendió al reclamo de equiparar tarifas con la Patagonia por las condiciones climáticas, aunque en rigor en esa región las nuevas tarifas se encuentran ahora sólo alrededor de un 20% por debajo de las que se cobran en Capital Federal.
Otro condicionante es que la jueza de Mendoza que frenó los aumentos fijó un tope del 80% para los hogares durante los próximos tres meses, bastante más bajo del 400% que anunció el Gobierno. Ese porcentaje es similar al que se pagará en Capital Federal y GBA donde ya estaban en vigencia las alzas de 2014. Si se fija el tope del 400% en una gran parte del país, el resto podría reclamar trato no discriminatorio.
Mientras el comunicado del gobierno nacional busca responsabilizar a los trabajadores del petróleo por la situación extrema que supone colocar al país al borde de desabastecimiento de gas, un vocero del gremio rechazó la imputación pese a ratificar la medida de fuerza en repudio al tarifazo. “Nosotros no vamos a cortar el suministro, si tienen que cortar será por responsabilidad de la empresa, Total Austral, que no tendrá el personal como corresponde” para garantizar el servicio, explicó desde Río Grande el secretario de Prensa del Sindicato del Petróleo y el Gas Privado, René Vergara. El dirigente sindical admitió que la medida que estaba prevista para entrar en vigencia a partir de la cero hora de hoy, iba a “provocar una disminución en la presión de gas en todo el país”.
Al explicar la medida, Vergara señaló que “lo que haremos es que 1500 compañeros que realizan tareas en las plantas que inyectan el gas en el Gasoducto San Martín (pertenecientes a las empresas Ysur y Total Austral), se retiren del lugar en solidaridad con la población fueguina”, en relación a lo que consideran un “tarifazo indiscriminado”. “Más allá de que nos han rebajado la tarifa de gas, sigue siendo alta y lo que queremos es que se retrotraiga al mes anterior o meses atrás, porque esta gente no midió las consecuencias en el resto del país”, dijo Vergara ante el tarifazo. Es una “manera que nos escuchen, el país no termina en la General Paz” señaló, refiriéndose a las autoridades nacionales.
Además, el dirigente negó que haya existido la intención de cerrar alguna válvula o cometer algún tipo de sabotaje, como se había planteado en la denuncia por presunta “instigación a cometer delitos” presentada por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport.
Varias organizaciones gremiales y sociales convocaron para hoy, a partir de las 10 de la mañana, a una concentración en la Plaza de las Américas, Río Grande, que cuenta además con el respaldo del propio municipio, en protesta por los incrementos de las tarifas de gas que alcanzan, según denunciaron, al 2500 por ciento. Los organizadores esperan una participación masiva que sume a vecinos y comerciantes.
Desde el Poder Ejecutivo, la respuesta a este clima de protesta fue la convocatoria, a través del ente regulador, el Enargas, al Comité de Emergencia, que reúne a empresas productoras, transportistas, distribuidoras y grandes consumidoras. desde ese ámbito se llamó a una restricción extrema en la demanda de la industria, hasta el punto de la interrupción total en la demanda, responsabilizando a los trabajadores del Sur por un eventual corte del suministro a las estaciones de GNC, hogares, hospitales y escuelas.
Hasta el momento el Gobierno realizó dos ofertas para moderar el impacto de las subas en las tarifas de gas. Primero ofreció que industrias y comercios paguen ahora el 50% de las facturas, y el resto lo abonen en cuotas en el período primavera-verano de este año y del próximo. En un segundo momento, y tras un primer encuentro de los gobernadores con los ministros Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren, se anunció que los residenciales de la Patagonia y La Pampa tendrían un tope del 400% en el incremento de este año.
Pero siguen sin dictarse las resoluciones correspondientes, lo que indica que el Gobierno espera todavía llegar a una posición que logre el consenso de los gobernadores. El principal problema a que se enfrenta es que la Patagonia, más La Pampa, Malargüe y la Puna, estuvo eximida de los aumentos producidos en 2014 y el actual Gobierno buscó saldar esa diferencia en una sola vez de modo que residenciales, comercios e industrias deben enfrentar aumentos que llegan a superar el 2.000%
Un informe del Centro de Estudios Patagonia (CEP) indica que los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y a los combustibles tenían varios objetivos: establecer un mecanismo de redistribución de la renta petrolera, mejorar la competitividad de las empresas y aportar un ingreso extrasalarial para liberar recursos hacia el consumo.
La eliminación de los subsidios era uno de los temas de agenda en la carrera presidencial del año pasado, que tenía consenso entre las diversas fuerzas políticas. Según se coincidía, era necesario corregir tarifas que habían quedado por detrás de la inflación y reducir el déficit presupuestario. "En otras palabras, que los consumidores paguen lo que antes aportaba el Estado", señala el estudio.
Sin embargo, especialistas en cuestiones tarifarias advertían sobre el fuerte golpe inflacionario que tendría la suba de la electricidad y el gas, y el impacto fiscal negativo que resultaría de combinar el ajuste de tarifas con una fuerte devaluación de la moneda.
El informe del Centro de Estudios Patagonia destaca que la devaluación del 40% de la moneda encareció los costos de generación eléctrica, ya que buena parte de ella necesita de la importación de combustibles. De esa forma, se genera una nueva ronda de aumentos y se licúan los efectos presupuestarios positivos, lo cual hace prever que en el futuro habrá más ajustes en las boletas.
El CEP indica que la suma de estos dos problemas "podía tener consecuencias contrarias a las buscadas: la devaluación y la fuerte inflación podrían provocar una contracción de la economía agravando la situación fiscal que se buscaba solucionar y obligando a nuevas rondas de ajustes del gasto".
