El Gobierno dio marcha atrás y, atento a los reclamos de sus socios políticos -la UCR y la Coalición Cívica-, exceptuará del blanqueo de capitales a los funcionarios públicos tanto de la administración actual como aquellos que revistieron cargos durante el último mandato de Cristina Kirchner . Los contratistas del Estado, sin embargo, podrían acogerse al beneficio fiscal, según trascendió de fuentes oficialistas.
El blanqueo de capitales forma parte de un proyecto de ley ómnibus que incluye, además, el pago de las deudas a jubilados, la suba a 800.000 pesos del piso mínimo anual del impuesto a los bienes personales y la devolución paulatina a las provincias del 15% de la coparticipación que les retiene la Anses. El proyecto ingresó anoche a las 21.15 en la Cámara de Diputados; después de varias idas y venidas, el Gobierno se decidió por esta cámara para que arranque el tratamiento de la iniciativa, el cual comenzará mañana mismo en comisión.
La redacción final del proyecto se manejaba ayer con absoluto hermetismo en la Casa Rosada; si bien los lineamientos principales ya trascendieron, los legisladores estaban a la expectativa de la letra chica. Uno de los aspectos que mayor inquietud generaban, sobre todo entre los socios de Cambiemos, era el blanqueo de capitales y la posibilidad de que los funcionarios públicos estuvieran incluidos en el beneficio.
Ayer, funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio del Interior recibieron a una delegación de legisladores, entre los que se contaba el jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, el radical Mario Negri. También estaba presente el jefe de la UCR, José Corral. "Los funcionarios públicos deben ser excluidos del blanqueo de capitales", insistió Negri. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, ya había advertido que esa exclusión era, para su partido, "innegociable".
Sin el apoyo de sus aliados, el Gobierno debió corregir la iniciativa. Según fuentes legislativas, el texto final excluirá del blanqueo a todos los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo: presidente, ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales y encargados de los entes reguladores. Del mismo modo, se eliminará la posibilidad de que ingresen al beneficio fiscal los ex funcionarios que revistieron cargos hasta 2011.
En cambio, sí podrán ingresar en el blanqueo los contratistas del Estado; Carrió se opone a esta posibilidad, al igual que el Frente Amplio Progresista (FAP). También el Frente para la Victoria (FPV) anticipó sus reparos. La UCR, en cambio, no lo objetaría. "Ya es un paso adelante que los funcionarios no puedan beneficiarse de este blanqueo; si excluimos también a los empresarios con negocios con el Estado el universo se acotaría demasiado", razonaba ayer un importante legislador del radicalismo.
Todo indica que el proyecto desatará un debate intenso y tal vez de final imprevisible en la Cámara de Diputados. Es que si bien nadie discute que el Estado debe cancelar sus deudas con los jubilados, son varios los diputados -entre ellos el ex jefe de la Anses Diego Bossio (Bloque Justicialista)- que quieren discutir cómo se financiará semejante costo. La sustentabilidad del sistema previsional, la eventual venta de las acciones de la Anses en empresas privadas y el blanqueo de capitales serán los temas de fondo de la discusión.
El Gobierno, temeroso de que el debate se descarrile, había especulado hasta ayer con enviar la iniciativa primero al Senado. Si bien es un cuerpo dominado cómodamente por la oposición, la Casa Rosada entrevió que allí se facilitaría la media sanción luego de que varios gobernadores peronistas apoyaron públicamente el proyecto, al igual que el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto. "Sería inconsistente e incoherente oponerse", dijo anteanoche Pichetto en declaraciones al programa Odisea, de la señal TN.
El apoyo de los gobernadores no es por puro altruismo con el Gobierno. El proyecto de ley incluye, entre sus capítulos, la ratificación del convenio que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, selló con las provincias el 18 del mes pasado, el cual contempla una devolución escalonada y progresiva, hasta 2020, del 15 por ciento de coparticipación que se les retenía para financiar la Anses.
La ratificación de este acuerdo por ley, a lo que se suma la posibilidad de que las provincias puedan acceder a créditos solventados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, explica la seguidilla de declaraciones de apoyo de los gobernadores al proyecto ómnibus del Gobierno y la idea que barajaban algunos funcionarios para que el debate comenzara por el Senado.
"El proyecto contiene modificaciones tributarias y la Constitución Nacional es clara al respecto: la cámara iniciadora debe ser la de Diputados", indicaban fuentes legislativas de Cambiemos.
El anuncio del blanqueo le trajo dolores de cabeza al Gobierno, que tomó nota de las críticas de sus socios y del FPV. Pero Pichetto le dio una muestra de apoyo
Los reproches de Carrió
La diputada, aliada clave de Macri, criticó la iniciativa a título personal y partidario. Un comunicado de la Junta Nacional de la CC-ARI pidió que se excluya del blanqueo a funcionarios, contratistas y concesionarios del Estado, y personas imputadas en delitos contra la administración pública
La UCR, objeciones y reservas
Los radicales también pusieron reparos al proyecto. Los planteó Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, por canales informales. Ayer, el titular de la UCR, José Corral, celebró la exclusión de los funcionarios de la posibilidad de blanquear fondos. "Es un muy buen gesto", consideró
El FPV, con posturas disímiles
El kirchnerismo también fue crítico. "Es importante que el blanqueo no alcance a funcionarios del Gobierno", destacó Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados kirchneristas. En el Senado, en cambio, Miguel Pichetto le hizo un guiño favorable al Gobierno. "Es una herramienta muy interesante", dijo
Paralelamente el Gobierno aceleró el trámite y el proyecto de ley para pagar juicios a los jubilados a través del blanqueo ingresará hoy en el Congreso. Los diputados comenzarán a debatirlo este jueves en un plenario de comisiones, con la presencia de funcionarios nacionales.
Según la norma, el pago de las sentencias a los jubilados será solventado con el blanqueo de capitales y el Fondo de Garantía Sustentable.
El oficialismo confirmó que concurrirán a exponer ante el plenario de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; el titular de la AFIP, Alberto Abad; el viceministro de Economía, Pedro Lacoste, y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.
"Habrá una discusión ardua sobre el financiamiento pero estamos abiertos a debatir al respecto. De todos modos creemos que el proyecto va a tener un apoyo unánime de todos los bloques opositores, aunque pueda haber diferencias sobre el financiamiento", admitió esta mañana el oficialista Luciano Laspina. "Buscaremos ir a la sesión el 15 de junio", señaló ante radio El Mundo.
Los referentes de los principales bloques opositores como Sergio Massa, Diego Bossio y el kirchnerista Héctor Recalde, expresaron su aval a que se paguen las sentencias a los jubilados pero piden conocer los detalles del proyecto porque no quieren desfinanciar el Fondo de Garantía Sustentable.
Otro de los reparos al proyecto nació desde el propio oficialismo. La Coalición Cívica-ARI de Elisa Carrió afirmó que funcionarios, contratistas, concesionarios del Estado e imputados por delitos contra la administración pública, no deberían poder hacer uso del blanqueo de capitales por entender que "constituiría un acuerdo de impunidad".
El proyecto que enviará el Gobierno mañana contempla el pago a los jubilados que tienen sentencia firme y la recomposición de los haberes mal liquidados en los últimos años, lo que beneficiará a más de dos millones de ciudadanos de la clase pasiva, y la creación de una pensión universal de vejez.
Para solventar este pago el Gobierno utilizará los intereses que se cobren por el pago al blanqueo de capitales, y las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que genera unos 75.000 millones de pesos anuales.
Este fondo está integrado por el 15 por ciento de la coparticipación que se les retiene a las provincias, que será devuelto en los próximos tres años, y las acciones que tiene el Estado en empresas privadas -Clarín, bancos, Techint, Siderar, entre otras- como consecuencia de la estatización de las AFJP.
MARIANO GORODISCH
El secretario legal y técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, recibió ayer a la mañana el nuevo borrador del régimen de transparencia fiscal, como llaman al blanqueo. Había dos proyectos similares: uno de la AFIP y otro elaborado por Alfonso Prat-Gay y Pedro Lacoste, que fue el que finalmente primó. Eleva de $ 305.000 a $ 800.000 el blanqueo para los pobres, como llaman en la jerga al que será sin costo, siempre cuando se deposite en un banco de la Argentina.
Por otra parte, habrá condonación en el blanqueo a tasa cero para quienes hayan pagado el impuesto a las ganancias sobre ciertas operaciones y lo tengan invertido en bienes que no declararon (este beneficio no incluye tenerlo invertido en activos financieros). Recalcan que no es lo mismo un evasor que alguien que pagó un impuesto, pero lo escondió por temor a una confiscación. Por ejemplo, alguien que vendió una empresa o una propiedad en una transacción legítima, pero dijo que el dinero lo consumió, no tanto para no pagar bienes personales, sino que por temor lo fugó. Si la persona puede demostrar que ese dinero es blanco (aunque lo haya escondido), podrá blanquear sin abonar ninguna tasa.
En este grupo entran muchos directivos de primera línea de grandes empresas que pagaron el impuesto a las ganancias por sus remuneraciones pero lo dieron por consumido cuando, en realidad, se compraron una propiedad en Uruguay, por ejemplo, y no la declararon. Si ese dinero lo tienen cash en bancos del exterior, deberán pagar el 10%, pero si lo tiene en inmuebles será gratis.
Otra de las novedades importantes es que se derogará la ganancia mínima presunta desde el 2019, impuesto que hoy es el 1% de los activos de la empresa. Coincidirá con la eliminación de bienes personales en ese mismo año, mientras tendrá una alícuota decreciente hasta entonces: 0,75% en 2016, 0,5% en 2017 y 0,25% en 2018.
A su vez, habrá una moratoria con intereses resarcitorios a tasa decreciente.
La tasa será 5% para inversión en inmuebles y cero en un título a tres años. Sino, pasa al 10%, porcentaje exagerado para la oposición, ya que desde el kirchnerismo y el Frente Renovador desean una alícuota menor o que, al menos, sea escalable y vaya creciendo en función del monto a blanquear. El máximo es de u$s 500.000 cash y no sólo estarán excluidos los políticos, sino también contratistas de obra pública.
Si se tiene en cuenta que Chile, una economía blanca en relación a la Argentina, consiguió que se blanquearan u$s 20.000 millones, nuestro país debería triplicar esa cifra, tanto por el mayor tamaño de la economía como por el mayor grado de informalidad.
Los bancos estadounidenses, en tanto, están aprovechando para chupar clientes argentinos de la banca Suiza. Incluso, hay peleas entre bancos americanos grandes y chicos, quienes incentivan a los clientes a ir con ellos, que les encontrarán algún vericueto.
