Diversos analistas jurídicos ligados a la minería fueron consultados por Mining Press acerca del impacto y la trascendencia del Acuerdo Marco suscripto por el gobierno de San Juan y Minera Los Pelambres para solucionar la situación planteada por el botadero ilegal emplazado por la minera chilena en territorio sanjuanino.
Entre los puntos más destacados por los abogados se encuentran la falta de intervención de la Justicia, que ya estaba interviniendo y había ordenado una medida cautelar y de Minera Pachón (Glencore), la dueña del campo usurpado por MLP y demandante en el juicio
Los estudios consultados coinciden en resaltar el criterio del Estado de la provincia cuyana con respecto al ejercicio de las facultades/obligaciones de las autoridades, ya que estas tienen facultades de policía y sancionatorias para hacer cumplir la ley a MLP y no era necesario efectuar concesiones a MLP, como las estipuladas en el acuerdo.
Con respecto a los trabajos a realizar por MLP, el acuerdo no los detalla y tampoco estipula fechas para el comienzo y conclusión de estas labores.
Del acuerdo surge también que la ingeniería de detalle fue presentada el día 30 de noviembre de 2015, pero ya pasó más de medio año y todavía no se han conocido las reparaciones que debería concretar la minera trasandina en suelo argentino.
Por otra parte, los trabajos se harían desde Chile, con lo que la protección del ambiente sanjuanino quedaría condicionada a permisos que deberían ser otorgados por un tercer Estado, coincidieron las fuentes consultadas.
Otro aspecto que se desprende de este entendimiento es que la ejecución de las obras desde Chile implicaría la violación de las leyes sanjuaninas con respecto a la contratación de proveedores locales.
A su vez, la Auditoría de trabajos no aparece definida. La cláusula 6º del acuerdo se refiere a una auditoría “a ser contratada”. Desde hace más de un año, desde el dictado de la medida cautelar por la Justicia, la auditoría todavía no ha sido contratada por MLP y ni siquiera se ha definido su modo de contratación. ¿Qué sucederá si la auditoría arroja resultados negativos ? El acuerdo nada ha señalado al respecto.
Por otro lado, es llamativa la aceptación de limitación de responsabilidad por consecuencias ambientales. El último párrafo de la mencionada cláusula 6 incluye una limitación temporal de la responsabilidad de Pelambres por las obras de aislamiento a diez años.
Entre las preguntas que surgieron de la lectura detenida del Acuerdo Marco están qué sucederá vencido ese plazo si se detecta contaminación, quién será responsable, o si lo asumirá San Juan. En una primera lectura, según los expertos en leyes, por este acuerdo, la provincia obtendría menos de los que la provincia tiene derecho a exigir a MLP.
Otro aspecto omitido en la rúbrica es el del agua desviada hacia las operaciones de MLP en Chile. La minera ha reconocido la existencia de este desvío de las aguas provoca la escombrera a territorio chileno.
Además, el rol de las autoridades aparecería debilitado. En otros conocidos casos recientes, San Juan ha investigado y sancionado a empresas mineras, pero la opción, en el caso del reclamo a MLP ha sido la negociación plasmada en este acuerdo.
Un caso ilustrativo es la cláusula 11º que afirma que el diseño y ejecución del aislamiento de la escombrera constituye “una solución ambientalmente adecuada y, ejecutada debidamente según los términos del presente Acuerdo Marco, satisface los intereses de la Provincia en materia de prevención y protección ambiental”.
El texto difundido por la Fiscalía de Estado de San Juan no cita los fundamentos técnicos de dicha concesión. ¿Qué pasará si una vez terminados los trabajos, éstos no tuvieron el resultado esperado? ¿Cuál ha sido el interés de la provincia de San Juan en hacer esta afirmación anticipada a la empresa que debe controlar antes, durante y después de las obras comprometidas?
Por ejemplo, con respecto a la calidad del agua actual y futura. Este es otro aspecto del convenio que no ha merecido la atención de las autoridades sanjuaninas, en tanto que estudios que presentó Pachón en la Justicia demostrarían el estado ácido de las aguas.
