El paquete de leyes económicas anunciadas por Mauricio Macri para relanzar la economía comenzará a ser debatido el próximo jueves en la Cámara de Diputados con la presencia del titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, el jefe de la AFIP, Alberto Abad, y con el viceministro de Economía, Pedro Lacoste. El pago de sentencias a jubilados, atado al blanqueo de capitales, más las reformas fiscales en los impuestos a bienes personales, Ganancias y hasta la devolución a las provincias del primer tramo del 15% de la coparticipación, ingresarían entre hoy y mañana por mesa de entradas al Congreso y el jueves comenzarán a ser debatidas en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social donde recibirán modificaciones.
El tratamiento de estas iniciativas tendrá prioridad incluso por sobre el texto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para otorgar beneficios impositivos y de generación de empleo en las pymes, que el Frente Renovador de Sergio Massa ya había intentado debatir en las sesión donde se aprobó la ley antidespidos, luego vetada porMacri. Una cláusula del blanqueo funcionaría como artículo "cazabobos". Es la que autorizaría a funcionarios públicos a ingresar a acogerse al blanqueo siempre y cuando los fondos declarados provengan de un origen lícito.
El fin de semana, el Frente para la Victoria de Héctor Recalde se pronunció en contra y el massismo también está cerca de rechazarla. "Ese artículo, de existir, porque todavía no vimos el proyecto, es una locura. Estarían blanqueando fondos que vienen de la evasión", explicó Héctor Daer, diputado massista y presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social donde recaerá la iniciativa de la Casa Rosada. El vínculo Cambiemos-Frente Renovador quedó dañado desde que los diputados oficialistas se abstuvieron en la última sesión para permitir que se apruebe la versión kirchnerista de la ley antidespidos y evitar así el tratamiento del proyecto de Massa que incluía a las pymes y tenía un costo fiscal de entre 27 mil y 100 mil millones de pesos.
El economista y diputado Luciano Laspina (PRO), que preside Presupuesto y Hacienda, salió ayer a bajarle la espuma a la cláusula que incluiría a los funcionarios públicos a ingresar al blanqueo. "Primero hay que ver la letra chica y después veremos si se logra consensos con los demás bloques de la oposición". Sin embargo, ese no sería el único artículo modificable. La venta de acciones de empresas privadas en poder de la ANSES, a partir de la estatización de los fondos de las AFJP, también será materia de debate. La volatilidad de los mercados, sumada a la baja de dividendos de algunos de esos títulos, no convertiría la venta de esas acciones en una urgencia para el Gobierno nacional. El oficialismo contempla incluso la venta parcial de algunos títulos de esa cartera de acciones.
La Casa Rosada confía en el éxito del blanqueo para el pago de las sentencias a jubilados para no depender directamente de la venta de acciones de ANSES. Incluso en el Ministerio de Hacienda de Alfonso Prat Gay evalúan que los 700 mil milllones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad alcanzarían para hacer frente a parte de esas erogaciones. El jueves será un día extenso en el plenario de comisiones de Diputados. El dictamen podría firmarse la semana próxima, el martes 7 de junio.
Mañana será un día clave, en Diputados y también en el Poder Ejecutivo Nacional. El interbloque Cambiemos se reunirá para analizar el texto del proyecto y hará catarsis con los diputados de la UCR, encabezados por Mario Negri, y también con Elisa Carrió, primera en disparar fuego amigo sobre el blanqueo. Macri mudará la reunión de gabinete a Santiago del Estero donde se mostrará con la gobernadora, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. El viernes, Macri viajará a Salta para particpar de la apertura del precoloquio de IDEA junto al peronista Juan Manuel Urtubey. El oficialismo también activó la antena política de cara al primer test electoral del próximo domingo en Río Cuarto, Córdoba. Hasta allí volará hoy Rogelio Frigerio para respaldar a Eduardo Yuni, el candidato de Cambiemos. El miércoles, y junto a Diego Santilli, el jefe de la cartera económica encabezará la apertura de una nueva sucursal del Banco Ciudad en Mendoza, junto a Javier Ortiz Batalla.
El Gobierno espera que, en el mejor escenario, unos 20.000 millones de dólares ingresen al blanqueo de capitales, según proyecciones que maneja el macrismo, mientras que también se elevará el piso de Bienes Personales de $ 305 mil a $ 800 mil.
Quienes blanqueen más de $ 800.000 este año pagarían 10%, mientras que los ingresos desde $ 305.000 hasta $ 800.000 durante 2016 pagarán 5% de alícuota, lo mismo que quienes registren propiedades inmuebles no declaradas ante la AFIP. El proyecto incluye, además, la suba del piso no imponible de Bienes Personales, a $ 800 mil. Irá subiendo anualmente hasta desaparecer y -eventualmente- ser reemplazado por un impuesto a la herencia, hacia 2019.
Junto al blanqueo se presentará una moratoria y un plan de pagos para deudores ante la AFIP. El blanqueo se podrá hacer dejando la plata en el exterior o registrándola en una entidad financiera local.
Será por medio de dos vías:
- Un depósito en efectivo en una cuenta, con dinero que quedará inmovilizado hasta que termine el plan.
- Por la suscripción de dos bonos: uno a 3 años que no devengará interés u otro a seis años, con uno que otorgará un rendimiento del 5% anual a partir del cuarto año. Quedarán excluidas las personas procesadas o condenadas por evasión y lavado de dinero, entre otros delitos.
1- Se trata de un proyecto único que el gobierno de Mauricio Macri enviará al Congreso para saldar la "deuda histórica" con jubilados y pensionados. También incluye la iniciativa la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
2- El universo afectado son casi dos millones y medio de personas a quienes el Estado calculó mal sus haberes. Esos jubilados recibirán un aumento de alrededor del 45%, a partir de la sanción de la ley y cobrarán un retroactivo en efectivo.
3- El nuevo cálculo, que aguarda su aprobación en el Congreso, para los futuros jubilados ya se hará de manera automática.
4- Debido a que el Gobierno requiere de aval parlamentario, que tiene mayoría opositora, ratifica que le devolverá 15% de fondos de la coparticipación.
5- La nueva "Pensión Universal para el Adulto Mayor" garantizará un mínimo de ingresos para toda persona mayor de 65 años que no cuenten con una jubilación, pensión o retiro. Se estima que son 60 mil beneficiarios que recibirán, en total, unos 3.000 millones de pesos.
6- Percibirán esos nuevos "pensionados" el 80% de la jubilación mínima, que equivale a hoy 3.967 pesos. Podrán cobrar esos beneficiarios asignaciones familiares y tendrán cobertura del PAMI.
7- Podrán recibir esa pensión los argentinos naturalizados con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud y los extranjeros con 20 años de residencia. Las mujeres entre 60 y 64 años que no accedan a la jubilación, podrán obtener a los 65 la pensión universal.
8- Podrán cobrar ese beneficio aún si continúan trabajando
9- Incluye la habilitación de una amnistía fiscal que permitirá, con penalidades del orden del 5 al 15%, permitirá regularizar la situación impositiva de los que tengan fondos no declarados.
10- Amnistía fiscal: apuntará a los ahorros en cajas de seguridad, en el colchón o en el exterior, para poder reintegrarlos al sistema financiero.
11- Todo lo recaudado en impuestos a los fondos declarados será destinado a la Anses.
12- Para acceder al sinceramiento fiscal habrá tres opciones: un impuesto especial, suscribir bonos por el monto declarado y hacer inversiones de largo plazo en el país.
a- Para menos de 305.000 pesos, no se paga nada.
b- Entre 305.000 pesos y 800.000, impuesto del 5%.
c- Más de 800.000, paga el 10%. Después del 1 de enero de 2017, la alícuota será de 15%.
14- No habrá limitaciones a quiénes puedan ingresar al programa de sinceramiento fiscal. Podrán por igual personas físicas y jurídicas.
15- El programa sólo exime a los fondos ingresados de las responsabilidades tributarias. No exonera la responsabilidad sobre el origen de los fondos o las posibles investigaciones penales sobre actividades ilícitas.
16- Fondo de Garantía de Sustentabilidad: anularán la prohibición de venta de acciones del Estado para, con esos fondos, pagar la deuda previsional.
El gobierno de Mauricio Macri confirmó su intención de habilitar la venta de acciones de la ANSES en empresas privadas aunque aclaró que el pago de los juicios jubilatorios y la actualización de los haberes anunciados este viernes no se financiarán de esta manera.
Los fondos saldrán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y de un impuesto al nuevo blanqueo de capitales, según anunció el presidente.
Luego de que Mauricio Macri anunciara el proyecto de ley para pagar los juicios jubilatorios, lanzar la Pensión Universal a la Vejez y realizar un nuevo blanqueo de capitales, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aclaró que “no es necesario salir a vender las acciones, tenemos los ingresos para empezar a hacer los pagos” de las sentencias. Sin embargo, admitió que la posibilidad no está totalmente descartada a futuro.
Según amplió la información el portal Jornada Online, Prat Gay, aclaró hoy que el proyecto de ley jubilatorio “no prevé la venta de acciones de empresas que mantiene la Anses”, y afirmó que “es la primera vez que se premia a los que siempre estuvieron al día”, ya que quienes exterioricen capitales deberán pagar 10% en los primeros meses, y después 15%.
“Con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) no es necesario salir a vender las acciones”, remarcó.
“Tenemos los fondos para empezar a pagar, vamos a tener los ingresos del ejercicio de exteriorización fiscal que van a ir directo a la Anses y vamos a empezar a hacer los pagos, así que no hay de momento intención de salir a vender acciones”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.
“Este caso es muy diferente por muchas razones”, dijo, porque “no podíamos aceptar una situación de exteriorización o de transparencia fiscal, volviendo a castigar siempre a los que estuvieron al día”, agregó el ministro tras el anuncio del presidente Mauricio Macri.
Lo mismo manifestó el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, al confirmar que las sentencias se pagarán con el “flujo nuevo de fondos que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”.
Empero, adelantó que el proyecto incluye la modificación de la ley sancionada el año pasado por el kirchnerismo para que las acciones de la ANSES en empresas privadas solo puedan venderse con la autorización de los dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
Basavilbaso explicó que “se flexibilizará la norma porque puede pasar que de aquí a unos años sí tengamos que vender una acción” para hacer frente a los pagos a jubilados.
Además, explicó que la ley tiene el problema de que las ANSES sea “un mal inversor” porque no se puede desprender de acciones que cotizan mal. “No las vamos a vender, salvo que nos convenga para maximizar el valor del FGS”, dijo en diálogo con el canal Todo Noticias.
Producto de la estatización de las AFJP durante el kirchnerismo, la ANSES heredó acciones en importantes empresas privadas como Banco Macro, Edenor, Siderar, Grupo Clarín, Alto Palermo, Petrobras, Quick Food, Banco Francés, Ledesma y Aluar, entre otras.
En los próximos días, con algo de retraso según el plan previsto, el Gobierno dará el primer paso para avanzar con el documento más comentado y temido tanto por el Partido Justicialista como por el Frente para la Victoria. Se trata de un informe detallado sobre la gestión de los últimos años en la Anses, que inquieta no sólo a parte de la clase política, sino también a empresarios y banqueros.
El organismo previsional que conduce Emilio Basavilbaso admitirá públicamente que está en marcha, por fin, el proceso licitatorio para la auditoría, que será encomendada a dos consultoras: PwC y Deloitte. Desde el verano, el economista soportó la presión de algunos protagonistas de la historia previsional reciente, ansiosos por saber qué podría llegar a revelar el documento. Basavilbaso fue testigo de las tribulaciones de Diego Bossio, ex jefe de la Anses, y recibió sugestivas visitas del banquero Jorge Brito y del empresario Eduardo Elsztain, aunque ninguno de los dos mencionó el tema de modo directo.
Basavilbaso, actual director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), también recibió las objeciones de un abogado que impugnó la probable publicación del informe por considerar que no se estaba cumpliendo con los pasos administrativos, y, peor aun, escuchó dudas de miembros del propio Gobierno, entonces en plena negociación con el peronismo por el tratamiento de leyes decisivas en el Congreso.
"¿Ustedes saben que yo tengo 17 diputados que me responden?", fue lo primero que le advirtió Bossio a Emilio Monzó, jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, apenas se filtró la información de que la auditoría estaba en marcha y su elaboración, en estado avanzado. El macrismo estaba todavía contando los votos para la eliminación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano con lo que terminó cerrando el acuerdo con los holdouts, a quienes les terminó de pagar el 22 del mes pasado.
En la Anses lo niegan, pero la advertencia llegó a dar resultado en los altos mandos de la Casa Rosada, donde algunos prefirieron atenuar el entusiasmo revisionista.
Fueron días complicados. El lunes 4 del mes pasado, Bossio tenía que reunirse por diversos motivos con Mario Quintana, uno de los coordinadores del gabinete económico del Gobierno, y aprovechó el encuentro para consultarlo al respecto, como al pasar.
El ex mandamás del fondo Pegasus venía de recibir, con idénticas intenciones, una llamada de Miguel Ángel Pichetto. La ansiedad del jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria no tenía que ver consigo mismo sino con su hijo Juan Manuel, ex candidato a intendente de Viedma, que ocupó hasta el año pasado un cargo en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el ente que se nutrió de los stocks de las AFJP (las participaciones accionarias en empresas privadas, por ejemplo) y a través del cual la Anses canaliza sus inversiones.
Desde el Gobierno nunca se les dijo a ambos toda la verdad. Y a pesar de las negativas, evasivas o eufemismos, según el caso y el funcionario, el nerviosismo de quienes podrían estar mencionados en el documento final fue creciendo.
Tanto, que Bossio eligió también la vía administrativa: le hizo un pedido oficial a la Anses para averiguar si realmente existía la auditoría y se lo preguntó también en persona al propio Basavilbaso. En ambos casos la respuesta fue la misma: no hay ningún informe terminado.
Joven, pero experimentado en estas lides, Bossio acababa de percatarse de que, como en otras áreas y hasta ministerios del Estado, el macrismo no estaba cumpliendo con los procesos de contratación de consultoras, razón por la cual enfrentaba problemas para pagar las auditorías en marcha o realizadas.
"Si existe ese informe, tiene que ser legal -dijo en ese momento, hace alrededor de un mes, a LA NACION el diputado-. Yo estoy tranquilo. Pero desde ya advierto que, ante cualquier acusación, voy a defenderme citando a todos los denunciantes al Congreso a que sostengan jurídicamente lo que han dicho. Si no contrataron a la auditora, es ilegal. No se puede hablar tan livianamente. Toda nuestra gestión fue transparente, como nunca en el organismo en los últimos años, y sometida a controles".
Bossio le entregó a este diario una copia de una auditoría que le encargó en los últimos años a Deloitte para autoevaluarse. "Es larga, léanla: muestra que está todo en orden". Este diario volvió el viernes pasado a comunicarse con el legislador del PJ, que recordó que se había impugnado el trámite por haber sido adjudicado en forma directa. "No contrataron la auditoría, está parado el proceso", insistió.
En su momento, en el Gobierno llegaron a sospechar que esa impugnación, a cargo de un abogado cuyo nombre la Anses no reveló pese a la consulta de LA NACION, no era más que una iniciativa de Bossio.
Es cierto que las asperezas llegaron por un momento a atenuarse. En realidad, la relación entre el kirchnerismo y el nuevo gobierno en el organismo fue buena al principio, cuando la administración saliente convivió con el equipo de Basavilbaso casi como en ninguna otra área del Estado. "Se abrieron todos los libros, se mostró todo, porque la gestión fue inobjetable", se atajó un ex funcionario de la Anses.
En abril, ya aprobado el acuerdo con los holdouts, LA NACION se cruzó en el Teatro Colón con un miembro del equipo económico actual y le consultó si la revisión se estaba demorando por algún motivo. "No es así -contestó-. No hay ninguna orden para frenar ningún informe, y ya no necesitamos al PJ para ninguna ley relevante este año".
Faltaban todavía algunos sucesos legislativos relevantes, como el finalmente frustrado freno a la ley antidespidos y el paquete que esta semana entrará en el Congreso con los pagos de las deudas con jubilados y el blanqueo impositivo.
Si es detallado, será inevitable que el documento se adentre en aspectos ríspidos, como las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad; incluso en aspectos como la publicidad del organismo, y que al menos haga un sondeo de las interacciones de la Anses con empresas y bancos.
De ahí que el nerviosismo pueda en estas horas alcanzar al mundo de los negocios. De todos modos, Brito y Elsztain fueron infinitamente más elegantes que el peronismo. Durante esas semanas de intensos trascendidos, visitaron a Basavilbaso para presentarse formalmente, pero no le preguntaron nada sobre el asunto. No era cuestión de adelantarse a los hechos. Los vínculos de ambos empresarios con la Anses son administrativos: se circunscriben al depósito de jubilaciones en cuentas a la vista y, en el caso del líder del Banco Hipotecario, a la relación con el organismo a través de la tarjeta de compras Tarshop, utilizada en los shoppings, y el Plan Procrear.
En el Gobierno conviven por ahora dos posturas contrapuestas: quienes están convencidos de que, en aras de la transparencia, hay que apurar la realización de la auditoría (o su publicación, si ya estuviera avanzada), y los que, sin admitirlo en voz alta, la ven como una buena herramienta de negociación para los próximos tiempos.
El contenido del informe inquietó a varios políticos
Emilio Basavilbaso - Director ejecutivo de la Anses
Impulsó la elaboración de una auditoría sobre la gestión anterior en el organismo previsional. El trabajo fue demorado por el Gobierno, y ahora verá la luz
Diego Bossio- Diputado bloque justicialista
El ex titular de la Anses le advirtió a Emilio Monzó, jefe del bloque de Diputados del Pro, que podría frenar la aprobación de leyes que impulsa el Gobierno
Miguel Pichetto - Jefe del bloque de senadores FPV
Le preguntó por el informe a Mario Quintana, coordinador del gabinete económico; un hijo del senador integró hasta 2015 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses
