El jefe de la sección Ambiental del partido Peruanos por el Kambio (PPK) César Ipenza planteó combatir la minería informal mediante una mayor articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, a través del Programa Oro Limpio.
“Si bien el gobierno nacional da las leyes, quien tiene que aplicarlas son los gobiernos regionales, sin recursos, sin personal. Arequipa tenía 16,000 mineros para formalizar, pero cinco personas para ese proceso”, señaló César Ipenza en el marco del foro ‘Formalización de la pequeña minería y minería artesanal’ organizado por las embajadas de Suiza y Canadá.
“Tiene que haber un mecanismo de involucramiento entre el gobierno nacional con las regiones”, agregó Ipenza a Gestión.
Esto se lograría a través de un nuevo ministerio de Apoyo a las Regiones, así como de asistencia, acompañamiento, dotación de recursos de parte del Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Asimismo, Ipenza aclaró que su propuesta de “Adelanto social” por proyectos mineros se realizará con recursos del estado. Sin embargo, Ipenza dijo que el monto de la inversión va a depender de cada caso. También propuso la reducción de la minería ilegal.
Por otro lado, Ipenza propuso ofrecer oportunidades para hacer clusters o cadenas de valor. “Para eso tenemos experiencia con los CITEs o asistencia a través de Senati”, señaló. Asimismo, propone diferenciar la minería metálica de la no-metálica.
Acerca de la propuesta de Fuerza Popular de derogar los decretos legislativos 1100 y 1105 – los cuales establecen diferencias entre minería informal e ilegal -, Ipenza señaló que esto no contribuirá a la formalización minera y tampoco a los pequeños mineros que ya iniciaron el proceso.
“Veamos cuánto han invertido también los mineros en la formalización y eso va a ser perdido porque es casi empezar de cero”, dijo Ipenza.
“Posiblemente, los mineros peruanos van a perder la oportunidad de exportar su oro hacia Suiza, porque el mercado es exigente y pide que se cumplan las obligaciones, que no financien la destrucción del ambiente y no se afecte los derechos fundamentales”, señaló.
Ipenza citó cifras de Macroconsult que señalan que se pierden US$1,000 millones anuales por pérdidas de la minería ilegal y US$305 millones que deja de tributar. “Esta cifra evidencia los altos costos y pérdidas que genera para todos los peruanos”, señaló.
“Al 2012, eran 50,000 hectáreas destruidas, no solamente son deforestadas. A cifras actuales, hablamos de cerca o más de 100,000 hectáreas. Al ritmo de derogar normas y tumbar procesos, quizá al año 2021, hablemos de medio millón de hectáreas destruidas solo en Madre de Dios”, dijo.
En los primeros 100 días de un eventual gobierno de Fuerza Popular, se darán leyes que diferenciarán a la minería pequeña y artesanal de acuerdo a las zonas de operación en las que se desarrollen, las cuales facilitarán asesoría técnica, así como el cuidado del ambiente, seguridad y salud laboral en dicho ámbito, ofreció la candidata presidencial Keiko Fujimori.
Se comprometió en ese contexto a desarrollar “un proceso de formalización eficiente, ambientalmente sostenible y legitimado” para quienes están inmersos en la minería informal.
En su intervención en el bloque del debate presidencial dedicado al desarrollo sostenible del país, la exparlamentaria indicó que, de ganar las elecciones, en su gestión se dará “aplicación plena” al mecanismo de consulta previa, el cual es efectuado en aquellas comunidades que pueden ser afectadas por la ejecución de proyectos extractivos.
En cuanto al uso de recursos hídricos, ofreció priorizar el uso del agua para el consumo humano. En segundo termino, dicho recurso será destinado a la agricultura, en tercer lugar a la ganadería y en último lugar, para actividades extractivas.
En la parte final de este bloque, Fujimori afirmó que su contendor Pedro Pablo Kucyznski promovió siendo ministro de Estado en el año 2004 “una renegociación muy mala para los intereses del Estado” del uso del gas del lote 56 del yacimiento de Camisea.
“Por eso vamos a investigar ese contrato y a renegociarlo en beneficio de nuestro país”, acotó.
El término “minería ilegal”, acuñado recientemente por el Decreto Legislativo N° 1105, refiere que es aquella actividad minera ejercida usando equipos y maquinarias que no corresponden a las características de la actividad minera que ella desarrolla o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen la actividad minera o que se realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio. En el artículo primero del Decreto Legislativo 1102, se incorpora el delito de minería ilegal, señalando: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días-multa, el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental”.
Entre las dos definiciones antes referidas la que resulta más relevante es la que tiene contenido penal, por las consecuencias sancionatorias que podría acarrear, quedando la definición administrativa en segundo plano y casi sin utilidad, puesto que no modifica tampoco la definición de extracción ilícita de mineral que actualmente contempla la Ley de Minería, la misma que señala que la persona que extraiga sustancias minerales sin derecho alguno, devolverá al Estado los minerales indebidamente extraídos, o sus valores sin deducir costo alguno y sin perjuicio de la acción judicial a que hubiera lugar.
Pero, al margen de estas definiciones legales, es relevante señalar que la minería ilegal en el siglo pasado y en los inicios del presente siglo, no era sancionada penalmente, por esta razón es que un minero de pequeña escala, caracterizado como “ilegal” percibe que la fuente de trabajo que actualmente ejerce o que realizaron sus padres y abuelos ancestralmente, ahora es un delito y es descalificado por una parte importante de la sociedad por obra y gracia del trabajo mediático y propagandístico Ministro del Ambiente.
Los mineros a pequeña escala que actualmente son miles y que “delinquen” en minería ilegal a diario en todo el país, intensificaron sus actividades desde que el precio del oro se incrementó, pasando de los US$400 la onza el año 2005 a los US$1,000 el año 2008 y a los US$1,800 el año 2011, entonces obtener un gramo de oro podía significar un ingreso inigualable de S/.180. Por tal razón llegaron miles de nuevos mineros a los centros de explotación minera más poblados de todo el país (Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Puno y Madre de Dios principalmente). La onza de oro en la actualidad bordea los US$1250 y en esta coyuntura vale la pena preguntarse: ¿será rentable para un minero ilegal mantener su condición de tal?, ¿no será más rentable y más perdurable ingresar a la legalidad?
Hernando de Soto en sus investigaciones de los años ochenta, en especial en su obra El Otro Sendero, nos habla de los esfuerzos de invasores y comerciantes informales por integrarse a la legalidad incluso inventando sus propias normas. Por eso es que nos habla de la adquisición informal de la propiedad, la invasión, el contrato de invasión y la compra-venta ilegal y es con ese incomparable aporte teórico que luego miles de ilegales pudieron legalizar su situación.
En la minería ilegal no se ha seguido ese proceso ya que sigue siendo la misma situación que encontró Hernando de Soto, la tarea consiste en darle forma legal y ambiental al trabajo que miles de mineros “ilegales” realizan en varias zonas mineras, siempre y cuando no se encuentren en áreas naturales protegidas. No se trataba de criminalizar con el pretexto de que el minero no tenía voluntad para legalizarse -ya lo han dicho varios especialistas y hasta la Defensoría del Pueblo- la traba es el paso inicial, es decir; demostrar la legalidad del área de trabajo, ese es el meollo del asunto, tampoco se trataba de volver a empadronar a quien ya era informal, entendiendo este último término como la persona que ya contaba con algún título o contrato de explotación o reportaba al Ministerio de Energía y Minas. Esos mineros ya estaban varios pasos adelante y más bien fueron puestos al llano al igual que cualquier otro sujeto formalizable, lo que retrasó y retrasa hasta ahora su reingreso a la legalidad.
Finalmente, se busca que, respetando la Ley de Minería y la Ley del Ambiente el minero “ilegal” se incorpore a esos peruanos que crean su medio de trabajo y dinamizan las economías locales, con la que resulta ser la actividad más rentable de muchas zonas. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra dijo Jesús a los fariseos, y en efecto; en un país en el que casi el 70% de la Población Económicamente Activa - PEA es informal, como es que al minero “ilegal” se le apedrea y se pretende legalizar con tanta rigurosidad, criminalizándolo, cuando más bien el gran reto es incorporarlo a la PEA formal, legalizar su trabajo, propiciar su sostenibilidad ambiental y convertirlos en buenos tributantes.
José Farfán Estrada
