La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad presentó el informe de diferencias, controversias y conflictos sociales Willaqniki N°42, correspondiente al mes de abril.
Según el reporte, la entidad dependiente de la PCM existen 150 casos de conflictos sociales; 43 corresponden a conflictos que se encuentran en tratamiento y 107 casos en prevención.
De los conflictos reportados, el 55.8% está relacionada con actividades extractivas, donde la minería se lleva el primer lugar con el 37.2% de los casos, el sector hidrocarburos el 11.6% y minería informal el 7.0%.
En cuanto a los casos de prevención que registra 107, las cifras con mayor índice la mantienen los casos en minería representados por el (41.1%), que sumados a las acciones desplegadas en la actividad hidrocarburífera (12.1%) y de minería informal (3.7%) registran un total de 56.9%.
En cuanto a casos nuevos, la ONDS-PCM indica que se han registrado dos casos nuevos en este mes. El caso Soritor en la región San Martín (naturaleza otros) y el conflicto en el distrito de Velille en la región Cusco (naturaleza minería).
En términos geográficos, del porcentaje total de conflictos sociales que se registró en la ONDS-PCM durante abril, la región Cusco lidera la lista, con el 14%; Junín y Cajamarca, con el 11,6% cada uno; les siguieron Apurímac, Loreto y San Martín, con 9,3% cada uno; Arequipa y los conflictos de carácter multirregional representaron el 7% del total de casos. Finalmente, como se observa en el cuadro 2, los conflictos de carácter nacional, Amazonas, Áncash, Huancavelica, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Puno representaron el 2,3% cada uno. Ayacucho no registró casos de tratamiento en este mes.
Las regiones Amazonas (1), Áncash (1), Apurímac (1), Arequipa (3), Cajamarca (5), Cusco (4), Junín (1), Lambayeque (1) y Moquegua (1) concentran los casos en tratamiento de tipo minero. Cajamarca es la región que mantiene el mayor número de casos de este tipo en abril.
Las regiones que presentaron casos en tratamiento de tipo hidrocarburos en este mes fueron Junín (2) y Loreto (2).
En abrildel 2016, la ONDS-PCM realizó un trabajo de prevención en 107 casos. A diferencia del mes anterior, se registran dos casos importantes; el primero, aborda el caso de las regiones Huancavelica e Ica en controversia por el uso del agua de la laguna Choclococha, del tipo hídrico; y el segundo, aborda el caso del Centro Poblado Aricota, en la región Tacna, del tipo energético. De los casos registrados en abril, encabezan las estadísticas, las diferencias y controversias relacionadas con la minería (41,1% del total); les siguen los denominados otros(21,5%); y, en tercer lugar, se ubican los casos vinculados con hidrocarburos (12,1%).
La PCM también elaboró un informe sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski acerca de la promoción de la inversión minera y la gestión de la conflictividad.
PROPUESTA DE FUERZA POPULAR
El Plan Perú, de Fuerza Popular, apuesta por la promoción de la gran y mediana inversión minera, con el fin de hacerla viable y sostenible. Empieza afirmando quw se garantizará una sana convivencia entre las industrias extractivas y las comunidades, sobre la base del respeto por el ambiente y considerando que el agua debe usarse, en primer, lugar para el consumo humano; luego para la agricultura; después, para la ganadería; y, finalmente, para la minería.
En esa perspectiva, también se propone promover como herramienta fundamental el diálogo entre la empresa y la comunidad.
En materia de prevención de conflictos sociales, Fuerza Popular plantea las siguientes políticas públicas: · Prevenir los conflictos mediante la creación del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales; Rescatar y reconstruir la relación entre el ciudadano y el Estado, mediante la institucionalización del diálogo como mecanismo para transformar el conflicto en oportunidad de desarrollo; Fortalecer la gestión y el rol de los organismos de fiscalización ambiental; Aplicar sanciones efectivas en los casos de incumplimiento de las normas ambientales; Implementar los mecanismos de consulta previa, en los casos que corresponda. El Estado será un aliado en la mejora de las comunidades aledañas, y supervisará que las empresas respeten el medioambiente y los derechos de las comunidades.
En cuanto al abordaje de la conflictividad social, la estrategia de prevención y gestión de los conflictos sociales se orienta al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el desarrollo del país.
PROPUESTA DE PERUANOS POR EL KAMBIO (PPK)
PPK basa su estrategia de crecimiento económico en lo que denomina la «diversificación productiva», y la reactivación de proyectos mineros y de infraestructura paralizados. La tercera acción estratégica del Programa de Reactivación Económica de su Plan de Gobierno se refiere a la reanimación de los proyectos mineros y de infraestructura detenidos.
Propone evaluar detalladamente los proyectos paralizados y gestionar la reanudación de los que tengan mayor impacto sobre el crecimiento. En esta perspectiva, gran parte de estos retrasos se debe al exceso de tramitología y a la falta de beneficios tangibles para las regiones y sus comunidades. Para ello, plantean tomar cuatro medidas en los cien primeros días de gobierno: · Implementar el adelanto social, que consiste en que el gobierno realice obras que beneficien a las comunidades donde se desarrollará el proyecto minero, como colegios, postas médicas, afirmado y viviendas. · Eliminar el exceso de tramitología, y dejar vigentes solo las gestiones indispensables para la conclusión de los proyectos. · Modificar la Ley General del Canon de tal forma que beneficie a las comunidades aledañas a los proyectos, sin afectar la distribución del canon a las regiones. · Establecer un nuevo programa de reconversión productiva de las empresas que se vean afectadas por los proyectos mineros, ya sea por el mayor costo de la mano de obra o por los efectos secundarios de la explotación.
El objetivo es que las comunidades consideren al Estado su aliado en las negociaciones del desarrollo de su región, bajo el beneficio del canon minero.
Respecto a la relación entre minería y medioambiente, se plantea una vigilancia especial frente a los conflictos socioambientales, causantes de la paralización de múltiples proyectos.
