Alfonso Prat-Gay se está ocupando personalmente de tachar y reescribir el borrador que descansa en su escritorio denominado "Régimen de transparencia fiscal", que es ni más ni menos que el blanqueo de capitales.

"Sistema voluntario y extraordinario de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior", es el título de la "amnistía fiscal’ por la cual prevén que se blanqueen un piso de u$s 70.000 millones.

Se podrá declarar la tenencia hasta el 30 de abril y los fondos del exterior no serán obligados a ingresar al país. La AFIP quedará impedida de solicitar información y extractos bancarios anteriores a esta fecha. Los inmuebles en el país y en el exterior pagarán una alícuota del 5%. El mismo porcentaje se abonará por tenencia de moneda en efectivo en el país que se deposite en entidades bancarias en Argentina hasta un equivalente en pesos a u$s 80.000.

Superando este tope, se deberá pagar una multa del 10% si se blanquea hasta el 31 de diciembre, y del 15% si se realiza desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año que viene.Quien exteriorice desde el 1 de enero podrá bajar la alícuota al 10% mediante la adquisición de Bonar X y/o Global 17.

Otra de las alternativas es comprar un bono a tres años (hasta el 30 de septiembre) intransferible y no negociable, a cupón cero. También habrá un bono a seis años a comprar hasta el 31 de diciembre que en los primeros tres años tendrá un cupón cero y, pasado ese lapso, tendrá un interés del 5,5% anual. En ambos casos, deberán permanecer en custodia en Caja de Valores hasta el vencimiento.

En la City auguran un éxito del blanqueo porque, desde el año que viene, no va a haber un lugar en el mundo donde tener una cuenta con plata negra: "Es la última oportunidad de blanquear. Por lo que hablamos con varios clientes, amigos y conocidos, todos van a blanquear todo lo que puedan. El dinero negro que va a quedar va a ser sólo el transaccional, ocasional, de giro de algún negocio o bien lo guardado en alguna caja de seguridad. Los tenedores de grandes cuentas con dinero negro van a tener que blanquear obligatoriamente, porque no quedan alternativas", coinciden en los directorios de los bancos.

En las mesas admiten que las empresas que hoy quieren invertir se quedaron sin "caja blanca", mientras las plazas de Ginebra y de Zurich están echando a los clientes argentinos de los bancos que tienen menos de u$s 500.000.

En el sector confiesan que resulta cada vez más complicado moverse con dinero no declarado, tema que se acentuará aún más desde el año que viene: "Muchas empresas quedaron atadas de pies y manos y no pueden girar los dólares para reactivar la economía", advierten.

Incluso, bancos americanos de primerísimo nivel están estudiando empezar en el segundo semestre a cobrar por el dinero que tienen en depósito por encima de los u$s 5 millones. Prevén cobrar por la custodia de los depósitos a la vista una tasa que podría del 0,25% anual.

¿Por qué la tasa para inmuebles es más baja? Porque las propiedades en el exterior están más escondidas, ya que en el 95% de los casos están a nombre de una SRL, que a su vez está a nombre de una sociedad en un paraíso fiscal. Esto lo recomiendan los contadores estaodunidenses para evitar cualquier tipo de juicio por parte de los inquilinos.

El economista Miguel Kiguel consideró hoy que el blanqueo de capitales que lanzará el Gobierno nacionalserá "un empujón muy fuerte a la economía" y que hay incentivos para lograr una mayor participación que en llamados anteriores, al tiempo que estimó en unos 400.000 millones de dólares los fondos no declarados por los argentinos.

"La circunstancia actual es especial porque la Argentina ha cambiado a partir de la administración (Mauricio) Macri en tratar de hacer un nuevo país con certidumbre de mediano plazo y, por otro lado, el mundo ha cambiado mucho y hay mucho más seguimiento de los fondos informales, mayor intercambio de información entre países y mayor rastreo informático, que dio lugar a casos como Wikileaks y Panamá Papers; por eso creo que hay un incentivo muy grande de la gente para participar", dijo Kiguel en diálogo con Télam Radio.

El economista afirmó al respecto que "en Argentina hay mucha plata que no está declarada. En varias oportunidades el país trató de regularizar ese dinero, con los blanqueos en 2008 no tuvo demasiada adhesión y después con los Cedines tampoco".

Kiguel dijo que "hay unos 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior o abajo del colchón, y la idea es traerlos a la economía real para que empiecen a financiar inversiones, sobretodo en infraestructura, que genera empleo".

"Va a haber algunos sectores como construcción de viviendas, obras públicas, que empiecen a ver la diferencia y podría ser un empuje enorme a la inversión, un empujón muy fuerte a la economía, y podría tener un impacto muy grande en el crecimiento a mediano plazo", aseguró.

MARCELO CANTÓN

Dos millones de jubilados cobrarán un importante ajuste en sus haberes, que pasarían en promedio de 7.000 a 11.000 pesos mensuales; eso se haría gradualmente, a un ritmo de 100.000 personas por mes. Es el efecto más importante, dicen en el Gobierno, del proyecto de ley que presentarán mañana y enviarán la semana próxima al Congreso. La iniciativa incluye además definiciones sobre el blanqueo de capitales, el acuerdo con las provincias por la coparticipación y la promoción de las pymes.

Cuando crece la conflictividad social producto de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, impulsada por la inflación y el ajuste de tarifas, el Gobierno busca poner sobre la mesa su carta mayor: pagar todos los juicios de los jubilados. “Macri siempre se planteó cancelar las grandes deudas del país: la de los holdout y la de los jubilados”, dicen en la Casa Rosada.

Abril registró una inflación del 6,5%; en mayo bajaría, pero sería igual del 3,5%. En medio empiezan a llegar las facturas con las fuertes subas del gas. La situación se tensó tanto en la Patagonia que tuvieron que convocar a todos los gobernadores. Los comedores sociales del GBA tienen cada vez más demanda, las agrupaciones piqueteras reclaman alimentos, la confianza de los consumidores cae.

El escenario político empieza a complicarse. “Estamos atravesando el peor momento del Gobierno”, dijo el Jefe de Gabinete Marcos Peña esta semana. Pagar a los jubilados es la llave a la que apelarán ahora. Y bajo ese paraguas incluirán otras ideas que la oposición podría resistir, como el blanqueo de capitales y el acuerdo por la coparticipación de las provincias. La promoción de las pymes busca quitar al Frente Renovador una bandera que agitó las últimas semanas. Todo será parte del mismo texto de la ley.

“El centro del proyecto igual son los jubilados”, insisten en la Casa Rosada. Los fallos Badaro, Ellif y otros, de la Corte Suprema, ordenan reajustes generales de los haberes, que hasta ahora nunca se aplicaron. Para lograrlos, cada jubilado debe hacer un juicio, que puede demorar hasta 10 años. De aprobarse el proyecto del Ejecutivo, se pagarán todos los juicios que están en marcha (unos 300.000) y se hará lo mismo con aquellos que no iniciaron demanda pero están alcanzados por los fallos de Corte. “En las estimaciones que se manejaron estos días sobre el alcance de la iniciativa se habló de un millón de jubilados beneficiados, pero son más, son 2 millones”, señalan los funcionarios más cercanos a Macri. Es una cifra elevada, si se tiene en cuenta que hoy hay 6,5 millones de jubilados, y que en esta discusión no entran los casi 3 millones que se jubilaron con moratorias.

Cada jubilado que hace juicio tiene dos resultados: el reajuste de su haber futuro y el pago del retroactivo por la diferencia hacia atrás. Ahora accedería a ambos beneficios sin juicio. Para eso, debería firmar un compromiso en la ANSeS de que no hará más demanda, y aceptar una quita sobre el monto del retroactivo. “La quita sería más o menos lo mismo que le cobraría un abogado por hacer el juicio, del 20 al 30% del total”, dicen los funcionarios. El haber medio de ese segmento de jubilados es hoy de $ 7.000: con el reajustes pasaría a $ 11.000, estiman en la Rosada.

Pero los 2 millones de jubilados no podrían acceder a este beneficio todos juntos. “La ANSeS tiene un límite en la cantidad de trámites que podría tomar; estamos pensando en poner un cupo de 100.000 por mes: todos tendrían su reajuste de haberes en el lapso de casi dos años”, agregan. Habría prioridad para los más mayores, los enfermos, y las situaciones extremas.

Para pagar esos juicios se usarán recursos del blanqueo de capitales, dijo ayer Macri. Y del Fondo de Garantía de la ANSeS: la ley lo habilitaría, así como también permitirá que ese Fondo se utilice para prestar dinero a las provincias por la coparticipación y financiar obras de infraestructura incluidas en el Plan Belgrano, que apunta al norte del país. Una cláusula habilitará incluso la venta de acciones de empresas privadas en manos del Fondo, algo que fue prohibido por una ley de fines del año pasado.

Habrá otro tema polémico en la ley. Es que la ANSeS ya tiene resultados en rojo, paga más que lo que recauda. Se formaría entonces una comisión con la oposición, para discutir la sustentabilidad del sistema previsional. En la agenda se incluirá que en algunos años se suba la edad jubilatoria, para evitar que el sistema quiebre.