La materialización del proyecto cuprífero San Jorge, localizado en Uspallata, se encuentra a disposición de la voluntad política de la vecina provincia de Mendoza.
El convenio se basa en que Uñac envíe la Declaración de Impacto Ambiental de la zona de procesos que se ubicaría en Calingasta a la Cámara de Diputados de Mendoza para su análisis. Todo depende de la voluntad política de la vecina provincia.
Según consideraciones del Diario de Cuyo, esto se debe a que a principio del mes de marzo, y luego de que la justicia mendocina diera rango constitucional la ley antiminera, el grupo accionista ruso que opera el proyecto se reunió con el ministro de Minería de San Juan para manifestarle su voluntad de inversión y su idea de construir un trazado ferroviario de 25 kilómetros que vincule la futura cantera de Uspallata con la planta de proceso que se localizaría en el departamento de Calingasta.
“Inmediatamente después de la reunión me comuniqué con Guiñazú, subsecretario de Minería de Mendoza, para explicarle que estamos abiertos a la posibilidad de firmar un acta compromiso, que ellos mismos solicitaron, por la cual el gobernador Uñac se comprometería a enviar la Declaración de Impacto Ambiental de la zona de procesos a la Cámara de Diputados de Mendoza para su análisis”, comentó Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan.
Hensel agregó que “nos dijeron que el acta compromiso les parecía muy bien a los funcionarios de minería de Mendoza, sin embargo, desde ese momento no tuvimos más novedades. Todo depende de la voluntad política de la vecina provincia, nosotros estamos abiertos y predispuestos, porque entendemos la importancia del proyecto San Jorge, que de entrar en funcionamiento equivaldría a satisfacer la demanda interna de cobre que posee Argentina”.
La ley antiminera declarada constitucional por el máximo tribunal mendocino en noviembre pasado, empujó definitivamente a los rusos de San Jorge para avanzar en el plan “B”. Éste consiste en construir un ferrocarril desde la cantera mendocina hasta Calingasta, en San Juan, donde se llevaría la piedra para procesarla y extraer el cobre.
El proyecto “biprovincial” no es nada nuevo, ya que fue planteado en el 2012 cuando la Legislatura de Mendoza trabó la declaración de impacto ambiental (DIA) del yacimiento cuprífero. Cabe resaltar que la empresa rusa Aterra Grup posee un irresistible plan de inversiones superior a los 300 millones de dólares y unos 3.000 puestos de trabajo directos vinculados con el proyecto cuyano San Jorge.
Al parecer, todas las novedades sobre el yacimiento se manejan con extremo cuidado y prudencia en Mendoza, debido al clima de tensión en materia de minería que vive dicha provincia. Cabe destacar que recientemente los proveedores mineros realizaron una gran marcha para solicitarle trabajo al gobernador Alfredo Cornejo ante la inexistencia de inversiones y fuentes de trabajo ligadas a los grandes proyectos como Potasio Río Colorado y el mencionado proyecto cuprífero. Medios de comunicación de la vecina provincia informaron que el gobierno de Cornejo no quiere dejar ir tan fácilmente los dólares que significa San Jorge.
Es así que el Subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, también se reunió con el grupo inversor ruso tras el fallo de la Corte para pedirles un plan que se adecuara a la nueva reglamentación y permitiera el desarrollo de la mina 100% en Mendoza. “Si se sigue el método de flotación sería de bajo impacto ambiental y de alto valor agregado para nuestra provincia. El desarrollo de este proyecto con un método que se adecue a la ley podría significar una inversión de más de 500 millones de dólares exclusivamente para Mendoza”, señaló Guiñazú. En ese caso, con nula participación sanjuanina.
Semanas atrás en el contexto del Día de la Minería, las empresas prometieron inversiones por US$20.000 millones en los próximos cinco años, teniendo en cuenta no sólo los desembolsos que surgirán de los proyectos ya existentes sino de los que nuevos que podrían desarrollarse
La industria busca recuperar protagonismo luego de algunos años de parálisis y fuerte conflictividad con las comunidades locales y las autoridades nacionales y, en algunos casos provinciales.
Las inversiones están condicionadas por diferentes disposiciones provinciales que mantienen parados varios rpyectos, como en el caso de Mendoza donde la ley antiminera mantiene en stand by a San Jorge, Vale y Navidad
