El congresista nacionalista Tomás Zamudio ha propuesto ante la Comisión de Energía y Minas el proyecto de ley N°5139, el cual busca crear un Régimen Especial de Formalización de la Minería Informal y que el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico sea la autoridad competente en cuanto a formalización minera. También busca derogar el Decreto Legislativo 1105 y otras normas que regulan el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también ha propuesto derogar los decretos 1105 y 1100.
Es poco probable que el proyecto sea aprobado, pues el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Rubén Coa, ya adelantó que el Partido Nacionalista no apoyará la iniciativa, y queda menos de un mes para que este Congreso termine sus funciones. Aún hay temas pendientes en el pleno que son de mayor urgencia, como la elección de un defensor del pueblo. Además, las autoridades competentes, como el Ministerio del Ambiente, se han pronunciado en contra de la propuesta.
Sin embargo, Keiko Fujimori podría iniciar un nuevo proceso de formalización de la minería si es elegida presidenta el próximo 5 de junio.
El decreto legislativo 1105 permite diferenciar entre minería informal e ilegal. La minería informal se refiere a aquella que se realiza en zonas autorizadas pero sin permiso de explotación; laminería ilegal, a aquella que se realiza en zonas reservadas o con maquinaria prohibida.
La derogación de estos decretos permitiría que los mineros ilegales operen en zonas protegidas. Al no poder establecer diferencias claras entre minería informal e ilegal, el proceso de formalización iniciado por este gobierno volvería a fojas cero.
También se afectaría a los 60,000 mineros informales que iniciaron el proceso de formalización, a los pequeños mineros que operan hasta en una quinta parte del área del Perú y generan ingresos por US$1,315 millones al año, y a los titulares de las concesiones sobre las que opera la mayoría de informales.
También se seguirían generando pérdidas en la recaudación fiscal —cerca de S/.5,000 millones anuales—, daños en el medio ambiente, a la salud y a la gobernabilidad, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
