Los dos candidatos a la presidencia de Perú han anticipado políticas para promover una fuerte inversión y eso, que debería ser un buen augurio para las actividades mineras, es un motivo de preocupación ante la posibilidad de que una férrea oposición aliente las protestas contra el sector.
El presidente de la Sociedad de Minería, Carlos Gálvez, dijo a Reuters que grupos radicales planean promover la agenda antiminera de una candidata de izquierda que no pasó a la segunda ronda electoral, que el 5 de junio definirá la jefatura del Estado entre los centroderechistas Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.
"Veo con estupor que quienes no han ganado en la elección quieren imponer una agenda. Si hubieran ganado estarían reclamando que tenían la fuerza de los votos y como perdieron lo que tienen ahora es la fuerza de las calles", afirmó Gálvez.
Fujimori y Kuczynski han propuesto una mayor inversión en infraestructura y en obras sociales para evitar los conflictos, y destrabar proyectos mineros que cuenten con el respaldo de las comunidades y cuiden el medioambiente.
Sin embargo, los grupos antimineros no darían su brazo a torcer.
La candidata de izquierda Verónika Mendoza, tercera en los comicios y al frente de la segunda fuerza en el Congreso, ha dicho que evitará una "pretensión de repartijas, de remate de los recursos" naturales en el próximo Gobierno.
"Es probable que el próximo Gobierno entre con una serie de programas sociales a las comunidades para dividirlas y luego imponer proyectos. Lo único que nos queda es la movilización, la resistencia social", dijo Milton Sánchez, un líder ambientalista en Cajamarca, una de las mayores regiones mineras del país.
Según cifras privadas, existen 60.000 millones de dólares en proyectos mineros que esperan ser puestos en marcha, pero protestas o exceso de trámites burocráticos los han retrasado.
Gálvez criticó al Gobierno del presidente Ollanta Humala porque "le faltó liderazgo y capacidad de convocatoria" para impulsar el desarrollo minero, clave para la economía del país.
Dos proyectos mineros de gran envergadura como Conga de la estadounidense Newmont Mining y Tía María de Southern Copper, con inversiones de 6.400 millones de dólares, fueron paralizados en el Gobierno de Humala por protestas de las comunidades.
"En los últimos cinco años hemos desperdiciado una oportunidad de hacer grandes inversiones que nos hubieran permitido pensar en crecer 6 por ciento en ingreso per cápita, lo que significa crecer más de 7 por ciento anual", afirmó el economista Juan Mendoza de la peruana Universidad del Pacífico.
La economía peruana creció un 3,26 por ciento el año pasado tras desacelerarse en los años previos por una caída de la producción minera y menores precios de los metales.
El presidente ejecutivo de la minera de plata Hochschild, Ignacio Bustamante, dijo que un nuevo Gobierno debe tener la capacidad de llamar a expertos que entiendan el problema, solucionen los conflictos y destraben los proyectos paralizados.
"La clave va a estar en que, el candidato que salga electo, tenga la capacidad de convocatoria, la apertura de poder sentarse con las compañías y la sociedad y que sepa dónde están las principales trabas del sector", precisó.
"Ambos (candidatos) son muy conscientes de la importancia que tiene el sector para el desarrollo económico y social del país y son conscientes de que deben hacerse cambios", agregó.
Según un reporte de mayo de la Defensoría del Pueblo, el sector minero encara 91 conflictos, entre ellos el de la mina de cobre Las Bambas de la china Minmetals, que comenzó a operar el año pasado tras una inversión de 7.400 millones de dólares.
José Antonio Lima, consejero de la región de Apurímac donde opera Las Bambas, dijo que planean retomar sus marchas el 29 de mayo si fracasa el diálogo con el Gobierno.
El año pasado tres personas murieron en protestas para demandar más obras sociales y rechazar cambios al plan ambiental de la empresa.
"Hay que trabajar mucho en la recuperación de la confianza, la institucionalidad, y le pediría al próximo gobierno que trabajemos juntos para lograr la concordia entre comunidades, Estado y empresas", dijo Gálvez, también gerente de finanzas de la productora de metales preciosos Buenaventura.
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Fuente: Defensoría del Pueblo
