CARLOS GALVÁN

El pasado 9 de diciembre, a 24 horas de la asunción de Mauricio Macri, el kirchnerismo buscó aprobar en el Senado una ley que pidió especialmente Cristina Kirchner, para recrear Yacimientos Carboníferos Fiscales como administradora de la mina santacruceña de Río Turbio. El bloque K puso todo su empeño, pero no le alcanzó: por diferencias internas –se le ausentaron tres senadores– no logró juntar el quórum para sesionar, según lo publicado por Clarin.

Pero el kirchnerismo no se dio por vencido con la polémica iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados. Este año intentó en dos oportunidades que se le diera dictamen en las comisiones de Minería y Presupuesto. Fracasó. ¿La razón? No logró que sus propios pares del FpV dieran quórum. En las dos comisiones tiene mayoría.

La resistencia provendría de los gobernadores peronistas. Es que la iniciativa prevé que se le transfiera a Santa Cruz, territorio administrado por Alicia Kirchner, 5.000 millones de pesos para la puesta en marcha del yacimiento y la usina eléctrica de Río Turbio. “Significaría una transferencia brutal de recursos en desmedro de las otras provincias. Ahora que no está más Cristina no es viable”, dijeron en el bloque del FpV. Segunda cuestión. La iniciativa es fogoneada por el ala cristinista y La Cámpora. Y con sus estratégicas ausencias, algunos senadores del FpV se estarían tomando “revancha” del hostigamiento que en sus provincias sufren de los ultra K por haber votado a favor del acuerdo con los fondos buitres.

El último intento de dictamen fue el 4 de mayo. Ese día hubo quórum en Minería pero no en Presupuesto. En Minería, el FpV firmó un dictamen, pero las autoridades en el Senado le dijeron a Clarín que no tiene validez, porque se había convocado a un plenario de dos comisiones.

El proyecto busca reflotar la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales, absorbiendo la deficitaria Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Uno de los costados polémicos de la iniciativa es que la propiedad de la empresa se repartirá de la siguiente manera: 45% para la Nación, 45% para Santa Cruz y 10% para sus trabajadores. Eso sí: todos los recursos los pondría el Estado nacional.

“No es razonable que si el Estado nacional pone la plata, la provincia tenga acciones con más poder de decisión que la Nación”, dijo a Clarín el senador Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz). Y completó: “En ninguna parte del mundo el que pone la plata no decide”.

Así como está, el oficialismo afirma que el proyecto es inviable. “Si lo aprueban sin modificaciones va derecho a ser vetado por el Presidente”, explicaron en el macrismo. Cerca deprincipal espada del oficialismo, adelantaron que más allá de la ley, la decisión de Mauricio Macri es poner en marcha la usina. Antes, eso sí, deberá estar lista una auditoría sobre su manejo estos años.