Cinco años atrás, Venezuela nacionalizó buena parte de su minería. Ahora, el presidente Nicolás Maduro está invitando a las multinacionales a que regresen y reactiven una economía en crisis. Sin embargo, entre las empresas y los minerales se interponen unos 100.000 mineros ilegales y bandas armadas, algunas de las cuales mantienen estrechas relaciones con los mandos militares locales.

Maduro anunció en febrero un plan para subastar casi 11 millones de hectáreas de nuevas concesiones en un área conocida como el Arco Minero del Orinoco. El gobierno estima que la zona posee unas 7.000 toneladas de oro, lo que de confirmarse convertiría a Venezuela en el país con el segundo depósito de oro más grande del mundo después de Australia.

El mes pasado Maduro firmó acuerdos con Yankuang Group —la cuarta minera de carbón de China—, el gigante de la construcción China CAMC Engineering Co. y la minera estadounidense Gold Reserve Ltd. y prometió firmar más contratos por miles de millones de dólares.

“El Arco Minero del Orinoco es una magnífica fuente de riqueza… para que vaya sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales”, señaló Maduro.

Pero en la mina de oro ilegal Arenosa, en el corazón del Arco Minero, Ramón, un líder de una pandilla, tiene otros planes. Recientemente, decenas de sus hombres armados con pistolas, escopetas y ametralladoras hacían guardia en torno a la mina. A su alrededor, cientos de buscadores cavaban fosas con sus palas al ritmo de salsa a todo volumen.

La mayoría de los trabajadores llegaron a las minas en los últimos 18 meses desde Caracas, Ciudad Bolívar —la capital del estado—y otras localidades en busca de empleo en medio de una crisis que llevó a la economía a contraerse 11,5% el año pasado, según la consultora Síntesis Financiera. Dejaron en claro que no tienen ninguna intención de regresar a los barrios pobres de donde provienen, que sufren cortes de luz y escasez de alimentos.

“El presidente quiere agarrarnos y darnos una patada” dice Ramón (un alias), rodeado de guardaespaldas armados en una improvisada tienda de campaña. “Aquí hay trabajo, afuera sólo hay hambre. La barriga es más fuerte que el miedo”.

La sequía en Venezuela ha expuesto nuevas zonas a la explotación minera. 

Las pandillas organizadas comenzaron a llegar a la mina en 2011, luego de que el gobierno nacionalizara la minería del oro, aunque no explotó el área confiscada. El derrumbe de la economía multiplicó el arribo de trabajadores en los últimos dos años.

Luego vino la violencia, conforme las distintas pandillas luchaban por territorio. El circundante estado Bolívar es uno de los más peligrosos en un país con la segunda mayor tasa de homicidios del mundo.

Una de esas bandas asesinó el 4 de marzo a 17 mineros al norte de Tumeremo, según el procurador público de Venezuela. La zona había sido adjudicada a la china Yankuang el mes previo; el gobierno y la empresa se negaron a revelar la ubicación exacta de la concesión.

Los líderes de las pandillas locales creen que los atacantes siguieron órdenes del gobierno para expulsar a los trabajadores y las pandillas de las minas de manera que las compañías pudieran empezaran a explotarlas. La comisión formada en el Congreso —dominado por la oposición— para investigar la violencia coincide con ello. En un reciente informe, la comisión acusa a la oficina del gobernador estatal de armar a los asesinos.

“Las masacres van a seguir ocurriendo. ¿De qué otra manera van a sacar a toda esta gente de ahí?”, dijo Américo de Grazia, quien encabezó la comisión. El informe estimó que al menos 50 mineros y pandilleros han muerto en Bolívar este año.

Voceros de la sede de las Fuerzas Armadas, el distrito militar de Guayana —a cargo de Bolívar—, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Información, el responsable del Arco del Orinoco, José Khan, el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel, la alcaldesa local, Yusleiby González, la oficina de Maduro y Yankuang, declinaron referirse al tema o no respondieron a múltiples correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de comentarios sobre las recientes muertes.

Desde la nacionalización de 2011, la producción oficial de oro de Venezuela se ha derrumbado. En 2015 el gobierno produjo apenas 430 kilos de oro, un tercio de los niveles de 2013.

La nacionalización también generó causas en los tribunales internacionales presentadas por las empresas expropiadas. Una corte del Banco Mundial dictaminó el mes pasado que Venezuela debe pagar US$1.400 millones a la canadiense Crystallex International Corp. por la mina Las Cristinas, una concesión que en febrero Maduro adjudicó a Gold Reserve.

“El [plan del] Arco Minero es una reacción desesperada de buscar divisas”, señaló Víctor Álvarez, ex ministro de Industria del gobierno del fallecido Hugo Chávez, el mentor de Maduro.

Representantes de Gold Reserve declinaron comentar y los portavoces de CAMC no respondieron a los pedidos de comentarios.

 

Las minas ilegales han creado una economía paralela en la estéril sabana venezolana y la espesa selva del sur de Bolívar. Los trabajadores de la zona incluyen desde ex conductores de buses a ex profesores de kindergarten.

Hace apenas dos años, Arenosa era una zona desértica repleta de árboles muertos en el vasto y barroso embalse formado por la represa hidroeléctrica de Guri. Con el tiempo, se ha transformado en una pujante ciudad con iglesias, prostíbulos, un centro de llamadas por satélite y una cancha de fútbol. La ciudad es una minieconomía dolarizada, donde todo se compra y se vende a los precios del mercado negro. Gracias en buena parte a esto, en las tiendas de Arenosa abundan productos que escasean en el resto del país, desde la carne a la harina.

Ramón calcula que en el embalse donde él opera hay entre 6.000 y 10.000 mineros ilegales.

Tanto el reporte del Congreso como el ex ministro Álvarez dicen que las Fuerzas Armadas han sido cómplices de las minas ilegales. En el sur de Bolívar, el ejército controla la distribución de la gasolina necesaria para las bombas mineras y los generadores. En la carretera cercana hay 16 puestos de control militar. “Sin los militares aquí no hay despacho de gasolina, no hay movimiento. Es así de simple”, dijo Aireana Rodríguez, una concejal en la ciudad minera de La Paragua.

En dos minas ilegales visitadas por The Wall Street Journal, soldados uniformados estaban a metros de distancia de los puertos improvisados donde los mineros ilegales cargaban embarcaciones con equipo minero. La tercera mina visitada, Arenosa, está dentro de una zona militarizada.

Según el decreto ejecutivo emitido dos semanas después del anuncio de Arco Minero, Maduro dio a los militares su propia minera para que puedan participar en “todo lo relativo a la actividad lícita…de explotación minera”. La analista militar Rocío San Miguel estima que el gobierno trata de crear un incentivo para que los militares saquen a los trabajadores ilegales y a las pandillas de las minas mediante una participación directa en la inversión minera.

Las pandillas les cobran a los trabajadores ilegales una parte de la producción, que va del 5% al 50% dependiendo de la calidad del mineral, dicen sus líderes. En las zonas controladas por grupos indígenas, los mineros le pagan el tributo al jefe de la comunidad. Luego, según testimonios de pandilleros, residentes indígenas, mineros, compradores de oro y políticos locales entrevistados por The Wall Street Journal, las pandillas y los jefes entregan una parte a los militares.

Al menos tres minas ilegales han sido evacuadas desde febrero por soldados uniformados o por hombres no identificados con pasamontañas y armas automáticas, según una decena de testigos.

“Ahora, el gobierno decidió tomar el control”, dice el diputado del partido gobernante, Aldrin Torres. “En algún momento, las Fuerzas Armadas tienen que ejercer su autoridad”.