Martín Bidegaray
Por primera vez desde que arrancaron las importaciones de gas líquido (GNL) por barcos, la empresa estatal Enarsa publicó los resultados de las licitaciones en su página web. Los nombres de los proveedores de los próximos nueve cargamentos, que cubren la importación hasta el próximo 21 de agosto, ya están disponibles para cualquier consulta. De esta forma, Enarsa busca darle transparencia a un proceso que siempre estuvo caracterizado por las sospechas por comisionistas e intermediarios, en especial cuando fue manejado por el ministro de Planificación Julio De Vido.
Enarsa, que es la petrolera estatal, informó los nombres de las empresas que participaron de cada una de las licitaciones, un ranking de las tres primeras en cada cargamento que se comprará y el ganador de cada uno. Los montos de las operaciones no fueron informados, porque se los considera como "confidenciales", algo propio de ciertos contratos comerciales.
Para los cuatro cargamentos que llegarán a Escobar entre el 11 de julio y el 21 de agosto, Shell quedó primero en dos compras (de 88.889 metros cúbicos de GNL) cada uno, mientras que la trader GNA se quedó con otros dos.También participaron Iberdrola, Gunvor, Uniper, Trafigura y Vitol, según Enarsa.
En relación a los cinco cargamentos que arribarán a Bahía Blanca -con una compra de 135.371 metros cúbicos cada uno- tres fueron para Shell, uno es para British Petroleum y el quinto para el trader holandés Vitol.
Aunque los precios no son públicos, conocedores del sector estiman que andarán en torno a los US$ 5,5 por millón de BTU, la medida que se usa en el gas.
Enarsa licita y paga, pero YPF también participa del proceso, por el que cobra una comisión. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, expresó en una charla con ingenieros que estaba mirando ese proceso. "El 49% de YPF es de inversores privados", señaló, dando a entender que los accionistas no estatales se podrían estar beneficiando de la comisión que cobra YPF por la compra que paga el Estado nacional.
Las dudas sobre la transparencia de las importaciones de gas líquido fueron una constante de la gestión de Julio De Vido, el anterior ministro de Planificación. Se lo acusó de favorecer como intermediario a Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas en el gobierno de Carlos Menem. Los cruces entre las partes por supuestas irregularidades fueron varios y hasta YPF manifestó disconformidad sobre algunas explicaciones de Dromi y De Vido, trasladándoles la responsabilidad por lo realizado en algunas licitaciones.
En uno de los últimos concursos de cargamentos de gasoil -encargada por Cammesa- una rama de Shell resultó el ganador de 7 de 8 compulsas, según investigó el diario Perfil. Consultado al respecto, el ministro Aranguren (que fue CEO de Shell en el país e hizo toda su carrera en esa petrolera) solicitó una auditoría adicional. "Shell ofreció el precio más bajo", detalló Aranguren. Pero también subió, a su modo, la apuesta. "Me preguntaría porque en el pasado, a lo mejor, el Gobierno (anterior) se perdió la oportunidad de que haya mayor cantidad de empresas que compitieran, que a lo mejor hubiera significado un menor precio de abastecimiento para el mercado argentino", replicó en un diálogo con periodistas hace tres semanas.
IECO
El senador Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) denunció penalmente al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y al presidente de ENARSA, Julio Aníbal Balboa, por irregularidades en las importaciones de gas desde Chile que arrancaron recientemente.
La denuncia es por"violar el Régimen de Contrataciones al comprar gas a Chile un 128 por ciento más caro del precio que Bolivia le vende a la Argentina".
El senador explicó que los contratos firmados entre ENARSA y la empresa SOGLAS de Chile "para comprar en forma directa 86 millones de metros cúbicos de gas a un precio de 6.90 dólares el millón de BTU violaron las disposiciones del Régimen de contrataciones de la Administración Nacional".
Solanas también denunció que ambos contratos "tienen una cláusula de estricta confidencialidad y reserva", lo que "no permite que se conozcan públicamente como sucede con el acuerdo entre YPF y Chevron".
Según informó un comunicado, Aranguren "estaría incurriendo en la posible comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público violando el régimen de contrataciones públicas".
Interviene en la causa el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 1 a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, y la Fiscalía Federal número 12 a cargo Patricio Evers.
El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, está en el foco de la tormenta por la histórica importación de gas a través de Chile -país que no es productor-, que comenzó a concretarse ayer, y que cuesta un 35% más que el que se extrae en Neuquén.
La diputada massista Liliana Schwindt, presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor y de la Competencia, presentará un proyecto de resolución para que Aranguren informe sobre los contratos que Enarsa haya firmado para la compra de gas desde el país vecino. Y el senador Pino Solanas lo denunció por presunta violación del régimen de contrataciones públicas.
Chile fijó un precio de 6,90 dólares por millón de BTU, lo que resulta un 128% más caro que los 3,02 dólares por MBTU que Argentina paga por el gas boliviano y un 53% más alto que el promedio de 4,50 dólares por MBTU que se paga por el gas que llega por barcos a Bahía Blanca y Escobar, y 35% más que los 5,10 que se cotiza el gas neuquino.
Aranguren había justificado la operatoria en que Bolivia no está en condiciones técnicas de aumentar sus envíos y las terminales regasificadoras de Bahía Blanca y Escobar no pueden recibir más barcos de los que ya están agendados para los próximos meses. Aseguró que con ese gas se reemplaza el gasoil para la generación eléctrica, que es más caro.
Pero lo que más despierta sospechas es que el principal proveedor al país vecino sea British Gas, empresa que el año pasado fue adquirida por Shell, compañía de la cual Aranguren posee acciones.
Argentina anunció este jueves un programa de estímulo a la producción de gas natural, especialmente no convencional, en momentos en que el país busca reducir las importaciones de hidrocarburos, paliar el déficit energético que registra desde hace años e impulsar las inversiones en el yacimiento Vaca Muerta.
El programa, que estará vigente desde el jueves hasta el 31 de diciembre del 2018, implica que los nuevos proyectos de gas natural obtendrán un precio estímulo de US$7,5 por millón de BTU. El Estado compensará al productor hasta alcanzar el valor del precio de estímulo, en caso de que no reciba ese valor por la venta del gas en el mercado.
"Lo que se busca es dar previsibilidad y atraer a esas empresas que hoy, o están con ganas de salir a producir o están produciendo poquito (...) Apunta básicamente al shale y al tight gas", dijo una fuente del sector.
En el Boletín Oficial, el gobierno resaltó la necesidad de continuar con los programas que buscan incrementar la producción de gas en el corto plazo para reducir las importaciones y estimular la inversión en exploración y explotación de nuevos yacimientos.
El shale y el tight gas son hidrocarburos no convencionales que se encuentran principalmente en Vaca Muerta, una formación de unos 30.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Neuquén que podría albergar una de las mayores reservas de estos hidrocarburos del planeta.
"Creo que es una buena medida. Es una medida que es positiva, bien recibida", dijo una fuente del sector empresarial.
La caída en la producción de petróleo y gas convencionales y la creciente dependencia del país de las importaciones de energía implican que el desarrollo de Vaca Muerta sea una prioridad estratégica para Argentina, según indicó un informe de la consultora Puente.
La empresa YPF, que fue nacionalizada por Argentina en el 2012, es la mayor operadora de Vaca Muerta. La petrolera compró la carga de nueve buques de gas natural de empresas como Gas Natural, BP y Shell con entregas entre junio y agosto, dijeron el jueves fuentes a Reuters.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, la semana pasada en un evento de la industria resaltó la necesidad que tiene Argentina de mejorar la oferta de gas y dijo que espera que el país deje de importar gas natural licuado (GNL) en cinco o seis años.
