Durante la clausura del 12° Simposium Internacional del Oro y la Plata, Carlos Gálvez, presidente de la SNMPE, advirtió que el próximo gobierno no puede darse el lujo de perder más oportunidades de inversión.
Hay una cartera de inversiones estimada de US$ 60.000 millones que deberían ejecutarse para el bicentenario del Perú, en 2021.
El líder del gremio minero-energético aseguró que el principal obstáculo que enfrentan las mineras es la tramitología. “Las reformas del próximo gobierno deben pasar por la construcción de un Estado moderno y eficiente y la eliminación de la permisología y la tramitología, que afecta al sector minero. No podemos darnos el lujo de perder más inversiones”, expresó Gálvez.
Este es el reclamo que los mineros vienen realizando hace años. Gálvez explicó que la aprobación de licencias, certificaciones, autorizaciones y permisos demandan largos procesos y demoras que no permiten poner en valor el potencial que tiene el Perú para seguir reduciendo la pobreza.
Asimismo, expresó la necesidad de implementar nuevas medidas que permitan retomar la senda del crecimiento con tasas superiores a 6%,
“El Perú no requiere de medidas populistas, sino de reformas estructurales que garanticen el desarrollo económico y social, además de estabilidad jurídica y plena vigencia del Estado de derecho.
“En la medida que la inversión privada aliente el crecimiento económico se lograrán mejoras en el desarrollo del país y por ende en la inclusión social”, afirmó, al referirse a la ausencia del Estado en muchas zonas alejadas del país, donde se encuentra la minería. Afirmó que el Estado debe atender de manera oportuna y eficiente las demandas de la población en salud, educación, infraestructura, producción.
“La población tiene una desconfianza general sobre el desempeño del Estado. Y esta desconfianza también se traduce en el debilitamiento y pérdida de credibilidad de las instituciones democráticas, lo cual resulta muy peligroso para la institucionalidad y gobernabilidad del país”, advirtió.
Gálvez propuso emprender una reforma de todo el sistema político y una guerra frontal contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. “Es urgente contar con un Estado que acompañe el proceso de inversiones para prevenir los conflictos y que redistribuya con justicia y equidad la riqueza generada por las mineras”.
Asimismo llamó al próximo gobierno a que, en todo proceso de diálogo, estén presentes todos los actores involucrados: Estado, comunidad y empresa, y que los acuerdos que se logren sean permanentes en el tiempo y respetado por todas las partes.
Durante la ceremonia, el presidente del 12° Simposium Internacional del Oro y la Plata, José Miguel Morales, advirtió que la inversión en minería formal pondrá en valor las reservas de oro y plata, con lo que se asegurará el crecimiento económico del Perú.
"Necesitamos nuevas ideas y un cambio de actitud. Somos los llamados a generar desarrollo en el Perú con educación, tecnología y con solidos encadenamientos productivos; y debemos trabajar de la mano con la población, el Estado y los gobiernos regionales para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos", expresó.
"Nuestro país es una de las naciones con mayores stocks de estos metales preciosos. Sin embargo, enterrados o no explotados no tienen un impacto económico para beneficio del país y menos aún en la mejora de la calidad de vida de los peruanos", afirmó Morales.
Sobre la permisología, también se refirió Jorge Ganoza, CEO de Fortuna Silver Mines, quien subrayó la necesidad de revisar esta situación de la “tramitología” en el Perú, dado que se corre el riesgo de poner en peligro la producción de plata nacional.
Explicó que el exceso de permisos para operar en el sector minero es un mal que se ha expandido en Latinoamérica. “El Perú se ve afectado también, y esto resta competitividad a la industria argentífera local. Si a ello se le suman los conflictos sociales, la situación se complica aún más” señaló,
"Diariamente las empresas dedicadas a producir plata extraen este metal, agotando las reservas que se tienen. Lamentablemente, nos encontramos con pocas exploraciones que nos permitan reponerlas y por lo tanto darle panorama de largo plazo al negocio minero”, dijo el empresario.
FRENO A LA INVERSIÓN
El ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza sostuvo que desde 2013 el sector minero ha sufrido “frenazos significativos” en la producción lo que llevó a la paralización de importantes proyectos mineros.
“El sector minero debe recuperar la escala en producción. A mayor escala, es mayor la reducción de costo promedio y eso nos hace competitivos a nivel internacional”, expresó.
Para Carranza los proyectos mineros en cartera podrían generar unos 50.000 puestos de trabajo directos, que con el efecto multiplicador, se estaría hablando de 500.000 nuevos puestos.
Para el economista, el sector minero se enfrenta a cuatro grandes desafíos: la tramitología, la conflictividad social, los temas ambientales y la claridad en indicadores de seguimiento.
“La minería no es una condición necesario o suficiente para el desarrollo humano del país, pero es el motor que puede impulsar crecimiento en otros sectores. Depende de nosotros. Si seguimos desaprovechando oportunidades, vamos a seguir siendo un país de renta media”, puntualizó.
El debate sobre los conflictos mineros no podía estar ajeno al debate, tanto desde el punto de vista social como empresarial.
Los especialistas coincidieron al afirmar que las mineras no cuentan con una buena reputación, una variable cada vez más importantes tanto a la hora de evitar los conflictos sociales como al evaluar una inversión en el sector minero.
Para Luisa García, socia y CEO de la región andina de Llorente & Cuenca, la minería tiene una mala reputación y esto se debe a que la reputación está basada en las experiencias, “y ahí la minería tiene una dificultad muy particular y es que genera muy pocas experiencias”, señala García.
Para la experta en comunicación, los mineros ya no deben hablar de “zonas de influencia directa o indirecta”, lo que se llama la teoría de los círculos concéntricos que durante mucho tiempo ha operado en la industria.
García cuestiona que las empresas comienzan a informar por las comunidades cercanas y esperan que con eso baste, que la información se extienda por sí sola. “Pero hoy tenemos corrientes sociales, movimientos que ni siquiera han tenido contacto con la minería pero que critican la actividad y difunde el mensaje de manera más hábil con la generación de conceptos (erróneos) muchos más fáciles de transmitir.
García advierte que las mineras deben dejar de lado ese orgullo, eso de sentirse superiores y discutir por quien tiene la razón.
“La reputación está compuesta por las percepciones y expectativas de terceros que nos ven de manera distinta a como nos vemos nosotros, pero si les decimos que no tienen la razón estamos arrancando de un punto de partida no muy productivo, porque nos situamos en una posición de superioridad que nadie nos ha dado”.
Otro de los paradigmas que se deben romper es el “yo no vendo nada, por lo tanto no debo comunicar masivamente. “Nuestra visión es la contraria. Ante la dificultad de crear experiencias directas, la minería tiene que hacer un esfuerzo extraordinario. Los mineros en su afán de controlar los costos tienden a esconder la cabeza en tiempos de crisis, y es en esos momentos donde debemos realizar un esfuerzo mayor”, explica García, quien afirma que ser transparentes ya no es una opción, es una exigencia.
“No solo hay que estar en las comunidades, hay que estar en la prensa, en los medios, en las universidades, en la ciudadanía”, expresó.
Para Carlos Casas, profesor de la Universidad del Pacífico, los acuerdos entre empresa y comunidad tampoco es una solución a los conflictos.
“Por el contrario, puede aumentar la probabilidad del conflicto ya que estos acuerdos no son vinculantes y no existe, por parte de las empresas, un sistema de seguimiento que asegure el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
Un estudio elaborado por la Universidad del Pacífico refleja que los factores que más influyen en un conflicto son la pobreza, la desigualdad y el presupuesto municipal.
El tema del canon y la mala utilización ha llevado a ciertos grupos a decir “canon si, minería no”.
Al igual que la especialista de Llorente y Cuenca, García afirma que las mineras deben tener una visión más comunicadora y dejar el perfil bajo que ha caracterizado a las mineras durante décadas.
Por su parte, Carlos Rojas, CEO de Andino Asset Management, aseguró que los grandes inversionistas han comenzado a incorporar la percepción dentro de sus modelos de valorización de empresas. Toman muy en cuenta el riesgo reputacional, y en base a ello deciden si invertir o no.
Rojas explica que los blacklist están apareciendo cada vez con más fuerza. Los fondos de pensiones tienen listas de empresas y sectores donde tienen prohibido invertir, como empresas de carbón y armamentos. “No importa que tan barata sea la empresa, los inversionistas no van a invertir. Y ya hay empresas peruanas en el blacklist, las cuales van a tener problemas a la hora de obtener capital.
“La percepción es algo que vamos a ver mucho más en la mente de los inversionistas”, advirtió Rojas.
