El vicegobernador Pablo González reiteró los pedidos a la administración de Mauricio Macri, enumeró “tenemos listo para firmar y se lo he dicho al ministro de Energía y Minería de la Nación Juan José Aranguren el acuerdo por las represas sobre el río Santa Cruz y no estamos recibiendo respuesta en ese sentido, necesitamos que esa obra arranque, la reactivación de la obra pública, el sinceramiento de la relación de la provincia con Río Turbio, entre otras cuestiones” expresó el funcionario.
Luego se refirió a la presentación judicial de la oposición con respecto al ejecutado del presupuesto general de gastos del periodo 2015 el vicegobernador dijo “seguimos acompañando la documentación a medida que se va procesando y se va entregando. Es más la semana pasada se lo dijimos a ellos (sobre la oposición) en las reuniones que tuvimos cuando consensuamos en buena forma la aprobación del acuerdo con las mineras, donde hubo una negociación política, estuvimos discutiendo varias cosas, donde nos pusimos de acuerdo”.
“Nosotros le dijimos al bloque de CAMBIEMOS que estamos de acuerdo en que se controle y que en relación a la documentación se la íbamos a seguir llevando. No hay ningún misterio, por ahí hay algún problema de procesamiento de la información pero los números los vamos a seguir abriendo, seguiremos contestando cada vez que nos pregunten. Yo sé que tienen mas impacto mediático –las presentaciones judiciales- pero son las cosas de la política” aseguró González.
Finalmente indicó “esta discusión va a seguir la semana que viene en la legislatura, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuando se analice el pedido de endeudamiento, la verdad si el motivo del amparo es pensar que nosotros estamos escondiendo fondos para no transferir a los municipios no es cierto. Lo importante es trabajar, que nosotros nos sentemos con ellos, más allá de las diferencias políticas hemos podido resolver algunas cuestiones de buena forma y pretendo que podamos seguir manteniendo ese dialogo y que no ingresemos en polémicas” concluyó González.
Luis Castelli*
La noticia de que el Gobierno acordará con la provincia de Santa Cruz modificaciones al proyecto de instalación de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz merece una profunda reflexión. El proyecto es uno de los casos más emblemáticos de la administración Kirchner y, de alguna manera, sintetiza todo aquello que quienes votaron por un cambio quisieron dejar en el pasado: incumplimiento de la normativa vigente, oscurantismo en materia de acuerdos internacionales, discrecionalidad a la hora de tomar decisiones, escasa información, inadecuada participación ciudadana, favoritismo con los empresarios amigos y un profundo desprecio por las cuestiones vinculadas con temas ambientales.
De construirse, las represas inundarían tierras sobre las márgenes del río Santa Cruz que corresponden a estancias que compró previa y premeditadamente Lázaro Báez por conocer de modo anticipado cuál sería el área que iba a ser considerada expropiable. Para la construcción de las represas se realizaron tres licitaciones que multiplicaron el costo original. En medio de fuertes polémicas, la construcción fue adjudicada al consorcio constituido por Gezhouba Group (China), Electroingeniería -una de las firmas de obra pública que más crecieron con el kirchnerismo en el poder- e Hidrocuyo. Gezhouba Group es la empresa que intervino en la construcción de la represa Tres Gargantas, en China, la más grande del planeta hasta el momento, reconocida por las desastrosas consecuencias ambientales que produjo en el río Yangtsé.
Años atrás, la propia Secretaría de Energía difundió un estudio en el que analizó un inventario de 30 proyectos hidroeléctricos en todo el país, considerando criterios técnicos, ambientales y de comparación de costos y beneficios. La represa Cóndor Cliff (hoy Néstor Kirchner) se ubicó en el lugar 23, y La Barrancosa (hoy Cepernic), en el lugar 25 . Incluso el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi manifestó que, de realizarse las obras, Santa Cruz tendría una capacidad de generación 20 veces superior a su demanda, por lo que habría que invertir en, por lo menos, 2000 kilómetros de líneas de alta tensión para transportar la energía eléctrica a otros centros de consumo, con un costo adicional superior a los 1000 millones de dólares, que debería afrontar el Estado.
La evaluación de impacto ambiental, un instrumento para predecir y prevenir los efectos de determinadas actividades, permite examinar, en una instancia previa a su aprobación, los posibles daños o pérdidas que un proyecto podría ocasionar, así como alternativas de magnitud, ubicación, diseño y construcción. Se trata de un procedimiento destinado a mejorar el sistema de toma de decisiones públicas para que los proyectos resulten sustentables desde el punto de vista ambiental y social, a través de la participación activa de la sociedad. Así se evita que un emprendedor privado y un gobierno realicen un acuerdo a espaldas de la comunidad. En el caso de estas represas, el procedimiento se compartimentó intencionalmente por etapas, lo que rompe arbitrariamente con la sistemicidad (la relación de las partes con el todo) e impide alcanzar la dimensión de conjunto y pensar la obra en toda su magnitud. La información brindada fue incompleta, y aspectos esenciales, como los potenciales daños al sistema del glaciar Perito Moreno, no fueron explicitados con detenimiento ni se consultó a organizaciones no gubernamentales ni a los institutos especializados. La audiencia pública para la discusión del emprendimiento se realizó el 9 de diciembre, un día antes de que las autoridades provinciales y nacionales intervinientes culminaran su mandato. Claro que sólo se trataba de una formalidad: con personal contratado, las obras se habían iniciado seis meses antes de su aprobación.
Hemos heredado esta situación vergonzosa y hay que enmendarla con valores. Llegar a un acuerdo con la provincia de Santa Cruz para la construcción de las represas hidroeléctricas con módicas adaptaciones no es sino otra discrecionalidad: aceptar la herencia de hacerlas, independientemente de cualquier opinión en contrario.
Es imprescindible no sólo analizar el proyecto en profundidad -más allá de la incomodidad de reconsiderar las inversiones chinas debido al marco de corrupción en que se ha desarrollado la propuesta-, sino cumplir con un verdadero procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con participación ciudadana y aplicando las leyes nacionales que protegen el ambiente y nuestros glaciares, desdeñadas por la gestión anterior. Incluso, sería recomendable la integración de un panel independiente, ético, para que brinde su opinión.
Es una molestia, pero continuar con el proyecto es aceptar el legado de un capricho feudal que elimina cualquier posibilidad de considerar, cívicamente, nuestro destino colectivo. Y esto no se puede disimular.
Si el actual gobierno quiere dar un paso adelante en materia de transparencia y planificación, deberá garantizar que los intereses coyunturales no primen sobre los del porvenir, que el derecho al ambiente sano, reconocido en nuestra Constitución, no se corrompa, y que prevalezca ante el poder, incluso el propio.
*Director ejecutivo de la fundación Naturaleza para el futuro
