Cuando ya han transcurrido cinco meses desde que dejó la presidencia como uno de los líderes más importantes de las últimas décadas en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner lucha contra una serie de acusaciones penales, lo que ha intensificado aún más las tensiones en un país ya polarizado.

El abogado de Fernández de Kirchner se comprometió el lunes a defenderla contra acusaciones de que la mandataria le ordenó el banco central de Argentina negociar ilegalmente derivados, lo que le costó al país US$5.500 millones. Los cargos de “administración infiel” presentados contra la ex presidenta el viernes por el juez federal Claudio Bonadio conllevan una pena de hasta seis años de prisión. Fernández de Kirchner niega las acusaciones.

El procesamiento contra la ex mandataria, quien durante su gestión fue señala a menudo de ejercer una influencia indebida sobre el poder judicial, es el último de una serie de causas penales que podrían generar nuevos cargos en su contra.

“Si el poder judicial actuara de manera independiente, la posible acumulación de procesamientos y condenas podría terminar llevándola a la cárcel”, dijo Ricardo Monner Sans, un destacado abogado argentino y activista anticorrupción. “Pero estamos muy lejos de eso, años”.

En 1995, Sans entabló una acusación penal contra el ex presidente Carlos Menem por su presunta participación en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador en los años 90. Un tribunal sentenció a Menen en 2013 a siete años de prisión. No obstante, el ex mandatario sigue gozando de su libertad mientras la causa sigue un proceso de apelación.

Fernández de Kirchner también enfrenta investigaciones separadas por acusaciones de corrupción. El mes pasado, un fiscal federal solicitó que la ex mandataria fuera investigada como sospechosa en un caso de lavado de dinero en el que, presuntamente, está envuelto un destacado contratista del gobierno y ex colaborador de Fernández de Kirchner. El juez federal Sebastián Casanello tiene que aprobar la solicitud, lo que podría conducir a la formulación de cargos.

Asimismo, en otra causa a cargo del juez Bonadio, un fiscal pidió que Fernández de Kichner sea investigada por, supuestamente, aceptar sobornos. La ex presidenta ha señalado que tales investigaciones tienen motivos políticos.

Algunos expertos legales dicen que el caso de los derivados del banco central contiene las acusaciones más débiles, y podría ser anulado por una corte de apelaciones. La tramitación de los casos podría demorar años, o incluso décadas, y disminuir las probabilidades de Fernández de Kirchner de volver a postularse a la presidencia.

Los casos también están polarizando el país. Los miembros del partido Frente para la Victoria de la ex mandataria han realizado manifestaciones callejeras en contra de las investigaciones judiciales las que, en su opinión, tienen el objetivo de desviar la atención de los problemas económicos creados por su sucesor, el actual presidente Mauricio Macri.

“La mayoría de los jueces son independientes, pero hay un sector de la Justicia que tiene una clara actitud opositora hacia el gobierno previo. Observamos una actitud revanchista”, dijo el diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde.

El abogado de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, indicó que Bonadio ha demostrado un “grado de enemistad manifiesta” hacia la ex presidenta. Agregó que “los jueces deberían resolver conforme al derecho y Bonadio ha hecho justamente lo contrario. No resolvió conforme al derecho, sino a partir de sus intenciones y opiniones políticas”, dijo Beraldi en comentarios el lunes a una estación de radio argentina. El juez Bonadio no se ha referido en público al caso.

La creciente tensión se produce en momentos en que Macri implementa un paquete de medidas impopulares para reducir una inflación galopante, recortar los subsidios estatales y reducir la mayor brecha fiscal desde 1982. El conflicto político y una recesión en Brasil, el principal socio comercial de Argentina, amenazan con descarrilar la economía.

Los partidarios de Fernández de Kirchner también comparan las causas judiciales con la dinámica política que desembocó la semana pasada en un juicio para destituir a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Una encuesta realizada en marzo por la firma bonaerense Giacobbe & Asociados indicó que 59% de los argentinos opinan que Fernández de Kirchner podría ir a la cárcel por los casos de corrupción. El mismo sondeo mostró que 80% de los partidarios de Macri piensan esto, pero apenas 8% de los de la ex presidenta contemplan ese escenario.

Tras dejar la Casa Rosada en diciembre, los niveles de aprobación de Kirchner también han caído conforme los presuntos actos de corrupción pasaron a ocupar los titulares de la prensa y los noticieros.

Eso no quiere decir que las personas que expresan antipatía por Fernández de Kirchner tendrán una opinión más favorable sobre Macri, dijo Juan Manuel Germano, analista de la encuestadora local Isonimia.